enfoques del director
Vivas se lo cuenta todo a la juez y Sánchez tiembla: puede haber responsabilidad penal por omisión
La declaración de Juan Jesús Vivas estrecha el cerco sobre la actuación del Gobierno antes de la entrada masiva en Ceuta: avisó hasta diez veces a Moncloa, reclamó medidas que no llegaron y ahora la jueza María Tardón investiga qué sabía el Ejecutivo y por qué no actuó, con la posibles consecuencias legales en el horizonte.
Juan Jesús Vivas ha salido este miércoles de la Audiencia Nacional "satisfecho". Ha comparecido como testigo ante la jueza María Tardón y le ha contado, con nombres, fechas y llamadas, lo ocurrido el 30 y el 31 de julio en Ceuta. Sobre todo, lo que pasó en los días previos, cuando advirtió una y otra vez de que se estaba cociendo algo gordo.
Ha detallado que llamó hasta diez veces a La Moncloa. Solo le contestaron en tres ocasiones. La última, para decirle que era un pesado y que no llamara más, que le diera el coñazo al delegado del Gobierno en Ceuta. Así, tal cual. Pedía emergencia nacional, mando único y refuerzo de efectivos. No obtuvo ninguna de las tres medidas a tiempo. Sánchez ni siquiera se puso al teléfono hasta el día 30, cuando la avalancha ya era un hecho.
Vivas se ha ido convencido de que la jueza quiere llegar hasta el final. Quiere saber exactamente qué ocurrió, si Marruecos está detrás, qué sabía el Gobierno español, quién lo sabía y cómo se actuó… o se dejó de actuar. “He visto implicación y determinación para esclarecer lo ocurrido”, ha dicho al salir. No es una frase de cortesía. Es la confirmación de que Tardón no está dispuesta a conformarse con la versión oficial.
Sobre lo primero hay muy pocas dudas. Marruecos está detrás de la invasión, como mínimo tolerándola. Es imposible que en una dictadura como esa, una monarquía absolutista islámica, el régimen no sepa que entre 80.000 y 100.000 personas —una ciudad como Toledo— se desplazan y se concentran en la frontera de El Tarajal. La Policía ya apunta al guiado activo desde el otro lado. Por si había dudas, incluso la Inteligencia del Ejército ha detectado, con nombres y apellidos, a siete decenas de militares marroquíes infiltrados entre los miles de inmigrantes ilegales.
Con todo y con eso, la pregunta que hace temblar a Sánchez es la segunda: qué sabía el Gobierno y qué hizo con esa información. Hubo múltiples avisos de los servicios de inteligencia de una entrada masiva a nado o por tierra el día 30. El CNI lo comunicó. Nadie actuó. Y no hacer nada, cuando se está avisado, puede constituir un delito por omisión. No es una hipótesis periodística: es el terreno en el que se mueve ya la instrucción.
El primero en caer será el ya ex delegado del Gobierno en Ceuta, dimitido a las puertas de las declaraciones. Pero la cadena no se detiene ahí. Alcanza al ministro del Interior y, si la instrucción lo sostiene, al propio presidente. Pronóstico: el exdelegado será imputado en breve. Cuando Tardón cierre la pieza, elevará el caso al Supremo para investigar a Marlaska, que está aforado. Ceuta no fue un accidente. Fue una omisión. Y las omisiones también tienen responsables.