La intolerancia del sanchismo más ideologizado

Prometieron que con internet llegaba el ágora del siglo XXI, la plaza pública donde todas las voces, desde el filósofo hasta el frutero, tendrían el mismo altavoz. Pero algo salió mal. En lugar de ágora, nos han montado un teatro de guiñoles donde los hilos los manejan algoritmos invisibles y los aplausos dependen del humor de una turba con hambre de escarnio.

Y mientras tanto, en casa, el Gobierno ha perfeccionado el arte de la mordaza posmoderna. Lo vimos con la censura a los medios críticos: entrevistas vetadas, ruedas de prensa con preguntas filtradas, directores de informativos presionados para que el Telediario parezca un publirreportaje de La Moncloa. Aquí no hace falta cerrar periódicos: basta con congelar la publicidad institucional o negar el micro.

En la trastienda digital, la censura es aún más sutil. No hay martillo de juez ni veto oficial. Hay algo peor: el shadow banning, ese castigo de silenciar sin avisar, como si uno gritara en una habitación insonorizada. Nadie te dice que estás censurado, simplemente dejas de existir. Orwell lo imaginó con el Ministerio de la Verdad. Zuckerberg lo implementó con inteligencia artificial. Y en España, algunos lo celebran con sonrisa complaciente.

Y si no te silencian los algoritmos, te cancela el vecindario. La cultura de la cancelación ha convertido las redes y medios en una partida de Operación Triunfo: un mal comentario de hace años, y te votan fuera. ¿Importa si has cambiado? ¿Si pediste perdón? ¿La realidad? No. Se quieren cabezas, no matices.

Para rematar, el Gobierno español ha convertido la descalificación en política de Estado: si criticas a Sánchez, eres un facha; si pides transparencia, eres un nostálgico del franquismo; si dudas de sus pactos, es que odias la democracia. Han sustituido el argumento por la etiqueta, la autocrítica por la consigna. Aquí, discrepar ya no es ejercer la razón: es pasarse al lado oscuro.

Y por si fuera poco, llega ahora otra versión de la mordaza: leyes que pretenden condenar como discurso de odio el simple hecho de afirmar que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Decir lo que es biológicamente evidente se convierte en delito, mientras se aplaude al que borra la realidad a su golpe de eufemismo. La biología, al banquillo; la ideología, al podio. España, país pionero en prohibir el sentido común.

Lo vimos también con el señalamiento a jueces, con la campaña de descrédito contra periodistas incómodos, con el intento de crear una agencia estatal de “verdad” bajo el disfraz de “desinformación”. Todo con la bandera de la libertad… bien planchada para no arrugar la propaganda.

Algunos gobiernos, como el alemán, han impuesto a las plataformas la tarea de decidir qué se puede decir. Les han dado el silbato y el reglamento, pero sin jueces. Resultado: censura preventiva. Porque, como suele decirse, “más vale cortar por lo sano que pensar dos veces”.

Lo que está en juego no es menor: es la libertad de disentir. De equivocarse. De opinar sin pedir permiso. Y eso, en democracia, no es un lujo: es la base del contrato social.

Porque si solo se puede hablar cuando se coincide, entonces no estamos hablando: estamos repitiendo. Y eso no es libertad, es domesticación.

Así que no, no es libertad de expresión si la vigila un algoritmo y la juzga una turba. O si el presidente decide quién es demócrata y quién no. Es otra cosa. Es miedo. Es sumisión. Y en nombre de la tolerancia, se está volviendo tolerable que nos callen.

Y yo, sinceramente, no estoy para callarme. 

A.M. BEAUMONT