El abogado general del TJUE asesta un varapalo al Gobierno de Sánchez por los laudos de las renovables

Athanasios Rantos cuestiona los argumentos empleados por España y Bruselas para bloquear unas indemnizaciones que, según los fondos acreedores, ascienden a 2.367 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Sara Aagesen visitan el stand de Iberdrola en WindEurope, donde son recibidos por Ignacio Galán IBERDROLA

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La estrategia jurídica que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar el desembolso de las indemnizaciones a los inversores internacionales de las energías renovables acaba de encontrarse con un nuevo obstáculo en Europa. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha cuestionado que el pago de estas compensaciones económicas pueda considerarse necesariamente una ayuda de Estado prohibida.

Las conclusiones, presentadas este 19 de noviembre, introducen un criterio que podría debilitar la posición española en los numerosos litigios que mantiene abiertos como consecuencia de los recortes aplicados al régimen de incentivos de las renovables.

Aunque el origen de estas reclamaciones se remonta a las modificaciones normativas efectuadas antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa, su Ejecutivo ha mantenido la oposición al cumplimiento de los laudos arbitrales apoyándose en la legislación comunitaria.

España acumula cerca de una treintena de resoluciones arbitrales desfavorables, con una factura pendiente que los fondos acreedores sitúan en 2.367 millones de euros.

El argumento jurídico del Gobierno, en entredicho

El pronunciamiento de Rantos tiene su origen en un procedimiento que afecta a Rumanía, conocido como caso Micula, y en el que España ha intervenido para respaldar la posición de la Comisión Europea.

El abogado general considera necesario diferenciar entre la concesión de una ventaja económica mediante recursos públicos y la reparación de un perjuicio ocasionado por una decisión del propio Estado.

Esta distinción resulta especialmente relevante para los intereses españoles, puesto que la consideración de las indemnizaciones como ayudas de Estado ha sido uno de los fundamentos empleados para impedir su abono.

Rantos propone revocar la sentencia que el Tribunal General dictó en 2024 sobre el litigio rumano y anular parcialmente la decisión de Bruselas que calificó aquella compensación como una ayuda estatal.

Además, rechaza la posición defendida por España respecto a la legitimación de los inversores para recurrir las decisiones comunitarias que afectan al cobro de las cantidades reconocidas mediante arbitraje.

Dos indemnizaciones millonarias bajo la lupa

Entre los procedimientos españoles que podrían verse condicionados por estas conclusiones destaca el de Antin. La Comisión Europea prohibió en marzo de 2025 el desembolso de aproximadamente 101 millones de euros a los inversores afectados.

También figura el expediente de la compañía japonesa JGC Holdings, cuya indemnización de 32,95 millones de euros está siendo objeto de una investigación comunitaria desde agosto de 2026.

Los acreedores consideran que el criterio expuesto por el abogado general podría proporcionarles nuevos argumentos en los procedimientos judiciales emprendidos para conseguir el cobro de las indemnizaciones.

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La disputa ha traspasado las fronteras comunitarias, con actuaciones judiciales en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde los inversores intentan obtener el reconocimiento y la ejecución de los laudos.