Hacienda no sabe de quién dependen 1.000 organismos

De al menos 1.056 de las entidades locales financiadas con dinero público no se conoce de quién dependen exactamente. Ni el todopoderoso Ministerio de Hacienda ha sido capaz de determinar con exactitud algo más que su existencia e impacto en las cuentas públicas. Se da por hecho que están vinculadas a su respectivo Ayuntamiento o Diputación, pero no se ha podido determinar con precisión en qué grado exacto ni con qué circunstancias.

El insólito dato atestigua la existencia de una 'burbuja municipal' que, en plena crisis económica, batió todas las marcas. Corría 2009, el tercer año de deflación muy recordado por la insistencia del entonces ministro Solbes en negarla, cuando los municipios elevaron a 6.131 el número de organismos creados y sostenidos con los impuestos municipales y las transferencias del Estado, la cifra más alta alcanzada nunca en España.

El Ayuntamiento de Barcelona lidera la clasificación con más organismos en una extraña situación administrativa

Se trataba, y se trata, de un tupido laberinto de fundaciones, organismos, empresas participadas y entes que siete después ha quedado reducida en parte pero sigue en magnitudes disparadas: más de 4.500 de estas entidades siguen engordando el sector público local, con cerca de un 25% de ellas de las que ni siquiera se conoce con pulcritud de quién dependen.

Según los datos oficiales de Hacienda a los que ha accedido Esd.com, hasta 1.056 de estos organismos están en esa especie de limbo, un número mayúsculo que queda empequeñecido, sin embargo, al compararse con el que existía en aquel año 2009, el doble del actual. Esto no significa que carezca por completo de control, pero sí que no está claro cómo funcionan ni cómo participan en ellos sus administraciones públicas de cabecera.

Barcelona tiene más organismos que nadie en España, con 51. Sevilla y Reus, a continuación. A Coruña y Soria, las más moderadas

La palma, en el ámbito municipal, se la lleva la ciudad de Barcelona, con hasta 51 entes municipales de distinta condición. Otra ciudad catalana de inferior tamaño, Reus, queda en segundo lugar de tan dudosa clasificación, con 25 que con arreglo a su población le colocan en cabeza proporcionalmente. Y Sevilla, entre medias de ambas localidades, se instala en la segunda posición con 49 entidades, a sólo dos de la Ciudad Condal.

En el caso de las Diputaciones Provinciales o sus homólogos Cabildos Insulares, la abrumadora diferencia entre unos territorios y otros sugiere que en la creación y mantenimiento de muchos organismos no prima la necesidad, sino otros factores no señalados por Hacienda pero que avalan la sospecha sobre el clientelismo o al menos el derroche. Así, el Cabildo Insular de Tenerife mantiene hasta 43 entes distintos, sólo diez más que su prima la Diputación de Vizcaya, con 33. En cambio, A Coruña y Soria sólo tienen uno, lo que parece atestiguar las dudas al respecto de la necesidad de gastar tanto dinero en el sector público local en otras latitudes.

Sobre el coste y las pérdidas de este formidable aparato público, es prácticamente imposible ofrecer cifras fiables y, todo lo más, puede hacer un cáluclo aproximado a partir de las escasas magnitud existentes. Una ofrece indicios de cuál puede ser el volumen económico total de esta 'burbuja': de los algo más de 600 organismos locales eliminados en los últimos años, una tibia pero eficaz reducción de la Administración Pública cuya reforma tantas veces se ha anunciado, sólo se han podido examinar desde Hacienda las tripas a 385, pues del resto al parecer ni siquiera existen datos contables fidedignos. Pues bien, el coste ahorrado al contribuyen de esos apenas 400 entes, llega exactamente a los 490 millones de euros.

En lo que sí hay precisiones es en el tipo de entes creados desde Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos: el 39.3% son sociedades, por un 23.1% de organismos autónomos. En el resto destacan las fundaciones, que suponen un 10% del total y suelen obedecer teóricamente a objetivos sociales o culturales que a menudo, en la práctica, sirven en realidad para agilizar las gestiones administrativas y facilitar las contrataciones y decisiones del alcalde o presidente provincial de turno. Consorcios, entidades públicas empresariales (de presencia casi irrelevante) y asociaciones completan la larga lista de inventos de ámbito local en una España que se plantea siempre pero no aborda nunca uan reforma eternamente pendiente.

El emblemático Ayuntamiento de Barcelona, líder nacional en creación de organismos, ofrece una pista de cómo consigue sus ingresos y en qué los gasta que puede servir para entender el fenómeno: en sus últimas cuentas liquidadas, se constata un cobro a los barceloneses de 1.000 millones de euros anuales entre impuestos directos (sólo el IBI otorga ya 615) e indirectos (alguno tan variopinto como el que recae sobre la cerveza), a los que hay que sumarles otros 260 millones en tasas finalistas, esto es, que no van a un saco común sino a un servicio concreto como la recogida de basuras o el mantenimiento del alcantarillado.

Soria es la capital de España que más se contiene. Su alcalde, Carlos Martínez, era uno de los grandes colaboradores de Carme Chacón desde 2012 (foto desdesoria.es)

De esa cantidad, 353 millones de euros se dedican a mantener al personal del Consistorio. Catorce de ellos acaban en los bolsillos de los concejales de la Corporación y del personal directivo. Y otros siete, hasta sumar 21, en los llamados 'eventuales': esto es, en el personal de confianza de Ada Colau, su Gobierno y el resto de partidos políticos. Un botón de muestra para un cuadro pintado a brochazos: en el conjunto de España, la deuda del sector local alcanza los 34.000 millones de euros. Enre quejas de los alcaldes por la "insuficiente" financiación y la extraña petición del regidor de Vigo, Abel Caballero, de que les deje gastar un supuesto superávit de 7.000 millones de euros que en realidad no existe: que no hayan agotado el margen de déficit concedido no significa que no estén endeudados sobradamente.