Sánchez se disfraza de perroflauta

El hermano de Pedro Sánchez ya está condenado. La sentencia, lógicamente, gustará más o menos. Además, seguramente, será recurrida. Para eso están los tribunales superiores. Lo que es mucho más preocupante es la respuesta política del Gobierno.

Desde La Moncloa no se ha optado por el respeto institucional ni por la prudencia. La estrategia elegida vuelve a ser la misma otra vez: señalar que existe una operación de jueces para acabar con el presidente del Gobierno. Una teoría de la conspiración que no hace tanto habría sido patrimonio de los marginales de la política y que hoy forma parte del argumentario oficial del poder.

Es un absurdo difícil de explicar. Quien dirige el Estado cuestiona al propio Estado cuando las resoluciones judiciales no le favorecen. Aquel que exige confianza en las instituciones es el primero en sembrar dudas sobre ellas cuando afectan a su entorno político o familiar.

El problema ya no es una sentencia. Ni siquiera un caso concreto. El verdadero problema es convertir cada decisión judicial incómoda en la prueba de una persecución organizada. Porque ese camino erosiona la credibilidad de los jueces, alimenta la desconfianza ciudadana y degrada el funcionamiento de la democracia.

No hace falta compartir todas las resoluciones de un tribunal para respetarlas. Ese es precisamente el fundamento del Estado de Derecho. Lo contrario consiste en aceptar la Justicia únicamente cuando da la razón al poder y desacreditarla cuando no lo hace.

A fuerza de repetir que todo responde a una confabulación, el sanchismo ha terminado instalado en un discurso impropio de un Gobierno europeo. Ya no actúa como quien gobierna las instituciones. Habla como quien pretende desacreditarlas para sobrevivir políticamente. Y ese es un coste muy alto para cualquier democracia.

A.M. BEAUMONT