Sánchez resucita los decretos de vivienda tras el varapalo del Congreso: los aprueba de nuevo con "retoques técnicos"

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a llevar al Consejo de Ministros los dos reales decretos-ley de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, apenas unos días después de que fueran tumbados en el Pleno. La nueva versión incorpora cambios que el Ejecutivo presenta como “técnicos”, pero mantiene la arquitectura y el grueso de las medidas que ya fueron rechazadas.

La maniobra se produce además en un escenario parlamentario completamente distinto. Con las Cortes disueltas tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, los decretos ya no tendrán que enfrentarse al Pleno ordinario del Congreso, sino que el Gobierno pretende que sean convalidados por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones parlamentarias durante el periodo electoral. La estrategia permite al Ejecutivo intentar una segunda votación con una composición parlamentaria diferente y, sobre todo, sin que los siete diputados de Junts tengan el mismo peso que tuvieron en el Pleno, una maniobra que muchos consideran “una trampa legal”.

Aquí está la principal diferencia respecto a la votación del viernes. El Congreso rechazó los dos decretos con los votos en contra de PP, Vox y Junts, entre otros. Ahora, con las Cortes disueltas, el Ejecutivo pretende utilizar la Diputación Permanente para intentar convalidar las normas. La Constitución establece que los reales decretos-ley deben ser convalidados o derogados por el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación. Durante la disolución de las Cámaras, esa función corresponde a la Diputación Permanente. La composición de este órgano modifica las mayorías respecto al Pleno. Junts pierde capacidad de condicionar la votación, mientras que el PNV adquiere un papel especialmente relevante en la aritmética parlamentaria. El resultado puede ser que una de las dos normas tenga más posibilidades de salir adelante que la otra. El decreto de protección frente a los desahucios cuenta con una mayoría potencial más amplia, mientras que el relativo a la estabilidad de los alquileres afronta más dificultades.

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la situación exige mantener las medidas de protección de los inquilinos y evitar que determinadas familias vulnerables queden expuestas a procesos de desahucio sin alternativa habitacional. La oposición cuestiona tanto el contenido de las normas como la estrategia utilizada para intentar sacarlas adelante como una "trampa legal". La secuencia es, en cualquier caso, singular: los decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros, rechazados por el Congreso y ahora vuelven a ser aprobados por el propio Gobierno pocos días después, con retoques y con la vista puesta en una Diputación Permanente que tendrá una composición distinta.