El Estado y la globalización

Recientemente, la revista 3conomi4 ha publicado un estudio del profesor Juan Carlos Fariñas sobre la desindustrialización de España (Fariñas, J. C. 2016. La industria española entre el cambio tecnológico y la competencia global, 3conomi4, Segundo semestre, nº 10, págs. 10-16.). Según Fariñas, “las manufacturas españolas suponen, en la actualidad, el 13% del PIB a precios básicos y el 12% del empleo. En 1985 dichos porcentajes eran, respectivamente, el 23 y 20% ”. Añade además que en el conjunto de países de la OCDE (EEUU, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) durante el período 1980-2013 puede observarse las siguientes circunstancias: primero, que en los citados países “las manufacturas han reducido su participación relativa en la actividad económica cada año una media de 0,3 puntos porcentuales: desde un porcentaje medio del 28% (1980) hasta otro del 17% (2013)”. Además, “en el periodo completo 1989-2013 España tiene una pérdida de peso relativo menor o no significativamente distinta, en términos estadísticos, al resto de países. Por último, “desde el año 2000, sin embargo, España es el país que más reduce el peso relativo de sus manufacturas”.

Frente a esto, “en el año 2012, en el documento de la Comisión Europea COM2012-582, se describe un esquema nuevo de política industrial que comienza con la premisa: 'Europa ha de invertir la tendencia al declive de su industria para afrontar el siglo XXI. Esta es la única manera de conseguir un crecimiento sostenible...'. La comunicación define una ruta para reindustrializar Europa con el objetivo de 'pasar del actual porcentaje del 16% del PIB hasta el 20% en 2020'”. Al menos parece que la UE es consciente del problema, pese a que fomenta y ampara todas las políticas económicas que lo han hecho posible.

¿Qué significa todo esto? Sin duda que los procesos de deslocalización, tolerados por la propia UE, han exportado millones de puestos de trabajo fuera de la Unión; es decir, no es que la industria haya desaparecido sino que se ha marchado a donde es más rentable económicamente. Por consecuencia, la fuerza manufacturera la tienen ahora otros y, dado que los Estados geopolíticamente e históricamente relevantes, han mantenido, parejo a su crecimiento e importancia, una fuerza manufacturera e industrial al alza, hemos de concluir que los Estados de la OCDE de los que habla el profesor Fariñas están perdiendo importancia a muchos niveles. Curiosamente, es en estos países en los que observamos un proceso de globalización más acusado, lo que nos lleva a concluir que la globalización está en relación inversa con el poder del Estado y, por consiguiente, con la soberanía del mismo.

Para estos países, al final son grandes corporaciones quienes socavan su soberanía nacional. Algunos autores, como por ejemplo Gustavo Bueno, ha mantenido que la desaparición del Estado en el proceso de globalización no puede producirse toda vez que finalmente es en los Estados donde estas grandes corporaciones tributan, donde emplean las propias infraestructuras estatales y, así mismo, son esos Estados los que deciden ir a la guerra y obligar a los ciudadanos a plegarse a intereses estrictamente estatales, lejos del hipotético interés de una red mundial de empresas multinacionales no filiadas en ningún sitio. Esto es solo aparentemente verdad porque, si bien las grandes multinacionales no pueden eliminar el Estado, sí que pueden condicionar sus políticas y doblegarlo, prestigiar los modelos económicos que a ellas les interesa e influir en aquellas decisiones, de carácter estatal, que les son más favorables. Esta situación avanza progresivamente y va restando poco a poco poder a los Estados. 

Del mismo modo, los países receptores de nuevas industrias son dependientes de tecnologías y de empresas en absoluto comprometidas con el interés de las naciones que les acogen. En todos los casos el que pierde es el Estado y la autonomía nacional. De modo recíproco, un poder no filiado geográficamente crece superpuesto a los antiguos Estados, sin que de momento tenga parangón en ninguna otra fuerza. Constituye un absurdo, por consiguiente, formular la democracia en términos de soberanía popular y representatividad social. Ya va siendo hora de decir lo que el término “democracia” significa realmente o, por lo menos, de redefinirlo en otros términos. Hay que decir a la gente que el poder que toma las decisiones está muy lejos de lo que nos dicen. Al final todo parece una tramoya.