Sánchez cambia las reglas de la CNMC por decretazo y crea un cargo en el organismo que supervisa a Correos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una modificación de la estructura interna de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incorporar un nuevo cargo directivo que dependerá directamente de la Presidencia del organismo. La reforma, impulsada por el Ministerio de Economía y promovida por el actual presidente de la institución, Juan José Ganuza, contempla la creación de la figura del Economista Jefe y la reorganización del área de Inteligencia Económica, cuyo responsable también tendrá rango directivo.

La decisión se ha formalizado y aprobado por el Consejo de Ministros del pasado martes 13. Se trata de la primera modificación del Estatuto Orgánico de la CNMC desde su aprobación en 2013, cuando el organismo nació de la integración de varias autoridades reguladoras y supervisoras.

El cambio introduce dos puestos en la categoría de personal directivo, pero el decreto no establece cuánto cobrarán sus responsables ni cuantifica el coste económico de la reorganización. Tampoco especifica si será necesario ampliar la plantilla, contratar personal adicional o redistribuir los trabajadores actuales.

La reforma ha sido promovida por Juan José Ganuza, nombrado presidente de la CNMC por el Gobierno de Sánchez y que tomó posesión el pasado 9 de septiembre. El economista, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, sustituyó a Cani Fernández al frente de uno de los principales organismos supervisores del Estado.

Poco después de asumir el cargo, Ganuza impulsó la incorporación de la figura del Economista Jefe a la estructura del regulador. La iniciativa recibió el respaldo del Consejo de la CNMC y del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo.

La rapidez con la que se ha tramitado la reforma constituye otro de los aspectos relevantes de la operación. El Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre solicitó al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre la modificación del Estatuto Orgánico, con el objetivo de obtenerlo antes del 8 de octubre.

La tramitación se produjo después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La convocatoria electoral introdujo una limitación temporal para la aprobación de nuevas disposiciones, circunstancia que, según fuentes conocedoras del procedimiento, influyó en la urgencia de la tramitación.

El Ejecutivo ha aprobado finalmente la reforma apenas unas semanas después de la toma de posesión del nuevo presidente del organismo.

La creación del cargo se produce pese a que la CNMC ya cuenta con servicios especializados de asesoramiento y análisis económico. Entre ellos figura una asesoría económica dirigida por Javier García-Verdugo, profesor universitario de Economía Aplicada, que fue incorporado durante la presidencia de José María Marín Quemada.

El organismo dispone también de una Subdirección de Estudios Económicos en el área de Promoción de la Competencia y de una Unidad de Inteligencia Económica, creada durante la etapa de Cani Fernández. Esta última desarrolla trabajos relacionados con la explotación de datos, la aplicación de métodos estadísticos y el uso de inteligencia artificial para detectar posibles prácticas contrarias a las normas de competencia.

La reforma modifica la organización de estas funciones y establece una nueva dependencia jerárquica respecto del Economista Jefe, que asumirá la dirección superior de la Subdirección de Inteligencia Económica.

El nuevo responsable será nombrado y cesado por el Pleno del Consejo de la CNMC, a propuesta de su presidente, atendiendo a criterios de formación y experiencia acreditadas en economía.

Sus atribuciones abarcarán el asesoramiento económico a los diferentes órganos de la Comisión, la evaluación de actuaciones con repercusión sobre los mercados y el desarrollo de metodologías de análisis.

También podrá intervenir mediante asesoramiento especializado en todas las fases de los expedientes de defensa de la competencia, regulación y supervisión que tramite el organismo, aunque las decisiones seguirán correspondiendo a los órganos legalmente competentes.

Además, tendrá capacidad para impulsar herramientas tecnológicas destinadas al análisis de grandes volúmenes de información económica y mantener relaciones con universidades, centros de investigación y expertos especializados.

La reforma contempla igualmente una Subdirección de Inteligencia Económica cuyo titular dependerá directamente del Economista Jefe. Su nombramiento corresponderá al Consejo de la CNMC, a propuesta de la Presidencia y después de escuchar al nuevo responsable económico.

