Hacienda revocó el NIF a la empresa vinculada al novio de Montse Mínguez tras la polémica por 281.783 euros en Lleida

La empresa vinculada a Sergi Vélez Viola, pareja de la actual portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, terminó bajo la lupa de Hacienda después de haber protagonizado una polémica por la revisión de sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Lleida. La Agencia Tributaria revocó en junio de 2020 el Número de Identificación Fiscal (NIF) de Adaix de Negocios SL, una sociedad que años antes había obtenido una concesión municipal para explotar una discoteca y cuyas condiciones económicas fueron modificadas por el consistorio socialista por un importe de 281.783 euros.

La documentación mercantil examinada permite reconstruir el recorrido de una compañía que pasó de gestionar un negocio de ocio en terrenos municipales a acumular problemas económicos, impagos al Ayuntamiento y dos cierres provisionales de su hoja registral. El segundo, consecuencia directa de la revocación de su identificación fiscal, quedó inscrito en septiembre de 2020 y fue publicado el 30 de octubre de ese mismo año.

El dato adquiere relevancia por los vínculos personales y administrativos que existían alrededor de aquella concesión. Sergi Vélez Viola había ocupado puestos de responsabilidad en Adaix de Negocios, primero como administrador único y después como apoderado. Mientras tanto, Montse Mínguez desempeñaba responsabilidades económicas dentro del Ayuntamiento de Lleida durante los años en los que se tramitaron los impagos de la concesionaria y se modificaron las condiciones económicas del contrato municipal.

La intervención de la actual dirigente socialista en la gestión de aquel expediente apareció recogida en una investigación publicada en 2015, que hacía referencia a un correo electrónico atribuido a Mínguez y fechado el 25 de marzo de 2014, relacionado con las cantidades pendientes de pago de la empresa y su fraccionamiento.

El episodio más reciente de esta trayectoria mercantil se produjo el 3 de junio de 2020, cuando la Agencia Tributaria acordó revocar el NIFde Adaix de Negocios. La medida fue publicada administrativamente el 27 de julio y trasladada posteriormente al Registro Mercantil de Lleida, que practicó el cierre provisional de la hoja de la sociedad el 22 de septiembre.

El anuncio oficial del 30 de octubre identifica expresamente a Adaix de Negocios recoge la revocación de su identificación fiscal. No se trataba de una simple modificación administrativa de la compañía, sino de una decisión tributaria que afectaba directamente a su capacidad para operar con normalidad utilizando aquel número fiscal.

No era, además, la primera intervención de Hacienda sobre la sociedad. Tres años antes, el 27 de septiembre de 2017, el Registro Mercantil ya había practicado otro cierre provisional de su hoja por baja en el Índice de Entidades Jurídicas. Aquella actuación fue publicada el 10 de octubre de 2017 y suponía importantes restricciones para inscribir nuevos actos mercantiles mientras persistiera la situación tributaria que había motivado la baja.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades contempla la baja provisional del índice cuando la Administración declara fallidos determinados débitos tributarios o cuando una empresa incumple durante tres períodos consecutivos su obligación de presentar el impuesto correspondiente. 

Para entender cómo llegó la compañía a esta situación hay que remontarse a 2009, cuando Sergi Vélez Viola apareció en su estructura mercantil. El 10 de marzo de ese año fue nombrado administrador único, aunque abandonó formalmente ese cargo el 23 de marzo, apenas dos semanas después, siendo sustituido por Rubén Lladonosa Brun.

Sin embargo, su relación registral con la empresa continuó. El 27 de julio de 2009 fue designado apoderado de Adaix de Negocios, un nombramiento publicado oficialmente el 10 de agosto. De esta manera, Vélez había pasado por dos posiciones distintas dentro de la sociedad: primero como responsable de su administración y posteriormente como persona con facultades de representación.

Fue precisamente en 2009 cuando Adaix consiguió la concesión para explotar las instalaciones del antiguo complejo de ocio Lárida, situado en el Turó de Gardeny, en Lleida. El contrato municipal establecía importantes compromisos económicos: un canon anual de 240.000 euros, sin IVA, al que se añadían otros 30.000 euros destinados a sufragar los servicios de la Guardia Urbana.

En total, las obligaciones ordinarias previstas alcanzaban los 270.000 euros anuales, sin contar otros conceptos que pudieran derivarse del contrato.

El negocio empezó a acumular dificultades económicas. Entre 2012 y 2013 se registraron impagos y el Ayuntamiento tuvo que tramitar aplazamientos y fraccionamientos de las cantidades que la concesionaria mantenía pendientes.

La situación desembocó en uno de los episodios más controvertidos de aquella etapa municipal. Un informe económico fechado el 20 de mayo de 2014 situaba las obligaciones pendientes de Adaix en aproximadamente 276.539 euros. Pocas semanas después, el 7 de junio, trascendió el cierre temporal de las instalaciones por los impagos, una decisión municipal que la empresa recurrió.

