editorial

El desprecio de Sánchez al Supremo y a Antifraude en 24 horas dramáticas

Ha respaldado sin fisuras al Fiscal General, ignorando el fallo judicial como si fuera irrelevante. Esta postura cuestiona el respeto del Gobierno por la independencia judicial y debilita la confianza en el Estado de derecho

Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una fotografía tomada en septiembre de 2022.FERNANDO CALVO

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En apenas 24 horas, Pedro Sánchez ha desafiado abiertamente la autoridad del Tribunal Supremo y de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, evidenciando un preocupante menosprecio por la justicia y las instituciones. La Sala de Apelación del Supremo ha avalado que el Fiscal General sea juzgado, una decisión que refleja la gravedad de los indicios contra una figura clave del sistema judicial. Sin embargo, Sánchez ha respaldado sin fisuras al Fiscal General, ignorando el fallo judicial como si fuera irrelevante. Esta postura cuestiona el respeto del Gobierno por la independencia judicial y debilita la confianza en el Estado de derecho.

Paralelamente, la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana destapó un escándalo al revelar que el título académico exhibido por el comisionado para la DANA, Ángel, es falso. El informe de la agencia es claro: las credenciales son fraudulentas, lo que pone en duda la legitimidad del comisionado y los procesos de selección del Gobierno. Sorprendentemente, el PSPV ha desestimado el informe, pidiendo “prudencia” y alabando la “brillante trayectoria” de Ángel. Esta respuesta arrogante no solo socava la credibilidad de Antifraude, sino que también insulta la inteligencia de la ciudadanía, insinuando que la lealtad política prevalece sobre la rendición de cuentas.

Las acciones de Sánchez reflejan un patrón de priorizar a sus aliados políticos sobre la confianza en las instituciones. Al respaldar a un Fiscal General judicialmente comprometido y desoír las conclusiones de Antifraude, el Gobierno parece dispuesto a erosionar la integridad de los pilares democráticos. Este doble desafío en un solo día no solo es un desprecio a jueces e instituciones, sino también un mensaje claro: la política está por encima de la ley. En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, estas actitudes solo alimentan el descrédito y la indignación pública.