Pedro Sánchez se va de vacaciones con otro disgusto: el fiscal general se sentará en el banquillo

No hay día tranquilo para el Gobierno. Este martes, tras el último Consejo de Ministros del curso, Sánchez encaraba sus vacaciones, esas que le pagamos todos a cuerpo de rey. Parecía que comenzaba una tregua, pero no. A Pedro la mala noticia le ha pillado haciendo las maletas, preguntándole a Begoña si se había acordado de meter los cargadores de los móviles... Y de repente... ¡Boom! Llega la noticia: el fiscal general, su fiscal general, se sentará en el banquillo de los acusados por el delito de revelación de secretos. Así lo ha decidido la Sala de Apelación del Supremo, que era el clavo ardiente al que se agarraba Álvaro García Ortiz para librarse de ir a juicio. Queda claro que hay indicios suficientes de delito para sentarle ante el juez.

Hoy es el día en el que tenemos que recordar aquellas palabras de Sánchez cuando los investigadores le dijeron al juez que no había mensajes en el móvil analizado de García Ortiz. No los había porque el fiscal general los borró, todos y cada uno de ellos. Aquello dio pie a Sánchez para preguntar en una rueda de prensa: "¿Quién va a pedir disculpas ahora al fiscal general?".

La pregunta ahora, meses después, es otra: ¿va a pedir disculpas Pedro Sánchez a los ciudadanos españoles por habernos tratado de manipular y engañar? Esa frase que repiten desde La Moncloa sin parar, "el tiempo pone a cada uno en su sitio", se ha hecho realidad. El fiscal general está en su sitio: el banquillo de los acusados. Y su jefe, Pedro Sánchez, ha quedado retratado una vez más.

Es una buena noticia, por cierto, que Álvaro García Ortiz sea juzgado. Su actuación, la presunta revelación de datos confidenciales de un particular como es el novio de Isabel Díaz Ayuso, con la intención política de atacarla a ella, es una operación impropia de un fiscal general y de una democracia avanzada. 

Cualquier cosa que no sea la dimisión inmediata de García Ortiz es un atentado a la democracia. Y si él no dimite, Sánchez debería destituirlo porque tiene herramientas a su alcance. La ley le da la potestad para hacerlo cuando la actuación del fiscal atente contra el interés general. Aunque, claro, aquí ambos son compinches, y el primero que atenta contra el interés general —a diario, además— es el propio presidente del Gobierno.