En ese contexto apareció el nombre de Montse Mínguez. La actual portavoz socialista ocupaba entonces responsabilidades en el área económica del consistorio y su participación en la gestión administrativa de las cantidades pendientes quedó reflejada en la información periodística publicada posteriormente.

El correo electrónico atribuido a Mínguez, fechado el 25 de marzo de 2014, hacía referencia a las cantidades adeudadas correspondientes al ejercicio anterior y a su fraccionamiento. Su existencia situaba a la dirigente socialista dentro de la tramitación económica relacionada con la concesionaria en una etapa en la que la empresa vinculada mercantilmente a su actual pareja atravesaba dificultades para cumplir las condiciones contractuales.

La controversia aumentó cuando, el 11 de junio de 2014, el entonces alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, firmó un decreto que modificaba las obligaciones económicas de Adaix de Negocios.

La revisión fue cuantificada en 281.783 euros y comprendía dos conceptos distintos. Por una parte, 161.655 euros correspondían a una garantía adicional prevista ante la eventual necesidad de derribar determinadas instalaciones del recinto. Por otra, aproximadamente 120.128 euros estaban relacionados con una reducción de los cánones establecidos en el contrato.

La modificación de estos últimos se fundamentó en que la empresa no había podido disponer de 2.672,39 metros cuadrados de superficie debido a las obras del Fruitcentre. En cuanto a la garantía adicional, el Ayuntamiento justificó su exención en la decisión de conservar el edificio de invierno para posibles usos culturales.

Así, una compañía que arrastraba obligaciones económicas pendientes con el consistorio obtuvo una revisión contractual de considerable cuantía por decisión del Gobierno municipal que encabezaba Àngel Ros. La firma del decreto correspondió al alcalde, mientras que Mínguez figuraba en el ámbito de gestión económica municipal vinculado a los impagos.

Aquel expediente acabaría formando parte de una controversia de mayor alcance dentro del propio Ayuntamiento de Lleida. La exconcejal socialista Marta Camps denunció presuntas irregularidades en la gestión municipal de Ros y trasladó documentación a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a examinar distintos expedientes.

Entre ellos figuraba precisamente la concesión de la discoteca Larida a Adaix de Negocios. En marzo de 2015, Anticorrupción recabó documentación municipal para revisar las operaciones denunciadas, según informó entonces la prensa.

En octubre de 2011, la compañía había experimentado cambios en su dirección. Harold Pérez Villalobos fue nombrado administrador único en sustitución de José Antonio Merino Pérez y el domicilio social quedó trasladado a Zona Park de Gardeny, el mismo emplazamiento del complejo que la empresa había explotado mediante la concesión municipal.

Después de la controversia por Larida y del archivo de las actuaciones de Anticorrupción, llegó la primera gran incidencia fiscal publicada sobre la sociedad. En 2017, Hacienda dio de baja a Adaix en el Índice de Entidades Jurídicas, provocando el cierre provisional de su hoja en el Registro Mercantil.

La compañía todavía convocó una Junta General Extraordinaria en julio de 2018 para celebrar una reunión el 20 de agosto. Entre los asuntos previstos figuraban la dimisión y el nombramiento de su administrador único. El anuncio estaba firmado por Harold de los Ángeles Pérez Villalobos.

Pero la situación registral volvió a complicarse en 2020, cuando la Agencia Tributaria adoptó una medida de mayor alcance sobre la identificación fiscal de la empresa: la revocación del NIF.

El vínculo de Sergi Vélez Viola con aquella sociedad consta en los nombramientos mercantiles de 2009, mientras que la intervención administrativa atribuida a Montse Mínguez se sitúa en la tramitación de las cantidades pendientes durante su etapa como responsable económica municipal.

¿Por qué puede Hacienda revocar el NIF de una empresa?

Hacienda puede revocar el NIF de una sociedad por distintas irregularidades fiscales o administrativas, como declarar actividades inexistentes, facilitar un domicilio fiscal falso, no iniciar realmente la actividad empresarial o incumplir determinadas obligaciones tributarias. La medida tiene importantes consecuencias: dificulta la operativa bancaria, impide realizar determinados trámites y provoca el cierre de la hoja registral de la compañía.

Según el artículo 147 del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria, estas causas deben acreditarse en el procedimiento correspondiente. Hacienda está obligada a justificar los motivos por los que revoca el NIF de una empresa. Sin embargo, en el caso de Adaix de Negocios, vinculada a la pareja de Montse Mínguez, el anuncio oficial no revela qué irregularidad provocó la decisión. Una incógnita que cobra especial relevancia al tratarse de una sociedad que ya había sufrido otro cierre registral en 2017, aunque la causa debe constar en el expediente administrativo.