JUCIL señala a la cúpula de la Guardia Civil: el DAO sabía de la 'cloaca' contra la UCO desde abril de 2025
La asociación denuncia que los máximos responsables del Instituto Armado no protegieron a los investigadores y cuestiona que Manuel Llamas derive a otro mando la responsabilidad de haber informado de las maniobras.
Agentes de la UCO de la Guardia Civil durante el registro del domicilio del exvicepresidente Gaspar Zarrías en Madrid.
La polémica por las presuntas maniobras de las denominadas 'cloacas del PSOE' contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil suma un nuevo frente. La asociación profesional JUCIL ha denunciado públicamente la falta de protección institucional a los investigadores después de conocerse que el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tenía conocimiento desde abril de 2025 de las alertas sobre una campaña destinada a desacreditar a los agentes que investigaban causas de corrupción de especial relevancia política.
La denuncia llega después de que la defensa de Llamas remitiera un escrito a la Audiencia Nacional en el que, según la documentación a la que se refiere JUCIL, el alto mando reconoce que conocía aquellas informaciones y atribuye al jefe de Policía Judicial la responsabilidad de haber trasladado las advertencias a la unidad afectada.
Una explicación que ha provocado la indignación de la asociación, que considera especialmente grave que los máximos responsables de la Guardia Civil tuvieran conocimiento de posibles maniobras contra sus propios investigadores mientras se discutía a qué mando correspondía comunicar los hechos.
JUCIL califica de "inasumible y sonrojante" que la respuesta de la cúpula del Instituto Armado ante unos acontecimientos de semejante gravedad se centre en cuestiones de competencias administrativas y en determinar quién tenía la obligación de avisar a la UCO.
La organización sostiene que los investigadores estaban siendo objeto de una campaña dirigida a cuestionar su credibilidad precisamente por su participación en investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción. En este contexto, considera que las advertencias recibidas exigían una actuación institucional inmediata para preservar su independencia y garantizar que pudieran desarrollar su trabajo sin presiones.
La controversia se centra especialmente en el recorrido que siguió la información dentro de la Guardia Civil. Según denuncia la asociación, los informes elaborados por la Jefatura de Información sobre posibles actuaciones contra los propios agentes circularon por los despachos de los máximos responsables del cuerpo sin que se adoptaran las medidas de protección que JUCIL considera necesarias.
La asociación cuestiona que, ante advertencias de esa naturaleza, las responsabilidades terminaran desplazándose entre distintos niveles de la estructura de mando.
"Cuando se detecta que hay oscuros intereses intentando manchar el honor y el prestigio de los guardias civiles que investigan la corrupción, la cúpula tiene la obligación moral y profesional de actuar como un muro de contención en defensa de sus hombres y mujeres, no de pasarse la bola entre despachos ni tramitar papeles hacia instancias políticas", advierte la organización.
Las críticas también alcanzan al funcionamiento de la cadena de mando y a la actuación de los responsables institucionales que tuvieron conocimiento de las alertas. Para JUCIL, la cuestión no se limita a determinar quién debía transmitir la información, sino a la protección efectiva que recibieron los funcionarios afectados por unas maniobras que, según denuncia, pretendían perjudicar su reputación profesional.
La asociación ha aprovechado este episodio para recordar la independencia con la que deben actuar los integrantes de la Policía Judicial cuando desarrollan investigaciones bajo la dirección de los órganos judiciales competentes.
"La UCO es una unidad totalmente independiente en sus investigaciones. No responde ante directrices de la Dirección General, ni ante el Ministerio del Interior, ni ante cálculos jerárquicos de la cúpula. Responde única y exclusivamente ante el juez de instrucción", afirma la ejecutiva nacional de JUCIL.
La organización insiste en que las investigaciones sobre corrupción deben desarrollarse sin interferencias políticas ni presiones jerárquicas que puedan comprometer el trabajo de los agentes. Por ello, reclama garantías para que los miembros de la UCO puedan continuar con sus actuaciones judiciales sin verse sometidos a campañas de descrédito.
España
Marlaska, al descubierto: un escrito del DAO remitido a Pedraz revela su intervención por Begoña Gómez
Patricia Rodríguez Corchado
La revelación del conocimiento que tenía el DAO desde abril de 2025 sitúa ahora el foco sobre la respuesta de los mandos de la Guardia Civil ante las advertencias recibidas y sobre las medidas que se adoptaron para proteger a los investigadores.
JUCIL exige el cese inmediato de cualquier maniobra destinada a desacreditar a los agentes y reclama que se garantice su seguridad jurídica y profesional.