Sánchez mete cada vez a más jueces en la 'fachosfera': la Audiencia Provincial de Madrid, último tribunal señalado

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal popular por dos delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Ha mantenido la esencia de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, aunque ha descartado otros dos delitos y ha levantado las medidas cautelares. Es una resolución técnica, motivada y dentro de la normalidad procesal. Para el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, sin embargo, es una nueva prueba de que la Justicia está secuestrada por la “fachosfera”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Moncloa y Ferraz han vuelto a hablar de “persecución política”, “obsesión” y “escándalo democrático”. Se insiste en que Begoña Gómez es inocente y en que todo obedece a un complot para dañar al presidente. La misma cantinela que se repite cada vez que un juez o un tribunal no archiva sumariamente las causas que afectan al entorno de Sánchez. Ya ocurrió con Peinado, con el CGPJ, con el Tribunal Supremo en otros asuntos y ahora le toca a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los cinco magistrados de esa sección -con perfiles mayoritariamente conservadores y que en su día promovieron una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía- se han convertido, de la noche a la mañana, en sospechosos de parcialidad. No importa que la Audiencia haya corregido al instructor en ocasiones anteriores ni que su resolución esté fundamentada en indicios que considera “verosímiles” y con “fuerza incriminatoria consistente”. Para el relato oficial, cualquier avance judicial contra la esposa del presidente es, por definición, un ataque político.

Este patrón resulta ya previsible. Sánchez no admite que la Justicia funcione con independencia cuando investiga a los suyos. Prefiere convertir cada auto adverso en una conspiración de derechas. De este modo, mete cada vez a más jueces y tribunales en su particular “fachosfera”, un cajón de sastre ideológico con el que deslegitima a quien no le resulta cómodo. La Audiencia Provincial de Madrid es solo el último en una lista que no deja de crecer.

La democracia no se defiende señalando a los tribunales ni desacreditando a los magistrados que aplican la ley. Se defiende respetando la separación de poderes y aceptando que nadie, ni siquiera la familia del presidente, está por encima de la Justicia. El Gobierno parece haber elegido el camino contrario. Y cada nueva señalización judicial lo demuestra con mayor claridad.