decretos sobre la vivienda
La chapuza de Sánchez con la vivienda: dos decretos para el alquiler incompatibles
PSOE y Sumar aprobaron una prórroga de hasta dos años y un sistema de renovación automática. Solo el primer decreto figura en el BOE.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado in extremis su nueva respuesta a la crisis de la vivienda con un enredo de partida: dos decretos aprobados a la vez, dos mecanismos distintos para prolongar los alquileres y solo uno de los textos publicado. La estabilidad anunciada para los inquilinos llega acompañada de una incógnita sobre el funcionamiento conjunto de las medidas.
El Consejo de Ministros dio luz verde al paquete ayer, martes 29 de septiembre. Este miércoles 30, sin embargo, el BOE únicamente recoge el Real Decreto-ley 26/2026, que incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos. El segundo, dedicado a la renovación automática de los arrendamientos de vivienda habitual, continúa pendiente de publicación.
La diferencia entre los dos decretos
El contraste afecta al corazón del anuncio: cuánto tiempo podrá permanecer un inquilino en su vivienda. El primer mecanismo añade un periodo limitado al contrato; el segundo aspira a establecer una continuidad mediante renovaciones automáticas. La letra pequeña que debe explicar cómo se relacionan todavía no puede contrastarse al completo en el boletín.
Lo que sí está publicado es la disposición final quinta del primer decreto (el del PSOE). Prevé prórrogas anuales hasta un máximo de dos años adicionales para contratos vigentes que cumplan sus requisitos. Entre los supuestos contemplados figuran aquellos cuyo periodo de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028.
Tampoco se trata de una ampliación que se active sin intervención del inquilino: debe solicitarla y estar al corriente del alquiler, además de haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. El propietario tendrá que aceptarla como regla general, con excepciones, entre ellas la necesidad real y acreditada de recuperar la vivienda para sí o determinados familiares.
La reforma de Sumar
La segunda fórmula (la de Sumar) fue presentada por Isabel Rodríguez como una vía para reforzar la estabilidad del alquiler. Según la explicación oficial de Moncloa, contempla renovaciones automáticas con salvaguardas para distintas circunstancias y se inspira en las normativas de otros países europeos. Falta comprobar su regulación definitiva en el BOE.
Ahí aparece el posible solapamiento. Si ese régimen alcanzara a los contratos cubiertos por la prórroga extraordinaria, la ampliación limitada a dos años podría perder parte de su utilidad. Es una hipótesis que depende del ámbito de aplicación de cada medida y de las reglas previstas para coordinarlas.
El problema: llevarlo al Congreso
La explicación de esta reforma partida tiene mucho que ver con la aritmética del Congreso. Según fuentes gubernamentales, el ala socialista separó la renovación automática para evitar que sus dificultades de aprobación arrastrasen al paquete más amplio, previamente negociado con los socios.
Esa renovación responde a una reclamación del Sindicato de Inquilinas asumida por Sumar y cuenta con apoyos parlamentarios más inciertos. Al dividir el paquete, el Ejecutivo puede intentar salvar el primer decreto aunque el segundo sea rechazado. El acuerdo entre los socios del Gobierno no garantiza, por tanto, que ambas medidas superen la votación.