Los policías estallan ante la ola de ataques por Maricarmen: "El Gobierno se lava las manos"
SUP y Jupol salen en defensa de los agentes que participaron en el polémico operativo del Retiro y reclaman que la investigación anunciada por la Delegación del Gobierno no se limite a unos segundos de vídeo.
Decenas de personas frente a varios agentes de Policía Nacional durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen
El polémico desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en su piso del madrileño barrio del Retiro, abre ahora un nuevo frente. Los sindicatos de la Policía Nacional han salido en defensa de los agentes de la UIP después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, anunciara una investigación por determinadas imágenes del operativo que, según reconoció, “no nos han gustado”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no se opone a que se esclarezca lo sucedido, pero exige que la investigación no se construya únicamente sobre vídeos parciales difundidos después del desalojo. “No podemos exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo”, advierte el sindicato, que reclama analizar las grabaciones completas, las órdenes recibidas y las circunstancias de cada intervención.
La polémica estalló después de que activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas denunciaran golpes y el uso de espray policial durante el dispositivo desplegado el miércoles en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Francisco Martín ha encargado al jefe superior de Policía de Madrid que investigue determinadas actuaciones de los agentes. El delegado sostiene que la mayoría de los concentrados se comportó pacíficamente, aunque también ha reconocido que hubo momentos en los que algunos participantes atacaron a policías.
Jupol endurece todavía más la respuesta y acusa al Gobierno de intentar “lavarse las manos”. El sindicato considera “esperpéntico” que la Delegación recordara inicialmente que los agentes actuaban para garantizar el cumplimiento de un mandato judicial y, dos días después, cuestionara públicamente algunas intervenciones.
Ahí está precisamente el núcleo del enfrentamiento. La Delegación sostiene que la decisión de ejecutar el lanzamiento correspondía a la autoridad judicial y que la Policía acudió para garantizar su cumplimiento. Los sindicatos reclaman ahora que, si se revisa cómo actuaron los agentes sobre el terreno, también se determine qué instrucciones recibieron y cómo se organizó todo el operativo.
SUP ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los policías implicados y recuerda que los agentes también tienen derecho a la presunción de inocencia. Jupol pide igualmente una investigación “con todas las garantías” y rechaza que las posibles responsabilidades se determinen a partir de imágenes que considera parciales.
Mientras tanto, el caso de Maricarmen continúa abierto fuera del terreno policial. El Ayuntamiento de Madrid rechazó este viernes por inviable la propuesta de Urbagestión, propietaria del piso, para incorporar la vivienda al programa ReViVa y permitir su regreso con un alquiler asequible. El Consistorio sí se ha ofrecido a mediar entre las partes.