Dimitir, ese nombre ruso

En España hemos aprendido y naturalizado algo, que el escándalo ya no escandaliza. Y eso es muy peligroso. Se anuncia una trama, se detiene a un intermediario, se investiga a un alto cargo, se habla de contratos inflados y de comisiones sospechosas… y la maquinaria sigue funcionando como si nada.

El PSOE, en los últimos años, ha convertido esa normalidad tóxica en un método político, cuyo éxito ha tenido como base la pasividad de una sociedad anestesiada.

El caso Koldo no fue un tropiezo administrativo, fue la revelación de una red de contratos bajo sospecha, de vínculos incómodos y de dinero público moviéndose en entornos demasiado opacos (por ser suave). Hubo detenciones y hubo declaraciones judiciales. Hubo nombres que pesaban, pero no hubo una asunción política proporcional al daño causado; porque se protegió la estructura, se encapsuló el problema y se sacrificaron piezas menores, mientras el edificio permanecía intacto.

La trama no se desinfló, sino que se amplió. Procesamientos, nuevas líneas de investigación y más dirigentes señalados. Y con cada avance judicial se abrían preguntas políticas que jamás obtuvieron ninguna respuesta. Porque el patrón se repite: mientras no haya condena firme, aquí nadie se da por aludido y, en el caso de que la haya, el foco se orienta hacia la “fachosidad” de todos los implicados en llevar a buen puerto el proceso judicial. La responsabilidad política ha sido reducida a un tecnicismo procesal.

En 2025 el perímetro del escándalo se ensanchó todavía más, con decenas de cargos y entornos vinculados al partido, que quedaron bajo sospecha en distintas investigaciones. Más de 80 nombres relacionados con irregularidades o presuntas prácticas corruptas. A eso se añadieron denuncias internas por conductas impropias y casos de acoso sexual y laboral que obligaron a dimisiones discretas, siempre tratadas como episodios individuales. Nunca como síntoma de una podrida cultura de poder.

La estrategia es clara, resistir convirtiendo cada revelación en simple ruido y diluir la gravedad en el enorme volumen informativo, para seguir gobernando como si la erosión moral no existiera.

Pero la corrupción no es un problema estético, ni una mancha en la reputación. La corrupción es una forma de deterioro institucional que nos ha conducido a una situación irrespirable. Cada contrato bajo sospecha es dinero que no va a donde debería, cada adjudicación irregular es una distorsión del interés general, cada decisión contaminada por el cálculo o el favoritismo ideológico erosiona la confianza pública. Y cuando la mala gestión en infraestructuras críticas termina en tragedias, cuando hay muertos y heridos, el listón de exigencia debería elevarse automáticamente y, sin embargo, en ese momento tampoco dimite nadie.

El núcleo del problema es la impunidad política, no la jurídica. Nadie asume que dirigir implica responder y nadie parece entender que el poder no es un derecho adquirido sino una responsabilidad revocable por dignidad propia.

Y en medio de ese contexto, el presidente del Gobierno comparece, tarde, mal y a rastro, en el Congreso de los Diputados y decide utilizar la tribuna para hacer referencias a Bad Bunny como metáfora política y para señalar a periodistas críticos como Iker Jiménez, acusándolos de propagar bulos. Pero no se equivoquen, no se trata de gustos musicales ni de simpatías mediáticas, se trata de prioridades. El Parlamento se ha convertido en un escenario para desviar la atención y para ajustar cuentas con comunicadores incómodos, dejando de ser el lugar en el que se responde ante la Nación.

Cuando un Gobierno acumula investigaciones que afectan a su entorno (a todo su entorno), cuando la credibilidad institucional está bajo sospecha, cuando hay ciudadanos que exigen explicaciones por contratos, por decisiones, por fallos graves y por ausencia absoluta de gestión; la respuesta no puede ser ironía cultural ni señalamiento personal. Eso no es liderazgo, es distracción, es una bomba de humo ninja de un presidente fantasma.

Lo verdaderamente corrosivo no es que existan casos judiciales, sino la resistencia a asumir consecuencias políticas, la convicción de que aguantar es “suficiente”. Que el desgaste se compensa con relato y que el tiempo diluye la indignación; llevando la máxima de que “quien resiste, vence” a su extremo más perverso.

España se ha acostumbrado a algo que debería resultarnos insoportable, que el listón ético suba y baje según quién gobierne; que lo que ayer era intolerable hoy sea matizable. Que la dimisión se exija al adversario y se relativice en casa propia. Esa doble vara ha hecho más daño a la democracia que cualquier discurso, porque se ha convertido en la herramienta que unos y otros utilizan para seguir llenando el saco de excrementos en el que se han convertido los partidos políticos.

Porque aquí el poder no se abandona por responsabilidad, se abandona, únicamente, cuando no queda otra. Nunca por convicción moral.

Y así seguimos, encadenando escándalos y soportando explicaciones (supuestamente) técnicas. Asistiendo a comparecencias que no comparecen ante lo esencial y normalizando que el Parlamento se convierta en un espacio de sarcasmo mientras las preguntas incómodas, las que realmente importan, quedan sin respuesta.

Hace mucho tiempo que comprendí que el problema ya no es un caso concreto, ni un dirigente concreto. Es cultural. Es la convicción arraigada de que el poder se retiene a cualquier precio, de que la ética es negociable, de que la responsabilidad es retórica y de que la indignación dura lo que dura un ciclo mediático.

Cuando un país interioriza eso, la degradación no es puntual, es estructural.

Porque en España, cuando la ética debería imponerse al cálculo, cuando la dignidad debería imponerse al cargo, cuando la responsabilidad debería imponerse al relato… dimitir suena a palabra extranjera, lejana e impronunciable...

Dimitir. Ese nombre ruso.