Ábalos reclama sus 36 dispositivos y el Supremo le cierra la puerta: ahora están en manos del juez Ismael Moreno
El exministro pidió recuperar discos duros, memorias USB, un móvil y una tarjeta SIM intervenidos por la UCO, pero el Alto Tribunal señala que están incorporados a la investigación de la Audiencia Nacional.
(Foto de ARCHIVO) El exministro de Transportes José Luis Ábalos
José Luis Ábalos ha intentado recuperar los dispositivos electrónicos que la Guardia Civil intervino en su domicilio, pero se ha encontrado con una respuesta del Tribunal Supremo: ya no están a disposición de ese órgano judicial.
El expresidente de la Sala de lo Penal Andrés Martínez Arrieta señala en una providencia que el Supremo no puede pronunciarse sobre la devolución porque los efectos incautados se encuentran actualmente incorporados a la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.
Se trata de un total de 36 dispositivos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante el registro practicado en junio de 2025 en el domicilio de Ábalos en Valencia. Entre el material figuran numerosos discos duros y memorias USB, además de un teléfono móvil y una tarjeta SIM.
La defensa del exministro había solicitado su devolución al entender que había desaparecido la causa que justificaba mantener físicamente intervenidos esos soportes. Su abogado, Marino Turiel, sostenía que el material había sido retenido inicialmente para completar su clonado, análisis y cruce con otras pruebas y recordaba que el juicio por la pieza de las mascarillas quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo.
Según argumentó la defensa, una vez realizado ese trabajo técnico y terminado el juicio, mantener los dispositivos intervenidos requeriría una nueva justificación concreta para cada uno de ellos.
Turiel también alegó que prolongar la retención de decenas de soportes podía afectar al derecho de propiedad y a la intimidad de Ábalos, especialmente porque en ellos existiría información personal y familiar que no necesariamente estaría relacionada con la investigación.
Sin embargo, el Supremo no entra a valorar esos argumentos. La cuestión ha cambiado de escenario judicial.
La investigación sobre los supuestos amaños de contratos de obra pública que afectaba a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán fue remitida a comienzos de febrero a la Audiencia Nacional después de que el exministro perdiera su condición de aforado. Esa causa quedó bajo la dirección del juez Ismael Moreno.
De esta forma, los dispositivos reclamados por Ábalos continúan vinculados a una investigación que permanece abierta y el Supremo considera que ya no le corresponde decidir sobre su destino.
El movimiento se produce después de que Ábalos fuera condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión en la causa relativa a la contratación de mascarillas. Su defensa ha cuestionado posteriormente la sentencia y ha solicitado su nulidad, entre otros motivos, por cuestiones relacionadas con la competencia del tribunal y con el acceso a determinadas pruebas digitales.
Otro teléfono bajo la lupa de Moreno
La cuestión de los dispositivos electrónicos también ha generado otro frente dentro de la causa que dirige Ismael Moreno.
El magistrado ha rechazado que Joseba Antxon Alonso, empresario investigado y vinculado societariamente a Santos Cerdán a través de Servinabar, acuda junto a su representación procesal a comprobar personalmente el estado de su teléfono móvil y de la tarjeta SIM intervenidos.
Alonso había planteado dudas después de recibir determinados mensajes relacionados con su línea telefónica. La UCO aseguró en un informe que el terminal había permanecido en dependencias policiales desde su intervención y que su cadena de custodia había estado garantizada en todo momento.
Los investigadores explicaron además que, tras solicitarse un duplicado de la SIM, la tarjeta original quedaba inutilizada y apuntaron a que los mensajes recibidos podían corresponder a un intento de «phishing». La Guardia Civil recomendó no acceder a los enlaces incluidos en esas comunicaciones.
La Fiscalía Anticorrupción consideró posteriormente improcedente que Alonso y su abogado acudieran a dependencias policiales para realizar una comprobación visual del terminal y de la SIM, al considerar suficientemente acreditada su custodia.