Indignación policial: Marlaska manda detener a un profesor por insultar a Mónica García

La actuación de Interior contra un profesor de instituto de Murcia acusado de amenazar de muerte a Mónica García ha llamado la atención por la rapidez y contundencia del dispositivo desplegado. El hombre, de 50 años y sin antecedentes penales, fue detenido por la Policía Nacional después de que presuntamente amenazara a la ministra de Sanidad con "cortarle el cuello" en dos llamadas telefónicas realizadas al grupo municipal de Más Madrid. Una amenaza "no de riesgo y poco creíble", según han indicado a ESdiario fuentes policiales

El caso había llegado a la Policía después de que se denunciaran unas amenazas a la ministra. La investigación quedó en manos de la Brigada Central de Información de Madrid, con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Finalmente, los agentes de esta última fueron quienes practicaron la detención el pasado 16 de septiembre.

Se trata, por tanto, de una respuesta policial contundente ante unas amenazas dirigidas contra una integrante del Gobierno. Y es precisamente esa contundencia la que contrasta con otras situaciones que han puesto recientemente en el foco la actuación del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. Y eso, la diferencia de trato, ha provocado indignación entre algunos agentes y mandos policiales con los que ha contactado ESdiario. “Esperemos que no estemos ante un bluf como la presunta agresión homófoba a un joven en Madrid que fue politizada por Marlaska pese a que la investigación apuntaba ya a una denuncia falsa”.

Escuece ahora lo ocurrido en la Puerta del Sol de Madrid, donde cientos de personas mantienen una acampada vinculada a las protestas por la vivienda y donde Interior ha optado por dejar en manos de la Policía Municipal cualquier eventual desalojo mientras no se produzcan incidentes.

La Delegación del Gobierno en Madrid sostiene que, mientras la concentración sea pacífica, la Policía Nacional no tiene que intervenir. El Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han respondido acusando a la Delegación de "dejación de funciones", mientras el delegado, Francisco Martín, defiende que no existe una orden oficial de desalojo.

El contraste ha provocado críticas policiales porque la Puerta del Sol es un espacio especialmente sensible y porque la acampada no surgió de manera espontánea al margen de una movilización: después de una manifestación por la vivienda, cientos de personas trasladaron tiendas y lonas a la plaza y han permanecido allí durante varias noches. Los sindicatos policiales también han cuestionado la decisión de dejar la intervención en manos municipales y han defendido que la función de los agentes no se limita a actuar cuando ya se han producido disturbios.

Y existe otro frente donde la respuesta de Interior también está sometida a escrutinio: Ceuta. La crisis migratoria del pasado verano obligó al Gobierno a declarar la situación de interés para la seguridad nacional después de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, que provocaron una presión extraordinaria sobre los servicios de la ciudad autónoma. El Ejecutivo ha reforzado posteriormente la frontera ante nuevos llamamientos a realizar entradas masivas y el propio Marlaska se desplazó a Ceuta para seguir los procesos de identificación y triaje.

El resultado es una comparación que inevitablemente surge al contemplar los tres escenarios. Ante unas amenazas concretas contra una ministra, Interior moviliza a una unidad especializada, investiga las llamadas y termina deteniendo al presunto autor. En Sol, en cambio, la respuesta oficial pasa por señalar las competencias municipales mientras no existan disturbios. Y en Ceuta, después de una crisis fronteriza de dimensiones excepcionales, siguen los delitos disparados.