Bolaños mete presión al Supremo por la Ley de Nietos a las puertas del 29N: "Hay 400.000 personas sin poder votar"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo que se pronuncie cuanto antes sobre las medidas cautelares relacionadas con la denominada Ley de Nietos, en plena cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Gobierno pretende que el Alto Tribunal resuelva el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión de determinados efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Durante una entrevista en Televisión Española, Bolaños ha trasladado su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, puede tener esta situación sobre la próxima cita con las urnas. El ministro ha defendido que resulta imprescindible despejar las dudas jurídicas antes de la celebración de los comicios y ha asegurado que actualmente existen "400.000 personas no pudiendo votar".

El titular de Justicia ha sostenido que esos ciudadanos pudieron participar en anteriores convocatorias electorales, incluidas las generales de 2023 y distintos procesos autonómicos. Además, ha recurrido al argumento de que el derecho de sufragio únicamente puede quedar limitado en los supuestos legalmente previstos, insistiendo en que "solo se puede privar al voto con sentencia firme".

Las declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo acordara el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente determinados efectos electorales derivados de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. La decisión judicial respondió a los recursos promovidos por Iustitia Europa y Vox, que cuestionaron las garantías de determinadas incorporaciones al censo de españoles residentes en el extranjero.

En sus resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró necesario preservar la transparencia del proceso electoral ante el incremento de las inscripciones y las dudas planteadas sobre la acreditación documental exigida para determinados supuestos de adquisición de la nacionalidad española.

La controversia afecta especialmente a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la aplicación de la presunción de exilio recogida en la instrucción administrativa de octubre de 2022. El procedimiento judicial no supone una anulación generalizada de las nacionalidades concedidas, sino que examina los requisitos y efectos de determinadas inscripciones en el censo electoral.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha recurrido la decisión cautelar al considerar que las restricciones acordadas pueden afectar al ejercicio del derecho de sufragio. Esta posición es la que ahora defiende públicamente Bolaños, que quiere una respuesta judicial antes de que los españoles sean llamados a votar.

Iustitia Europa reclama mantener las cautelares

La petición del ministro coincide con un nuevo movimiento judicial de Iustitia Europa, el partido presidido por Luis María Pardo, que este miércoles 7 de octubre presentó un escrito ante el Supremo solicitando que se mantengan íntegramente las medidas cautelares y se desestime el recurso de la Abogacía del Estado.

La formación sostiene que el problema no reside en cuestionar de manera general la nacionalidad de los afectados, sino en comprobar que las altas censales cumplen las exigencias legales y cuentan con la correspondiente acreditación documental.

En sus alegaciones, Iustitia Europa ha insistido en las dificultades de trazabilidad de los expedientes y en la necesidad de identificar correctamente las inscripciones afectadas por la resolución judicial. Su objetivo declarado es impedir que puedan producir efectos electorales aquellas altas cuya situación todavía debe ser verificada

El procedimiento ha adquirido especial relevancia después de la convocatoria anticipada de elecciones generales. El pasado 6 de octubre, el Supremo concedió un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para presentar nuevas alegaciones ante el cambio de escenario electoral, incluida la posible necesidad de dar audiencia a los ciudadanos afectados por las medidas cautelares.

De esta manera, las declaraciones de Bolaños introducen una nueva dimensión política en un procedimiento que continúa abierto en los tribunales. Mientras el Ejecutivo reclama que se levanten las restricciones por sus consecuencias sobre el derecho al voto, Iustitia Europa insiste en que cualquier decisión debe preservar las garantías de legalidad, transparencia y correcta formación del censo electoral antes del 29 de noviembre.