Iustitia Europa denuncia el escándalo censal del 29N: "El censo se revisa antes de votar, no después"

La documentación remitida al Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado deja sin aclarar la situación censal de 35.925 registros a tan solo doce días de las elecciones generales.

Luis María PardoIustitia Europa

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A doce días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Iustitia Europa ha denunciado nuevas incógnitas sobre el censo electoral tras conocer la documentación remitida por la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo en el procedimiento judicial relativo a la suspensión cautelar de la denominada Ley de Nietos.

El escrito, presentado el pasado 13 de noviembre, recoge unas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que dejan sin aclarar la situación censal de 35.925 registros de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Según la documentación aportada al Alto Tribunal, el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitó inicialmente un listado de 163.355 registros. Tras descontar 9.707 correspondientes a menores de edad o a personas que adquirieron la nacionalidad después del cierre censal, la cifra quedó reducida a 153.648 registros.

Sin embargo, el INE únicamente ha identificado 117.723 en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que supone una diferencia de 35.925 registros cuya situación no se aclara en el escrito

¿Dónde están los 35.925 registros?

Iustitia Europa exige al Gobierno y al INE que aclaren si estas personas figuran en el censo electoral de residentes en España (CER), si han sido trasladadas desde el CERA o si nunca llegaron a inscribirse.

"No se puede pedir a los españoles que confíen ciegamente en un censo cuyas cifras el propio gobierno no termina de explicar", ha advertido Luis María Pardo, quien recuerda que ya alertó de este escenario en la denuncia presentada el pasado 28 de junio ante la Junta Electoral Central.

La formación reclama conocer la situación censal individualizada de estos registros y comprobar si alguno de ellos está comprendido en las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo.

El INE fija en 113.326 los electores afectados

La Administración sitúa finalmente en 113.326 el número de electores afectados por la suspensión cautelar, después de realizar sucesivas comprobaciones y depurar los registros.

Sin embargo, Iustitia Europa cuestiona el procedimiento previsto para ejecutar la suspensión. Según explica la formación, el informe del INE del 11 de noviembre señala que el sistema informático mostrará una advertencia durante el escrutinio general cuando detecte a un elector afectado por la medida cautelar.

Por ello, exige que se acredite el procedimiento efectivo de separación y exclusión de los votos suspendidos

El Supremo da de plazo hasta el jueves

En una providencia fechada el 16 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado traslado a las partes personadas de la documentación aportada por la Abogacía del Estado.

El Alto Tribunal ha fijado un plazo improrrogable que finaliza el próximo jueves 19 de noviembre a las 15:00 horas para presentar alegaciones. 

Iustitia Europa ha anunciado que presentará un nuevo escrito en el que reclamará explicaciones sobre los 35.925 registros, la identificación de los posibles traslados entre ambos censos y la verificación del cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales antes del 29N.

"Llevamos meses reclamando garantías electorales ante los tribunales. El Supremo ha tenido que intervenir y ahora nos presentan unas cifras que dejan 35.925 registros sin una explicación censal suficiente. ¿Dónde están? ¿En qué censo figuran? ¿Quién ha comprobado su situación?", ha manifestado Luis María Pardo.

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El dirigente de Iustitia Europa ha exigido que cada voto se contabilice conforme a la ley y ha denunciado que, a doce días de las elecciones, esta situación resulta inaudita: "El censo se revisa antes de votar, no después".