Maricarmen tenía que estar en su casa

Maricarmen tiene 87 años. Había vivido setenta en el mismo piso de Madrid. El miércoles salió de él en camilla, camino de una ambulancia. La escena debería haber obligado a todos a guardar un momento de silencio antes de empezar a echarse la culpa.

No ocurrió. Pedro Sánchez señaló a Ayuso y a Almeida desde Nueva York. El PP salió en su defensa. Sumar exigió a sus socios un decreto de vivienda. Cada cual encontró enseguida su lugar en la fotografía. El de Maricarmen, en cambio, ya no estaba en su casa.

Había una resolución judicial que daba por terminado su contrato de renta antigua. No debe olvidarse. También es bueno recordar de dónde viene la norma que limitó su duración: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada con el socialista Felipe González en La Moncloa. Un detalle que chirría con la facilidad con que el PSOE señala hoy a los demás.

Pero hay otro recuerdo aún más incómodo para Sánchez. En 2015 prometió que no habría más desahucios en España cuando gobernaran los socialistas. Desde que llegó a La Moncloa se han ejecutado más de 270.000 lanzamientos. La promesa era suya. La cifra también forma parte de sus años de gobierno.

Después llegaron una nueva Ley de Vivienda y la coalición con quienes se presentan como los grandes defensores de los inquilinos. Nada de eso evitó que Maricarmen saliera en camilla. Sánchez debería explicar qué intentó hacer por ella. Lo que no puede es hablar como si acabara de descubrir el problema al ver las imágenes del desahucio.

Tampoco Ayuso y Almeida pueden despachar el tema mirando al Gobierno central. Deben hacer todo lo que esté en su mano para que cuanto antes haya una solución. La empresa propietaria puede ampararse en una sentencia, pero tendrá que convivir con la imagen de cómo terminó este caso.

Maricarmen llevaba meses delante de todos. Su desahucio tenía fecha. Ahora Sánchez promete un decreto urgente y los demás preparan sus respuestas. Ella ya está fuera.