CORRUPCIÓN EN LA MONCLOA
El PP forzará al PSOE a votar una ley sobre la devolución de inmigrantes que asalten nuestras fronteras
El Partido Popular lleva a Pedro Sánchez y los suyos a retratarse. Y lo argumentan de la siguiente manera: "Si el Gobierno cree de verdad que la sentencia causó la invasión, no tendrá inconveniente en apoyar esta reforma"
Alberto Núñez Feijóo en su visita a Ceuta junto a Manfred Weber y Juan Jesús Vivas
Todo apunta a que Pedro Sánchez y su Gobierno volverán a incumplir la Constitución. Como cada año, están obligados a presentar antes del 30 de septiembre los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados. Aunque la Carta Magna lo deja meridianamente claro en su artículo 134.3, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar lleva toda la legislatura haciendo oídos sordos. De hecho, estas cuentas prorrogadas pertenecen a la legislatura anterior, ideadas por otro Gobierno -el de los socialistas con Podemos- y votadas por unas Cortes Generales bien distintas. Las cuentas vigentes son de 2023. Se dice pronto.
Como parecen indicar el calendario y el ritmo de negociaciones, Pedro Sánchez volverá a saltarse la norma. Hay muy pocas probabilidades de que la próxima semana lleguen a la Cámara Baja los Presupuestos. En cambio, lo que sí será presentado en sede parlamentaria es la reforma de la Ley de Extranjería del Partido Popular.
Hablamos de una Proposición de Ley que se llevará, en este caso, hasta el Senado y que modifica la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El objetivo es que el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla se aplique a cualquier intento de entrada irregular, también las que se producen a nado. Es decir, como ha sido el caso de la invasión de la ciudad autónoma ceutí registrada los pasados 30 y 31 de julio, explican desde la sede nacional de la madrileña calle Génova.
En concreto, la Proposición de Ley por la que se modifica la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece que los extranjeros detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular podrán ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España.
La aplicación del régimen dependerá así del intento de entrada irregular y no del medio empleado, en un momento en el que han ganado peso las entradas por mar y otras vías que buscan eludir los controles de la frontera exterior, según indican en el Grupo Parlamentario Popular.
El PP deja a Sánchez en una encrucijada
Hay que echar la mirada atrás unas semanas para ponerse en los antecedentes. El principal partido de la oposición ya registró esta ley en el Congreso el 16 de julio. Mientras que hizo lo propio en la Cámara Alta el pasado 3 de agosto. Desde entonces, Francina Armengol sigue a pie juntillas las instrucciones marcadas desde la Moncloa y paraliza su tramitación en el Congreso.
Por su parte, el Senado ya han transcurrido tanto los 15 días que tienen los grupos para presentar proposiciones alternativas como las diez jornadas que tiene el Gobierno para vetarla, según el Reglamento de la Cámara.
Puesto que agosto es inhábil, el pleno del 30 de septiembre es la primera ocasión en que el PP puede llevar esta ley a las Cortes Generales. En la bancada 'popular' reconocen que "se trata de un asunto prioritario, habida cuenta de que en los dos últimos plenos de control al Gobierno en el Senado la práctica totalidad de sus iniciativas versaron sobre Ceuta. La sentencia del Supremo fue la excusa del Gobierno para eludir su responsabilidad en la invasión de Ceuta del 30 de julio".
Y explican también que "fue Pedro Sánchez quien la invocó en su única y exprés visita a la ciudad, mientras el PSOE reconoció en el último pleno del Congreso que hay que reformar la ley".
De este modo, en el Partido Popular llevan a Sánchez y los suyos a retratarse. Y lo argumentan de la siguiente manera: "Si el Gobierno cree de verdad que la sentencia causó la invasión, no tendrá inconveniente en apoyar esta reforma. Ignoraron al PP 14 días antes del ataque inédito a la integridad territorial de España y han demostrado desde entonces que no están dispuestos a defender a los ceutíes, pero tienen la oportunidad de retractarse dos meses después", sentencian.
Además, y en virtud de esta misma urgencia, el PP exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "que no bloquee esta ley cuando la apruebe el Senado, como ha ocurrido con las más de 40 leyes del PP que ha aprobado la Cámara Alta". Solicitan que se tramite por la vía de urgencia para que pueda estar aprobada "lo antes posible".
¿Qué harán Pedro Sánchez y sus parlamentarios? No resulta difícil aventurarlo.