Sánchez, sancionado por la Junta Electoral tras cruzar la línea roja al hacer campaña desde Moncloa
El expediente, que puede acarrear una multa de hasta 3.000 euros, llega tras una denuncia del PP, que celebra su "primera victoria" y recuerda los antecedentes del presidente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperando en Moncloa
Pedro Sánchez afronta un nuevo expediente sancionador de la Junta Electoral Central (JEC) en plena cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El organismo ha decidido actuar contra el presidente del Gobierno por las declaraciones realizadas desde La Moncloa el pasado 6 de octubre, apenas un día después de anunciar el adelanto electoral. La comparecencia, celebrada tras el Consejo de Ministros, ha terminado bajo el escrutinio del árbitro electoral por la utilización de una plataforma institucional para difundir mensajes de contenido partidista.
La decisión llega después de la denuncia presentada por el Partido Popular, que acusó al jefe del Ejecutivo de convertir la sede de la Presidencia del Gobierno en un escenario de campaña. Los populares cuestionaron que Sánchez aprovechara una rueda de prensa destinada a informar sobre decisiones gubernamentales para reivindicar su gestión, censurar a sus adversarios políticos y trasladar a los ciudadanos la necesidad de conseguir una mayoría parlamentaria más amplia.
La intervención se produjo después de que el Consejo de Ministros aprobara nuevamente dos decretos relacionados con la vivienda, que habían sido rechazados previamente en el Parlamento. Durante su comparecencia, Sánchez abordó estas medidas, pero también introdujo consideraciones políticas sobre la oposición y el futuro escenario parlamentario, unas manifestaciones que motivaron la reclamación ante la Junta Electoral.
El procedimiento se centra en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece restricciones a la utilización de actos organizados o financiados por los poderes públicos para destacar los logros de quienes gobiernan durante el periodo electoral.
La normativa pretende impedir que los responsables institucionales utilicen los recursos de las administraciones como instrumentos de promoción partidista. En este caso, la controversia no reside únicamente en el contenido de las manifestaciones, sino también en las circunstancias en las que se produjeron: una intervención desde la sede oficial del Gobierno y difundida por sus canales institucionales.
La Junta Electoral Central ha acordado incoar un expediente sancionador al presidente, una medida que abre la puerta a una multa económica de entre 300 y 3.000 euros. La cuantía definitiva dependerá de la resolución del procedimiento, por lo que todavía no existe una nueva sanción económica firme.
La decisión afecta específicamente a la comparecencia del 6 de octubre. El organismo electoral también examinó otra denuncia relacionada con una intervención de Sánchez del día anterior, cuando anunció la convocatoria de elecciones, pero rechazó esa reclamación al considerar que todavía no había comenzado formalmente el periodo electoral.
El expediente abierto ahora vuelve a situar sobre la mesa los límites que deben respetar los miembros del Gobierno cuando intervienen públicamente durante una campaña electoral, especialmente cuando recurren a instalaciones, medios de comunicación y recursos propios de sus responsabilidades institucionales.
El PP recuerda las anteriores multas de Sánchez
El Partido Popular ha celebrado la decisión de la Junta Electoral Central de abrir un expediente sancionador a Pedro Sánchez por su intervención desde Moncloa el pasado 6 de octubre. Fuentes de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo consideran que se trata de su primer triunfo desde la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida", señalan desde Génova.
Los populares recuerdan que presentaron su denuncia el mismo 6 de octubre, después de que Sánchez compareciera ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros. El PP sostiene que el presidente aprovechó aquella intervención para enumerar supuestos logros de su Ejecutivo, descalificar a la oposición y reclamar una mayoría parlamentaria más amplia, utilizando la sede de la Presidencia del Gobierno como plataforma electoral.
Desde la dirección popular califican aquella comparecencia como un "mitin en la sede del Gobierno" y la interpretan como una muestra de debilidad política. Además, recuerdan que la apertura del expediente podría desembocar en una multa de hasta 3.000 euros.
El PP también pone el acento en los antecedentes del presidente ante los organismos electorales. Según las cifras facilitadas por fuentes del partido, durante sus ocho años de Gobierno las juntas electorales han declarado vulneraciones de la normativa en seis procesos electorales, con cuatro multas que suman 6.600 euros y dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo.
Los populares enumeran entre esos antecedentes las elecciones generales de 2019, las autonómicas de Castilla y León de febrero de 2022, las generales del 23 de julio de 2023, las elecciones gallegas de febrero de 2024, las catalanas de mayo de ese mismo año y las extremeñas de diciembre de 2025.
A juicio de Génova, el nuevo procedimiento puede convertirse en el séptimo episodio de esta naturaleza desde la llegada de Sánchez al Gobierno. La formación destaca especialmente la rapidez con la que se produjeron los hechos denunciados, apenas un día después del anuncio del adelanto electoral.
"Sánchez batió su propio récord el pasado 6 de octubre porque no tardó ni un solo día en vulnerar la LOREG", sostienen las fuentes populares, que insisten en que mantendrán una vigilancia estrecha sobre las próximas intervenciones institucionales del presidente durante la campaña.
El PP concluye su valoración con una acusación directa al jefe del Ejecutivo: "Sánchez no se siente capaz de presentarse a unas elecciones sin saltarse la Ley Electoral". Una afirmación con la que los populares endurecen su ofensiva contra el presidente tras la apertura del expediente sancionador.