Irán, Europa y la impostura moral del Gobierno español

Oriente Medio vuelve a arder y, una vez más, Europa se enfrenta a una prueba de coherencia estratégica. Los ataques del régimen iraní contra Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania han ampliado el perímetro del conflicto y han dejado algo meridianamente claro: la República Islámica no es un actor reactivo ni defensivo, sino un poder revisionista dispuesto a desestabilizar la región cuando percibe debilidad.

No lo dice únicamente Washington o Jerusalén. Lo ha dicho el propio Parlamento Europeo en resoluciones recientes, con una amplia mayoría del arco parlamentario: el régimen iraní constituye una amenaza estratégica, tanto por su programa nuclear como por su apoyo sistemático a redes armadas que operan como extensiones de su política exterior. A ello se suma una represión interna brutal: ejecuciones masivas, persecución de mujeres, encarcelamiento de jóvenes, hostigamiento de minorías y un uso creciente de la pena de muerte como instrumento político.

Europa lo sabe. Lo ha votado. Lo ha condenado formalmente. Y, sin embargo, cuando la crisis estalla, el debate en España se desliza hacia un terreno de comodidad moral que evita el núcleo del problema. El Ministro Albares condena la escalada pero diluye la responsabilidad estructural del régimen que durante años ha financiado milicias, alentado la desestabilización regional y desafiado abiertamente el marco de no proliferación nuclear.

La reciente condena de Arabia Saudí a los ataques contra la soberanía de Emiratos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania no es un gesto menor. Es la constatación de que incluso actores tradicionalmente prudentes perciben que el régimen iraní ha cruzado líneas rojas. Cuando países del Golfo, históricamente cuidadosos en su retórica, denuncian “agresiones traicioneras”, el mensaje es inequívoco: la desestabilización no es narrativa, es hecho.

Frente a ello, Estados Unidos ha desplegado un músculo militar significativo en la región. La disuasión no surge en el vacío; responde a acumulaciones previas de tensión, amenazas y actos hostiles.

Aquí emerge la contradicción española. España forma parte de la Unión Europea. Respaldó resoluciones que señalan la naturaleza del régimen iraní y su conducta desestabilizadora. Y a pesar el amplio respaldo de los socialistas europeos a las recientes resoluciones, el discurso sanchista dopado por la hipocresía de sus socios, tiende a formular la crisis como si todos los actores operaran en igualdad de condiciones, como si la responsabilidad estuviera equitativamente distribuida y como si la escalada fuese simplemente el resultado de “excesos” mutuos.

Esa equidistancia retórica tiene un coste político: erosiona la credibilidad exterior. No se puede, al mismo tiempo, aprobar textos que califican al régimen iraní como amenaza estratégica y proyectar internamente una narrativa que diluye esa caracterización cuando la tensión se materializa.

El problema no es defender la desescalada. El problema es hacerlo ignorando las causas estructurales y con su clásica doble vara de medir. Durante años, el régimen iraní ha proyectado poder mediante actores proxy, ha tensado el equilibrio regional y ha instrumentalizado la presión nuclear como herramienta de negociación. A ello se añade una situación interna marcada por crisis económica, depreciación monetaria, protestas sociales y represión sistemática.

Un régimen bajo presión externa e interna tiende a externalizar la crisis. La historia geopolítica ofrece numerosos precedentes.

En este contexto, la posición española parece más orientada a la política doméstica que a la estrategia internacional. Y no digamos ya nada del mensaje infantil de los socios del Gobierno. Se prioriza el gesto discursivo frente al análisis estructural. Se subraya el riesgo de desorden global pero se evita nombrar con claridad el origen de buena parte de esa inestabilidad. Y, por supuesto, ni media palabra sobre las violaciones de derechos especialmente de las mujeres y los niños en Irán.

Europa no puede permitirse ese lujo. La seguridad energética, las rutas comerciales, la estabilidad del Mediterráneo ampliado y la arquitectura de no proliferación nuclear están en juego. El Estrecho de Ormuz no es un símbolo abstracto: es un punto neurálgico del comercio mundial. Cualquier alteración prolongada tendría consecuencias directas en la economía europea.

La cuestión de fondo es simple: ¿quiere España ejercer una política exterior coherente con el marco europeo que respalda o prefiere mantener una ambigüedad calculada que satisfaga equilibrios internos?

La coherencia no implica belicismo. Implica claridad. Significa reconocer que un régimen que ejecuta opositores, reprime a mujeres por incumplir códigos de vestimenta, persigue minorías y financia estructuras armadas regionales no es un actor neutro en el tablero. Y que cuando amplía el conflicto hacia Estados soberanos del Golfo, la respuesta internacional no puede reducirse a fórmulas genéricas.

Europa ya ha dado un paso al identificar la naturaleza del problema. El desafío ahora es sostener esa definición cuando la realidad se vuelve incómoda. España, como Estado miembro, no puede aspirar a liderazgo internacional mientras oscile entre la retórica europea y la ambigüedad doméstica.

En política exterior, la credibilidad es capital estratégico. Y la credibilidad se construye alineando discurso, voto y posición pública. Lo contrario no es prudencia; es inconsistencia.

La crisis actual no es únicamente una confrontación regional. Es una prueba de madurez estratégica para Europa. Y, en particular, para aquellos gobiernos que deberán decidir si prefieren la claridad incómoda o la neutralidad confortable. No se puede engañar a todos todo el tiempo.