Sánchez ultima un golpe para tapar su corrupción: Zapatero y Cerdán podrían irse de rositas
Atención a este asunto, tan técnico como escandaloso. El Gobierno pretende aprobar en el Congreso una ley que nos vende como de lucha contra la corrupción, pero que en realidad es lo contrario, una reforma que habría facilitado ocultar a los propietarios reales de Servinabar y de Análisis Relevante y, además, vestir de legalidad esa ocultación.
El proyecto de Ley de Integridad Pública permite transmitir participaciones empresariales, acciones, con documento privado electrónico, sin notario. Se elimina el control de legalidad previo que realizan los notarios y se debilita la Base de Datos de Titularidad Real, la herramienta con la que la UDEF y la UCO reconstruyen quién está detrás de una sociedad. Esa intervención notarial es absolutamente decisiva para detectar operaciones opacas de blanqueo y corrupción. Sin ella, el Registro puede recoger una estructura formalmente inscrita que no coincida con la realidad.
En Servinabar, Antxon Alonso vendió a Santos Cerdán el 45% por 6.000 euros en un contrato privado de 2016 que nunca se elevó a público. La UCO lo encontró en un registro. Si la ley de Sánchez hubiera estado en vigor, Alonso lo habría tenido más fácil para esconder a Cerdán en el accionariado y, al mismo tiempo, dar apariencia de legalidad inscribiendo en el Registro una estructura ficticia o incompleta, sin que un notario verificara quién pagaba, quién mandaba y si el titular real era el que figuraba en el papel. Esa empresa canalizó millones de Acciona; Cerdán y su entorno habrían percibido más de 300.000 euros. Lo que hoy es prueba de un socio oculto pasaría a ser un diseño societario con barniz registral.
El mismo problema aparece en Análisis Relevante. La consultora de Julio Martínez cobró de Plus Ultra —rescatada con 53 millones públicos— y pagó a Zapatero unos 490.000 euros y a la empresa de sus hijas cerca de 240.000. La UDEF sitúa esa mercantil en el centro de una red de influencias. Los archivos notariales permitieron seguir la cadena de titularidad y descubrir un entramado diseñado para, presuntamente, blanquear dinero. Sin notario obligatorio, reconstruir al beneficiario real se convierte en un laberinto y la inscripción registral puede servir de coartada.
Sánchez sube penas en el BOE y recorta el instrumento que ha puesto contra las cuerdas a su partido. Si la norma sale adelante, Servinabar y Análisis Relevante no serán excepciones. Serán el manual: dueño oculto, estructura inscrita y Estado desarmado. A partir de ahora casos como el de Zapatero y Cerdán podrían irse de rositas no por falta de sospechas, sino porque el rastro se habría vuelto aparentemente legal… y muy opaco.