Sánchez, con manipular el censo no se juega

El Tribunal Supremo ha echado el freno a uno de los asuntos más delicados en una democracia: la composición del censo electoral. Es decir, quién tiene derecho a decidir en las urnas el futuro de España.

La Sala Tercera ha suspendido cautelarmente la inscripción de los nacionalizados mediante la llamada “ley de nietos” que no acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados. La resolución determina suficientemente serias las dudas como para paralizar sus efectos electorales hasta dictar sentencia. No es asunto menor.

La Ley de Memoria Democrática permitió obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Sin embargo, una instrucción dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, amplió notablemente su alcance. Lo hizo sin pasar por el Congreso, sin debate parlamentario y sin que los españoles pudieran conocer las consecuencias reales de esa decisión.

¿Una alta funcionaria decidiendo por vía administrativa ensanchar lo aprobado por las Cortes? Sospechoso. Más cuando el ensanchamiento iba encaminado a incorporar al censo a cientos de miles de nuevos electores.

Alberto Núñez Feijóo denunció hace meses una operación de “ingeniería electoral”. El Gobierno y sus terminales mediáticas se abalanzaron sobre el líder del PP. Ahora es el Supremo quien exige separar los expedientes que cumplen literalmente los requisitos legales de aquellos nacidos gracias a la instrucción de la hermana del ministro.

La reacción gubernamental es muy reveladora. Su gran preocupación es que el tribunal resuelva antes de las próximas elecciones. Si todo esto iba solamente de memoria, reparación y justicia, ¿por qué tanta inquietud con el calendario electoral? Raro, raro.

El Supremo tendrá que decidir sobre el fondo. Hasta entonces conviene no adelantar la sentencia. Pero la medida cautelar ya deja una evidencia política: había razones muy serias para sospechar que el Gobierno estaba estirando la ley mucho más allá de lo aprobado por el Parlamento.

La nacionalidad merece respeto. La memoria también. Pero el censo electoral exige garantías absolutas. Porque un Gobierno puede interpretar una ley. Lo que no puede hacer es ensancharla a su mejor provecho y esperar que nadie pregunte cuántos votos caben dentro.

A.M. BEAUMONT