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Tolón cobró 7.542 euros por alquilar su VPO mientras seguía protegida: la autorización, bajo lupa

La declaración que presentó al dejar la Alcaldía de Toledo refleja ingresos por el alquiler del piso en 2022. La ministra asegura que pidió permiso a la Junta y que actuó conforme a la norma, mientras una investigación periodística señala que no consta el visado administrativo.

La vivienda de protección oficial de Milagros Tolón vuelve a poner a la ministra de Educación en el centro de la polémica. La declaración de bienes que presentó en 2023, al dejar la Alcaldía de Toledo, recoge 7.542,60 euros por el arrendamiento de un inmueble durante 2022. En una declaración anterior, correspondiente a 2019, también figuraban ingresos por el alquiler.

Tolón compró el piso en enero de 1998. Según la documentación de la promoción consultada por Artículo14, la vivienda conserva su calificación protegida hasta noviembre de 2027.

La clave: el permiso de la Junta

La normativa de Castilla-La Mancha establece, con carácter general, que una VPO debe destinarse a residencia habitual y permanente. También contempla excepciones para alquilarla en determinados supuestos, sujetas a autorización administrativa.

La ministra sitúa el inicio del alquiler en 2012, cuando ya habían transcurrido catorce años desde la compra. En el corte de ESdiario, Abel Martín cuestionó que una dirigente socialista que participa en el debate público sobre vivienda obtenga ingresos por alquilar un piso protegido. "Otra incongruencia más del entorno socialista", resumió.

La información publicada por Artículo14 sostiene que el gabinete de Tolón reconoce que la vivienda está alquilada y que la asesoría jurídica de la ministra hizo una consulta, pero no dispone del permiso administrativo. El medio también señala que, mientras siga vigente la protección, la cesión de uso estaría sujeta a un visado previo de la autoridad autonómica.

Tolón niega haber especulado

Tras conocerse la información, Tolón defendió su actuación y negó que haya especulado con la vivienda. Aseguró que pidió autorización a la Junta en su momento, que cuenta con un informe jurídico favorable y que cumple "todos los requisitos". También afirmó que el piso aparece en sus declaraciones de bienes y de la renta.

Una autorización pendiente de aclarar

La controversia queda así centrada en una cuestión concreta: si la ministra obtuvo la autorización administrativa exigida para alquilar el inmueble mientras seguía protegido. Que los ingresos aparezcan en su declaración acredita que fueron comunicados, pero no resuelve por sí solo si el arrendamiento cumplía todos los requisitos. La respuesta de la Junta y la documentación de esa autorización son ahora claves para aclarar el caso.