Reconstruir las infraestructuras de España exigiría una inversión de 300.000 millones

Este pasado martes, el PP ha presentado ante la sociedad española su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como firme candidato a ser el partido que puede gobernar España los próximos cuatro años. Como punto destacado de este programa está la necesidad de llevar a cabo un ambicioso plan de mejora y mantenimiento de infraestructuras en distintos sectores estratégicos para paliar las deficiencias estructurales y de mantenimiento que ha provocado la gestión del actual Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Este Plan Nacional de Infraestructuras que pretende impulsar el PP sería imposible de llevar a cabo en una sola legislatura por su volumen. Según distintos informes elaborados por organismos públicos y privados, se estima que el deterioro del ferrocarril, las carreteras, las redes de agua y energía, además de las necesidades en vivienda, exigiría inversiones cercanas a los 300.000 millones de euros.

Por el volumen de estas inversiones, el plan se debería llevar a cabo mediante financiación pública, deuda, fondos europeos y capital privado. Esta iniciativa exigiría una auditoría independiente previa y una planificación plurianual con un horizonte de una década, mediante un gran pacto político e institucional que garantice su continuidad más allá de los ciclos electorales.

España se enfrenta a uno de los grandes desafíos económicos de las próximas décadas. Debe preparar sin dilación un plan de recuperación y modernización de unas infraestructuras esenciales para su competitividad. En los últimos ocho años, estas infraestructuras vienen acusando una notable falta de inversión, con un claro envejecimiento de sus instalaciones y un preocupante déficit de mantenimiento. Todo ello en uno de los momentos de mayor recaudación fiscal de la historia y pese a haber tenido a su disposición ingentes cantidades de dinero procedentes de la UE que no se han utilizado.

El ferrocarril, las carreteras y las infraestructuras hídricas constituyen la columna vertebral del funcionamiento económico del país. Al analizar la evolución de la inversión pública, se observa una pérdida progresiva de peso de las infraestructuras productivas frente a otras partidas presupuestarias.

Si analizamos los datos publicados en marzo de 2026 por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, resulta significativo que la inversión en infraestructuras alcanzara en 2025 los 16.114 millones de euros, un 60 % menos en términos reales que en 2009, con la particularidad de que la participación del Gobierno en el conjunto de la inversión pública ha pasado del 61,2 % al 37,9 %.

Por su parte, el IEE calcula que España mantuvo una brecha de inversión respecto a la media europea de unos 19.000 millones de euros anuales durante el periodo 2019-2024, de los que 10.500 millones correspondieron al sector público. Estas cifras permiten dimensionar el problema, aunque los 300.000 millones de euros en necesidades acumuladas se manejan como hipótesis para cuantificar este plan de reconstrucción.

La situación es alarmante. Para resolver el problema, hay que cuantificar el déficit, tener claro cómo conseguir los recursos y garantizar que las inversiones necesarias se ejecuten correctamente. Para ello sería imprescindible elaborar una auditoría técnica independiente que abarcase la totalidad de las redes de transporte, agua y energía.

En cuanto al ferrocarril, hay que analizar el estado de las vías, los sistemas de señalización, la seguridad, la electrificación, las instalaciones de mantenimiento, los servicios de cercanías y las conexiones para mercancías. En las carreteras, la prioridad debería centrarse en la conservación de firmes, puentes y túneles, la seguridad vial y la eliminación de los principales puntos de congestión.

Respecto al agua, es precisa una evaluación rigurosa de los embalses, las presas, las conducciones, el abastecimiento urbano, la depuración, la desalación, la reutilización y la prevención de inundaciones.

En energía, el diagnóstico debe contemplar la capacidad de las redes de transporte y distribución, las interconexiones, el almacenamiento y la seguridad del suministro.

Una vez conocido el diagnóstico, se debe establecer un calendario de actuaciones. Para que sea eficaz, conviene escalonar las obras. Ejecutarlas de manera simultánea podría provocar tensiones en los precios, dificultades para encontrar empresas capaces de llevar a cabo los proyectos y una acumulación de obras sin capacidad suficiente para supervisarlas. Desde esta perspectiva, la planificación debería extenderse a lo largo de una década y dividirse en tres grandes etapas. 

La primera comprendería los dos primeros años y se dedicaría a recuperar la seguridad y a mantener las redes existentes. La segunda, que abarcaría del tercer al quinto año, se debería centrar en la modernización de las grandes infraestructuras y la eliminación de los principales cuellos de botella. La tercera debería centrarse en las nuevas inversiones estratégicas.

Estos proyectos deben someterse a criterios objetivos de seguridad y rentabilidad económica y social. También deben tener un impacto sobre la productividad, contribuir a la cohesión territorial y adaptarse al cambio climático.

Todo esto exige la planificación de un Fondo Nacional de Reconstrucción con programación plurianual y seguimiento parlamentario, que debe complementarse con una evaluación independiente.

Su financiación debe partir de los PGE, mediante asignaciones anuales estables que eviten que la inversión dependa exclusivamente de los excedentes presupuestarios de cada ejercicio.

Otra fuente de financiación de este fondo nacional debe ser la UE. Para ello, se deben aprovechar los recursos disponibles del marco presupuestario comunitario, los programas de transporte y conexión energética y los instrumentos del BEI, siempre que los proyectos cumplan los requisitos de elegibilidad.

También debe recurrirse a la colaboración público-privada mediante una fórmula que permita evaluar con rigor los riesgos y los compromisos futuros que pueda asumir el Estado. Como cuarta y última vía de financiación, debería utilizarse la deuda pública con emisiones a largo plazo, cuyos beneficios podrían extenderse a varias generaciones.

La auditoría de las necesidades, la cuantificación de su coste, la reparación y el mantenimiento de las redes existentes y la creación de nuevas infraestructuras son los elementos que pueden paliar el gran agujero reputacional y competitivo de España. ¿Hay alguien capaz de ofrecer otras soluciones?