El termómetro del odio de Sánchez

Pedro Sánchez quiere medir el odio. Resulta curioso que quien ha hecho de la confrontación su política ahora pretenda convertirse en su árbitro.

Lo ha anunciado el presidente con solemnidad: un observatorio, una herramienta, un sistema para detectar discursos que generen odio en la sociedad. El “odiómetro” sanchista.

La idea tiene algo de paradoja. Cuando el poder quiere medir el odio, conviene preguntarse quién lo ha alimentado.

Porque pocas cosas han avivado tanto la tensión política en España durante los últimos años como la estrategia del propio Gobierno: dividir, señalar, etiquetar. Quizá el primer lugar donde deberían medirlo sea en La Moncloa.

Ahora resulta que quienes han convertido el debate público en una sucesión de bandos quieren presentarse como árbitros de la convivencia.

Medir el odio suena bien. Pero plantea una pregunta inevitable: ¿quién mide al medidor?

Porque el problema de estas iniciativas no está en la intención declarada —nadie puede estar a favor del odio—, sino en el poder que se arrogan quienes pretenden decidir qué lo es y qué no.

En democracia, la frontera entre proteger la convivencia y controlar el discurso es extremadamente delicada. Y la experiencia reciente aconseja prudencia.

Cuando el poder político empieza a clasificar opiniones, señalar discursos y establecer categorías morales desde el Estado, la libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en una concesión. La historia europea está llena de ejemplos.

La convivencia no se protege con aparatos burocráticos que vigilan el lenguaje. Se protege con instituciones fuertes, ciudadanos libres y una política que rebaje el tono en lugar de alimentarlo.

Crear un observatorio del odio puede ser una buena idea si nace del consenso. Pero cuando lo impulsa un poder que ha hecho de la confrontación su principal herramienta política, el resultado suena menos a convivencia que a control.

Porque medir el odio es fácil. Lo difícil es dejar de producirlo.

A.M. BEAUMONT