Sánchez ha secuestrado la democracia
Pedro Sánchez en el pleno del pasado día 24 de junio
Las democracias no suelen romperse de golpe. Se desgastan. Se erosionan lentamente. Van perdiendo piezas sin que apenas nos demos cuenta. Un día dejan de aprobarse los Presupuestos. Otro se debilita el control parlamentario. Más tarde, las decisiones judiciales sustituyen al debate político. Y, cuando queremos reaccionar, descubrimos que la normalidad ha dejado de ser normal.
España vive una situación inédita. Un presidente del Gobierno gobierna sin una mayoría estable, sin Presupuestos y con una legislatura sostenida exclusivamente por la necesidad de resistir. No se gobierna pensando en el interés general. Se gobierna para que sobreviva el presidente.
Este mismo jueves el Congreso dejó una imagen muy significativa. Una mayoría absoluta aprobó una iniciativa instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, en su defecto, a convocar elecciones. No le obliga jurídicamente a hacerlo. Pero sí retrata una realidad política: la mayoría que hizo posible su investidura ya no actúa como un bloque sólido.
Mientras tanto, los juzgados ocupan el espacio que debería corresponder a la política. Casi cada día aparece una nueva resolución judicial o una investigación policial que afecta al entorno del poder. El Congreso ha perdido buena parte de su protagonismo. La oposición apenas consigue abrirse paso en la agenda política. Los socios marcan el rumbo a cambio de concesiones permanentes. Y los españoles contemplan una escena que parece no tener final.
Lo más preocupante no es un escándalo concreto. Ni siquiera una investigación judicial. Lo verdaderamente inquietante es la sensación de que las instituciones han dejado de funcionar con la normalidad que exige una democracia madura. Cuando todo gira alrededor de la permanencia de un solo hombre en La Moncloa, el sistema entero acaba girando con él.
No se trata de cuestionar la legitimidad de origen del Gobierno. Nadie la discute, aunque Pedro Sánchez no ganara las elecciones. Se trata de preguntarse por la legitimidad de ejercicio cuando la prioridad deja de ser gobernar para convertirse en resistir. Cuando cada decisión se mide por su utilidad para prolongar la legislatura y no por el beneficio para España.
Una democracia pertenece a los ciudadanos, no a quienes ocupan temporalmente el poder. Y cuando la política da la impresión de estar secuestrada por la estrategia de supervivencia de un presidente, la salida solo puede ser una: devolver la palabra a los españoles.
Porque la democracia no consiste únicamente en ganar unas elecciones. También exige saber cuándo ha llegado el momento de volver a convocarlas. Ahí reside, precisamente, la diferencia entre ejercer el poder y aferrarse a él.
A. M. BEAUMONT