Sánchez y Begoña Gómez desesperados: intentan frenar el juicio por jurado a la tetraimputada como sea

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y tetraimputada por malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, pide que se revoque la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio ante un jurado popular y, de paso, que se paralice todo el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos. Argumento central: la medida supone una “ablación” del derecho fundamental a un juez predeterminado por la ley.

El cinismo es colosal. Los socialistas, los más progres de entre los progres, nos vendieron la Ley del Jurado en 1995 como la gran conquista democrática: “¡El pueblo juzgando al pueblo!”. Nada más progre, decían, que los ciudadanos corrientes impartiendo justicia. Ahora, cuando ese mismo “pueblo” puede sentarse en el banquillo a juzgar a la mujer del presidente, resulta que el jurado popular vulnera derechos fundamentales y es mejor un juez profesional. De repente, los mismos que llevan años denunciando “lawfare” y tildando de fachas a los jueces instructores, descubren que un magistrado es mucho más fiable que doce conciudadanos.

No es casualidad. Los jurados populares condenan en el 90 % de los casos. Y la instrucción de Peinado, pese a los reiterados reveses de la Audiencia, ha acumulado indicios suficientes para llevar a juicio a la primera dama por delitos de corrupción que salpican directamente al corazón del poder. Sánchez y Begoña saben que un jurado no se deja impresionar por los comunicados de Moncloa ni por las lágrimas televisadas. Por eso recurren a la triquiñuela procesal, a la maniobra dilatoria, a la paralización cautelar. Cualquier cosa antes de que el pueblo, ese que tanto invocan cuando les conviene, decida si la tetraimputada es inocente o culpable.

Desesperación pura. En España desde 1995 se han celebrado unos 10.000 juicios por jurado. Así que hay que pensar que Begoña Gómez busca un privilegio que los simples mortales no tienen. Porque si el jurado popular es bueno para los demás, también lo es para la mujer del presidente. O es que, para Sánchez y los suyos, la justicia popular solo vale cuando no les toca a ellos.