Lo que de verdad piensa Sánchez sobre la prohibición de los desahucios: “Es un negociazo para la okupación”
El decreto que el Gobierno aprueba hoy ahonda en lo mismo que el presidente rechazó en privado en 2020: más moratoria, más prórrogas y más carga sobre el propietario
El whatsapp desnuda a Sánchez sobre la prohibición de los desahucios
Pedro Sánchez no descubrió ayer el efecto de frenar los desahucios por decreto. Lo sabía en diciembre de 2020. Y lo dejó por escrito. En los WhatsApp con José Luis Ábalos que El Mundo publicó en mayo de 2025, el presidente se quejaba del pacto con Unidas Podemos. “Conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios más me inquieta”, le dijo. “Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso”.
Tres días después aprobó el Real Decreto-ley 37/2020. Hoy, 29 de septiembre de 2026, vuelve a hacer lo mismo. Solo que más grande.
El llamado decreto Maricarmen que el Consejo de Ministros lleva este martes no corrige aquello que a Sánchez le inquietaba. Lo profundiza. El borrador que el Gobierno ha negociado con sus socios contempla suspender hasta el 31 de diciembre de 2028 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prorrogar contratos de alquiler que vencen antes de esa fecha y endurecer de nuevo las reglas contra el casero. Es decir: más tiempo sin recuperar la vivienda, más incertidumbre jurídica y la misma lógica que en 2020 le parecía un chollo para la ocupación.
El intercambio de whatsapp sobre vivienda entre Sánchez y Ábalos en 2020
La diferencia es el envoltorio. Entonces lo vendió como escudo frente a la pandemia. Ahora lo vende como “humanidad” y como respuesta al desahucio de Maricarmen. El mecanismo es el de siempre: una suspensión general que el juez debe aplicar si hay vulnerabilidad y falta de alternativa, con revisiones periódicas que pueden alargar el bloqueo hasta tres años. El Estado promete compensar al pequeño propietario. En la práctica, el dueño sigue sin casa, sin renta segura y con un procedimiento que ya ha demostrado ser lento, opaco y fácil de alargar.
Eso es exactamente lo que Sánchez temía cuando nadie le escuchaba. No hablaba de un detalle técnico. Reconocía que el pacto premiaba a quien se queda en un piso sin pagar o sin título y, de paso, a quien tiene capacidad para aguantar o especular. “Yo por ahí no paso”, escribió. Pasó en 2020. Ha pasado en cada prórroga del escudo social. Y vuelve a pasar hoy.
El decreto de este martes no se limita a un caso extremo de una anciana de 87 años. Convierte esa foto en norma. Amplía de nuevo la suspensión, estabiliza contratos por la vía de la prórroga extraordinaria y presenta como urgencia social lo que en privado el propio presidente calificó de negocio para la okupación. Si en 2020 ya le inquietaba el alcance del acuerdo, el texto de 2026 lo lleva más lejos: más años, más supuestos y más presión sobre un mercado que, según el Banco de España, sigue estando en un 92% en manos de particulares, no de fondos.
Ese dato destroza el relato. Sánchez habla contra los “fondos buitre” para justificar una intervención que recae sobre todo en el pequeño casero. Las personas jurídicas apenas controlan en torno al 8% del alquiler de mercado. Quien aguanta impagos, prórrogas forzosas y la imposibilidad de recuperar su piso no es Blackstone. Es quien tiene una o dos viviendas y las puso en alquiler para completar la pensión o pagar la hipoteca.
Por eso el decreto de hoy no es una corrección. Es una reincidencia. El presidente que en 2020 veía un “negociazo para la okupación” vuelve a firmar una moratoria larga, la envuelve en el nombre de Maricarmen y pide a sus socios que lo convaliden “por humanidad”. La humanidad, en su chat con Ábalos, no era el argumento. El argumento era que el invento le parecía peligroso. Y que no pensaba tragarlo.
Lo tragó. Lo prorrogó. Y este martes lo agranda.
La filtración de 2025 no cambió la política. Solo dejó el manual al descubierto: una cosa en el WhatsApp y otra en el Consejo de Ministros. En diciembre de 2020 Sánchez dijo que por ahí no pasaba. El decreto que aprueba hoy demuestra que sí pasa. Y que, cuando la calle aprieta, no rectifica lo que entonces le inquietaba: lo convierte en ley otra vez, con más años por delante y las mismas víctimas silenciosas de siempre, los propietarios a los que el Estado obliga a sostener una política que el propio presidente consideró un negocio para la ocupación.