Pedraz da un plazo límite al PSOE: 48 horas para entregar todos los pagos a abogados del 'caso Cloacas'

El PSOE vuelve a situarse en el foco de la investigación judicial sobre las presuntas cloacas socialistas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concedido al partido de Pedro Sánchez un plazo de 48 horas para entregar la documentación relativa a los pagos realizados a abogados, despachos profesionales y consultoras entre 2021 y 2025. Una exigencia que llega después de que Ferraz no haya respondido al primer requerimiento y que busca esclarecer cómo se financiaron las actividades investigadas en el denominado caso Cloacas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional quiere conocer con detalle las contrataciones realizadas por el PSOE durante ese periodo, los importes abonados y los procedimientos internos utilizados para autorizar los desembolsos. La finalidad es determinar si algunos de esos contratos pudieron servir para canalizar fondos hacia actividades que nada tenían que ver con los servicios profesionales oficialmente contratados.

El magistrado ha decidido reiterar su petición ante la falta de respuesta de la Asesoría Jurídica socialista. El tiempo transcurrido desde la primera solicitud ha llevado al instructor a establecer un plazo concreto para que el partido facilite la información que considera necesaria para avanzar en las diligencias.

La investigación presta especial atención a los movimientos económicos que pudieron beneficiar a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, cuya actuación está siendo examinada por sus presuntas maniobras para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y responsables policiales vinculados a investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Uno de los principales interrogantes que intenta despejar la Audiencia Nacional es si determinados despachos de abogados pudieron actuar como intermediarios para hacer llegar dinero a Díez mediante facturas correspondientes a servicios presuntamente ficticios. Los investigadores sospechan que algunas contrataciones podrían haber servido para justificar pagos destinados realmente a financiar esas operaciones.

Esta hipótesis ha llevado a Pedraz a solicitar documentación mucho más amplia que una simple relación de facturas. El juez reclama los contratos firmados, las hojas de encargo profesional y los expedientes elaborados dentro del PSOE para autorizar cada contratación. También exige los justificantes que acrediten la realización de los trabajos por los que se efectuaron los pagos.

Con esta documentación, el instructor pretende reconstruir el circuito económico y comprobar si existe correspondencia entre los servicios contratados, las actividades efectivamente realizadas y las cantidades satisfechas por el partido. La investigación deberá determinar si se produjeron irregularidades o si los pagos respondían a encargos profesionales legítimos.

La decisión judicial se produce después de la declaración como investigada de Ana María Fuente, gerente del PSOE. Su comparecencia ha situado los procedimientos de contratación y control económico del partido entre los aspectos que el magistrado considera necesario examinar.

Pedraz quiere conocer quién autorizó los contratos, qué mecanismos de supervisión se aplicaron y qué documentación se utilizó para dar por cumplidos los encargos profesionales. El análisis de estos expedientes podría permitir establecer si existieron intermediarios en los pagos relacionados con las actividades investigadas.

La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado estas diligencias el pasado 1 de octubre, antes de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio Público considera relevante comprobar la procedencia y el destino de los fondos que pudieron utilizarse en las operaciones atribuidas a la presunta trama.

El procedimiento judicial investiga posibles actuaciones destinadas a desacreditar o neutralizar a quienes participaban en investigaciones especialmente sensibles para el PSOE. Entre los asuntos sobre los que presuntamente se pretendía obtener información figuran el caso Koldo, las diligencias relacionadas con Begoña Gómez y el procedimiento judicial que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La posible utilización de estructuras profesionales para financiar estas actividades constituye una de las principales líneas de investigación. En la causa figuran dos abogados investigados y se examina si algunas facturaciones pudieron encubrir transferencias de dinero hacia personas vinculadas a las operaciones bajo sospecha.

No obstante, el juez ha establecido determinadas garantías respecto a la información solicitada. El requerimiento deberá respetar el secreto profesional de los abogados y el derecho a no facilitar documentación que pueda resultar autoincriminatoria. Estas limitaciones forman parte de las condiciones fijadas por el instructor para recabar los expedientes.

En paralelo, la investigación también incluye al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, cuya declaración como investigado fue acordada por Pedraz a petición de Anticorrupción. Esta diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía en el procedimiento, aunque responde a hechos que deberán esclarecerse de manera específica.

48 horas

El PSOE deberá responder en 48 horas a la exigencia de la Audiencia Nacional, aportando la documentación reclamada dentro de los límites legales establecidos. El análisis de los contratos, los justificantes y los procedimientos internos de autorización permitirá a los investigadores profundizar en el destino del dinero y en las posibles conexiones económicas entre el partido y las personas investigadas en el caso Cloacas.