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Cuatro años del día en que los jueces desmontaron la versión del Gobierno sobre el 'solo sí es sí'

El 17 de noviembre de 2022, el CGPJ contradijo a Irene Montero sobre las advertencias de las rebajas de penas a agresores sexuales, apenas 24 horas después de que Sánchez defendiera la norma como una "gran conquista" feminista.

Irene MonteroEuropa Press

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Este 17 de noviembre se cumplen cuatro años de uno de los mayores enfrentamientos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Poder Judicial a cuenta de la ley del 'solo sí es sí'. Las primeras rebajas de condenas a delincuentes sexuales habían situado al Ministerio de Igualdad en el centro de la polémica, mientras el presidente del Ejecutivo continuaba defendiendo la reforma.

El 17 de noviembre de 2022, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contradijo públicamente a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, al recordar que el órgano de gobierno de los jueces había advertido en su informe de la reducción de las penas mínimas en determinados delitos sexuales.

La respuesta de Carmona llegaba después de que Montero negara que hubiera recibido advertencias sobre las posibles rebajas de condenas por la modificación de las penas mínimas y atribuyera al machismo de algunos jueces la aplicación incorrecta de la norma.

La representante del CGPJ defendió la actuación de los magistrados y explicó que la reducción de determinadas penas respondía a la aplicación de la legislación penal más favorable al condenado.

Sánchez defendía la ley desde Bali

Un día antes, el 16 de noviembre de 2022, Pedro Sánchez había respaldado públicamente la norma desde Indonesia, donde participaba en la cumbre del G20.

El presidente calificó la reforma como "una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país" y "una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo".

Las declaraciones, recogidas en la transcripción oficial de Moncloa, se produjeron cuando ya se conocían las primeras revisiones de condenas. Sánchez pidió entonces esperar a que los tribunales unificaran sus criterios antes de extraer conclusiones.

La controversia llegó también al Senado el 17 de noviembre, mientras varias asociaciones judiciales reclamaban la dimisión de Irene Montero por sus acusaciones contra los magistrados.

La Ley Orgánica 10/2022, que había entrado en vigor el 7 de octubre de aquel año, unificó los delitos de abuso y agresión sexual y modificó las horquillas de las penas previstas en el Código Penal.

El balance publicado por el CGPJ el 24 de noviembre de 2023, con datos recopilados hasta el 1 de noviembre de ese año, contabilizó 1.233 reducciones de penas y al menos 126 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales.

Estas cifras no incluían las revisiones que pudieran haber efectuado los juzgados de lo Penal, ante la dificultad para recabar dicha información.

La sucesión de rebajas de condenas acabó provocando una fractura entre los socios del Gobierno de coalición. El PSOE impulsó una modificación de la norma que salió adelante con el apoyo del Partido Popular y la oposición de Unidas Podemos.

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La reforma entró en vigor el 29 de abril de 2023, más de seis meses después de la aprobación de la ley original. Sin embargo, la modificación no permitió revertir las rebajas de condenas anteriores, debido al principio constitucional de retroactividad de la legislación penal más favorable al reo.