Sánchez cobró más de 14 mil millones por privatizar suelo con sólo 16.000 viviendas sociales

Puente ingresó 1.200 millones por un millón de m² y 2.000 VPO en Madrid. Sareb facturó 12.600 millones por 200.000 inmuebles y 8.000 alquileres sociales. Y Defensa pactó 300 millones por dos millones de m² y 6.000 VPO.

Los negocios de Sánchez con la vivienda

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Sánchez culpa a las autonomías de la falta de vivienda social. Omite qué ha hecho con sus terrenos estatales. El ministerio que lideraba su descarrilado Puente es su más reciente ejemplo.

En 2024 firmó la operación Chamartín. Transportes vendió un millón de m² para un plan en el norte de Madrid con una edificabilidad de 2,6 millones de m².

El precio difundido fue de 1.245 millones de euros, pagaderos en 20 años, salvo una entrada de 216 millones.

Pero, además, Adif, vendedor junto a Renfe, debía recibir del inversor privado el “62,8% de una o varias parcelas urbanizadas con una edificabilidad de 100.000 metros cuadrados y uso urbanístico residencial, que se destinarán a viviendas sujetas a un régimen de protección pública determinado”.

El plan destinó a vivienda protegida el equivalente al 10% del terreno enajenado por 1.200 millones por Puente. Y sólo el 3,8% de todo el terreno edificable. 

Vendió como gran logro que de las 10.500 viviendas que se construirían un 38% estarían sujetas a políticas sociales, bajo control municipal.

Leído al revés, el ministro tuitero rubricaba destinar el 62% a viviendas privadas sin tope alguno.

Pero la realidad era peor: de las 10.500 nuevas viviendas, sólo 2.000 serían protegidas, el resto serían libres. Libres privadas (6.700) o libres públicas (1.700).

Sánchez vende un millón de m² en 2024 para construir 1.700 viviendas sociales en Madrid cuando Maricarmen ya pleitea con su fondo buitre en la capital. Y ya hay un clamor social por la vivienda.

¿Y a quién vende suelo ferroviario? A inversores dedicados a la compra de activos inmobiliarios. Colau o Mínguez los llamarían fondos buitres.

Nada ilegal. Sólo política liberal. Pero es lo contrario de lo que predica Sánchez para combatir la falta y carestía de vivienda. Sirve en bandeja a inversores la última gran zona edificable en el centro de Madrid.

La operación Chamartin sanchista consagra no sólo que se destinen a VPO un 3,8% de los terrenos edificables.

Prioriza construir un colosal centro de negocios en lugar de pisos sociales. Un Manhattan castizo. “El Centro de Negocios de Madrid Nuevo Norte dibujará un nuevo skyline en la capital, gracias a los 30 nuevos edificios de oficinas que se levantarán en la zona, de los cuales ocho tendrán alturas de más de 30 plantas, destacando la torre de hasta 70 plantas que se convertirá en el edificio más alto de España, pudiendo superar los 300 metros de altura”.

El terreno para oficinas, 987.000 m², equivale a todo al terreno aportado por Puente. Da para muchos pisos sociales.

¿Los jóvenes y vulnerables madrileños necesitan vivienda social o un skyline de ocho torres gemelas? Puente les da oficinas para trabajar, pero no un piso al que volver.

"Tenemos mucho que hacer", explica Sánchez en el Congreso tras recordar que el parque de vivienda protegida en España supone un 2% del total del parque de vivienda, frente al 9% de la media europea.

Esto clama el 16 de octubre de 2024 mientras culpa a las autonomías del PP de torpedear la vivienda social.

Dos meses después firma Chamartín. Lo pacta con Ayuso y Almeida, a quienes inunda de campistas pro Maricarmen dos años después cuando la vivienda ya es una revuelta nacional.

“Les vamos a freír a impuestos”, dice Colau, aspirante a socia de Sánchez. Le gustará saber que el fondo comprador del millón de m² al gobierno vicepresidido por Yolanda Díaz debía 10 millones a Hacienda y Seguridad Social cuando firmó la operación y cinco millones al año siguiente. Sumar no se quejó.

Sánchez repite su modelo antisocialista de la operación Campamento, al sur de Madrid. Allí dobla el precio pactado por ZP que pagará su gobierno a Defensa (¿debe un ministerio cobrar a otro para hacer vivienda social?) por tales terrenos en Madrid hasta superar los 300 millones.

El 40% de las viviendas serán privadas (35% en 2011). Las viviendas previstas ahora y hace una década son las mismas: 10.700, aunque bailen los metros cuadrados publicitados (ayer un millón, hoy dos). Total, 300 millones para construir 6.420 viviendas protegidas.

Sareb, otro fiasco social sanchista, en 2025 había vendido/privatizado 190.799 inmuebles bajo su mandato por un valor superior a los 12.500 millones. En su mayoría a través de fondos buitres a los que pagó casi 1.000 millones de comisión.

Por el contrario, sólo firmó 8.707 alquileres sociales. Mientras Sánchez reclamaba vivienda protegida su Sareb ingresaba hasta 2.400 millones al año por privatizarla. “Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”.

A esto se suman las subastas al mejor postor, no al más vulnerable, de propiedades de Hacienda, Seguridad Social, Transportes…

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Sánchez por estas vías se embolsa más de 14.000 millones desde 2018 mientras crecen los inquilinos pobres. Tantos que valen una presidencia.