Esta unidad tendrá funciones relacionadas con la elaboración de bases de datos, el análisis estadístico, la inteligencia artificial y el desarrollo de herramientas para detectar posibles infracciones empresariales.

El Gobierno modifica expresamente el artículo 36 del Estatuto Orgánico para incorporar al Economista Jefe y al responsable de Inteligencia Económica a la relación de personal directivo de la institución. Sin embargo, no acompaña esta modificación de una relación de retribuciones ni de una estimación individualizada del gasto asociado a los puestos.

La decisión también ha suscitado interrogantes sobre la persona que ocupará la nueva responsabilidad. Según publicó Cinco Días, fuentes políticas apuntaron a que Ganuza pretendía incorporar a un economista de su confianza, aunque la identidad del candidato no había trascendido públicamente.

La figura del Economista Jefe cuenta, además, con antecedentes en las instituciones españolas de defensa de la competencia. La antigua Comisión Nacional de la Competencia disponía de una asesoría económica que llegó a ocupar Juan Delgado. La CNMC también ha mantenido funciones de asesoramiento económico desde su creación.

La modificación también se ha tramitado sin consulta pública previa ni audiencia pública. El Gobierno ha aplicado la excepción legal prevista para normas de carácter organizativo, que permite prescindir de estos procedimientos. La reforma sí ha contado con los informes preceptivos y el dictamen del Consejo de Estado.

El Ejecutivo fundamenta los cambios en el incremento de las funciones de la CNMC y en la creciente complejidad de los mercados. Entre los argumentos utilizados figuran la digitalización de la economía, el uso de inteligencia artificial, el tratamiento de grandes cantidades de datos y las nuevas tareas de análisis económico asumidas por el organismo.

También se mencionan los trabajos relacionados con el impacto económico del conflicto de Oriente Medio y el seguimiento de determinadas medidas adoptadas para afrontar sus consecuencias en distintos mercados.

La CNMC es una autoridad administrativa independiente que supervisa sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios postales. También investiga posibles prácticas empresariales restrictivas de la competencia y participa en la vigilancia del funcionamiento de los mercados.

La reforma ha sido promovida conjuntamente por los ministerios de Economía, Hacienda y Transformación Digital y Función Pública, que han utilizado la habilitación legal que permite al Consejo de Ministros modificar mediante real decreto el Estatuto Orgánico del organismo.

La nueva regulación entrará en vigor el viernes 16 de octubre. A partir de entonces, el Consejo de la CNMC podrá iniciar el procedimiento para designar al Economista Jefe y al responsable de la Subdirección de Inteligencia Económica.

La CNMC también intervino en cuestiones relacionadas con el voto por correo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene competencias de supervisión sobre Correos en su condición de operador postal, especialmente en materias relacionadas con la calidad del servicio, los plazos de entrega, la seguridad de los envíos y los costes del servicio postal universal.

Esta relación cuenta además con antecedentes en el ámbito electoral. El Ministerio del Interior solicitó al organismo regulador un informe sobre las obligaciones que debía asumir Correos durante la celebración de elecciones, incluyendo la gestión de solicitudes de voto por correo, el envío certificado de documentación electoral, el transporte de los sobres y las compensaciones económicas abonadas por el Estado. 

La Comisión examinó las tarifas aplicables y las condiciones de prestación de estos servicios, así como la posibilidad de que determinadas actividades pudieran ser realizadas por otros operadores postales. Estas actuaciones quedaron recogidas en el expediente INF/DTSP/0004/14, abordado por la Sala de Supervisión Regulatoria en diciembre de 2014 y con actuaciones posteriores en septiembre de 2015. Más recientemente, el organismo publicó el 1 de abril de 2026 una evaluación de Correos en la que detectó incumplimientos relacionados con la seguridad de los envíos, la gestión de reclamaciones y los tiempos de espera en las oficinas