El PP denuncia que la mala gestión del Gobierno de los fondos europeos ha causado la pérdida de millones en vivienda y política social

El Partido Popular ha denunciado este martes que la gestión del Gobierno de los fondos europeos ha provocado la pérdida de millones de euros destinados a políticas sociales y vivienda. Los populares sostienen que el Ejecutivo ha convertido los fondos europeos en una "gran oportunidad perdida" para transformar la economía española, justo cuando ha vencido el plazo para cumplir los hitos y objetivos, que finalizó el pasado 31 de agosto, y a un día de que venza la séptima y última solicitud de pago.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, han asegurado durante un encuentro con periodistas que el Gobierno llega al final de los fondos Next Generation con un plan muy distinto al presentado en 2021, después de haberlo modificado a través de nueve adendas.

"Cinco años después, el Plan ha sido una oportunidad perdida. España fue el segundo país de la UE con más recursos, 163.014 millones, de los cuales el Gobierno ha renunciado a 61.706 millones, casi el 38%", han señalado.

Según el PP, los PERTE, concebidos para transformar la economía, han sufrido una reducción del 41,5%. La dotación habría pasado de 42.480 millones de euros a 24.869 millones, mientras que las inversiones recortadas en sectores estratégicos alcanzan los 13.500 millones.

Los populares también aseguran que el Gobierno ha renunciado a 18 reformas, entre ellas la Ley del Suelo, una circunstancia que, según el partido, ha perjudicado la posibilidad de que España pudiera recibir más fondos europeos.

El PP sostiene que España afronta el cierre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con menos fondos, un último pago excepcional y buena parte de los compromisos pendientes recortados. Según la formación, la novena adenda eleva la renuncia acumulada a 61.706 millones de euros y facilita el cierre al modificar, eliminar o rebajar numerosos hitos y objetivos.

"El Gobierno ha acabado recortando el Plan que debía transformar España", denuncian Nadal y Bravo, que sostienen que detrás de cada objetivo rebajado existen inversiones que se recortan y reformas que se abandonan. "Cuerpo tendrá que explicar por qué, con una oportunidad histórica para modernizar el país, su Gobierno ha terminado adaptando el Plan a sus incumplimientos", añaden.

Vivienda y políticas sociales

El PP sitúa buena parte de las reducciones en vivienda, conectividad, protección social, formación e infraestructuras autonómicas. Según sus cálculos, la última adenda reduce o sustituye compromisos materiales que afectan directamente a hogares, población vulnerable y servicios públicos por importe de 1.900 millones de euros, mientras que la pérdida acumulada de inversiones se acerca a los 12.000 millones.

Entre los ejemplos que recoge la nota figura la eliminación de la obligación de realizar inversiones por 450 millones de euros en infraestructuras y servicios para la atención de la infancia y la adolescencia.

También se reducen en 24 millones de euros las inversiones previstas en el sistema de acogida de inmigrantes.

En materia de violencia contra las mujeres, el PP denuncia que el compromiso de contar con 30.000 dispositivos de alerta y control de alejamiento se ha rebajado a 9.500 dispositivos, una caída del 68,3%, además de incluir una aplicación para víctimas y una plataforma de Big Data e Inteligencia Artificial. La nota señala también la existencia de 7.600 sets de monitorización que todavía no se habrían entregado.

En plena crisis de vivienda, el PP denuncia además una rebaja de los compromisos vinculados a la construcción y rehabilitación. El objetivo de renovación o eficiencia energética pasa, según la nota, de 576.000 viviendas a 32.390 certificados energéticos.

También se reduce la construcción de vivienda destinada al alquiler social. El compromiso inicial era de 20.000 viviendas, que pasó después a 17.365 en enero de 2026 y que ahora queda situado en 15.718 viviendas, lo que supone una caída del 21,4%.

El PP cuestiona cuánto dinero ha llegado realmente

Otro de los puntos centrales de la denuncia del PP es la ejecución efectiva de los fondos. La formación reclama que el Gobierno aclare cuánto dinero había llegado realmente a la economía, las familias y las empresas a fecha de 31 de agosto.

Los populares señalan que el Ejecutivo mantiene 15.254 millones de euros en "Esquemas de Ayudas", correspondientes a instrumentos como IDAE, SEPIDES, RED.es, SETT, ICO o Biodiversidad. Según el PP, este sistema permite cumplir determinados hitos antes del 31 de agosto de 2026 aunque la inversión material pueda ejecutarse posteriormente.

A ello se suman 13.691 millones de euros de fondos asignados al ICO, una cantidad que aumentó en 391 millones con la novena adenda respecto a la versión de enero y que, según el PP, tampoco se habría movilizado completamente a 31 de agosto.

"El Gobierno sigue ocultando cuánto dinero ha llegado realmente a las familias y a las empresas", sostiene la nota. El PP recuerda además que la Intervención General del Estado dejó de publicar en agosto de 2021 el desglose del Plan en contabilidad nacional.

Según los datos incluidos por los populares, Eurostat sitúa el gasto en 45.054 millones de euros a diciembre de 2025. El PP calcula que quedarían 56.254 millones de fondos pendientes de ejecución: 34.800 millones en transferencias, de los que 17.000 millones corresponden a esquemas de ayudas, y otros 21.454 millones en préstamos. Entre estos últimos se encuentran los 13.691 millones asignados al ICO, que representan un 64% del total de préstamos.

El partido también cuestiona que no exista una fecha límite concreta para ejecutar los gastos pendientes. Según la nota, el pasado 1 de septiembre el Gobierno acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución, amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio.

El PP añade que esa decisión elimina además el control de la Intervención General del Estado sobre esas actuaciones.

"El cierre contable del Plan puede preceder durante años a la llegada efectiva del dinero a empresas y familias", concluye la formación en su nota.