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Una asociación pide citar judicialmente a Bolaños y Albares por la "ley de nietos"
El escrito propone también las testificales de Pilar Llop y Susana Sumelzo y reclama borradores, informes y comunicaciones oficiales para esclarecer quién preparó, supervisó y trasladó las directrices sobre nacionalidad a los consulados
José Manuel Albares y Félix Bolaños, en el Congreso
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha solicitado que Félix Bolaños y José Manuel Albares declaren como testigos en el procedimiento abierto en Plaza de Castilla a raíz de la querella contra Sofía Puente por la aplicación de la llamada "ley de nietos". La petición incluye a Pilar Llop y Susana Sumelzo.
El escrito de alegaciones se ha presentado ante la Plaza número 35 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Su objetivo es reconstruir el recorrido de las instrucciones que desarrollaron el acceso a la nacionalidad española. Las comparecencias están solicitadas, pero aún no han sido acordadas.
La asociación quiere esclarecer si Llop, ministra de Justicia cuando se aprobó la Instrucción de 25 de octubre de 2022, conoció su preparación. La firmó Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Las informaciones periodísticas que apuntan al desconocimiento de la ministra constituyen uno de los extremos que pide comprobar.
El propio escrito precisa que "aún no se ha acreditado judicialmente que la exministra desconociera la Instrucción ni que otro ministro ordenara su aprobación". Por ello, reclama "documentos originales y la declaración de quienes pudieron conocer el circuito de preparación, supervisión y comunicación del texto".
Las aclaraciones solicitadas
La testifical de Llop permitiría aclarar "si recibió el proyecto, qué informes se solicitaron y si se expresaron reparos jurídicos". La de Bolaños busca determinar las "eventuales comunicaciones entre el Ministerio de la Presidencia y Justicia sobre la elaboración y alcance de las directrices".
Para Albares, la solicitud se centra en la difusión y ejecución de las instrucciones en la red consular. La asociación reclama además conservar y entregar borradores, informes jurídicos, agendas pertinentes y comunicaciones entre Justicia, Presidencia y Exteriores, tanto de la preparación de 2022 como de su aplicación y modificación en noviembre de 2024.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica está presidida por el procurador Antonio Javier Campal Crespo y tiene como vicepresidente al abogado Guillermo Rocafort. Se opone a las políticas de memoria histórica y mantiene una trayectoria de recursos contra actuaciones del Gobierno. Ya impugnó la instrucción sobre nacionalidad en diciembre de 2022. Ahora pide identificar quién intervino en cada decisión.