Sánchez ante su espejo: Ceuta, la crisis que el Gobierno debe explicar

De la dana valenciana a los incendios de Madrid, de la reconstrucción de La Palma al accidente ferroviario de Adamuz, pasando por la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante la crisis de Ceuta, son una sucesión de episodios que obligan a examinar la gestión del Gobierno, la transparencia institucional y las posibles responsabilidades políticas. La cuestión no consiste en atribuir automáticamente cualquier desgracia, sino en determinar qué decisiones se adoptaron, qué advertencias se recibieron, qué recursos se movilizaron y qué explicaciones sigue pendiente de recibir el pueblo español.

La gestión de las emergencias constituye una de las pruebas más exigentes para cualquier gobierno, ya que no basta con anunciar millones de euros, comparecer ante los medios o proclamar que las instituciones han actuado correctamente. La responsabilidad pública exige explicar qué ocurrió, cuándo se conoció la gravedad de la situación, qué medidas se adoptaron, junto con el análisis de los errores que se pudieron evitar.

Durante los últimos años, España ha pasado por episodios de enorme impacto humano, económico y político. La dana, que arrasó amplias zonas de Valencia; la recuperación todavía incompleta de La Palma; los grandes incendios forestales; el accidente ferroviario de Adamuz y la crisis vivida en Ceuta han situado a las administraciones ante preguntas diferentes, pero relacionadas por una misma exigencia que no se ha satisfecho: la rendición de cuentas. No todos estos acontecimientos tienen la misma naturaleza ni dependen de una misma Administración.

En unos casos, las competencias están distribuidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En otros acontecimientos, resulta imprescindible esperar a las investigaciones técnicas y judiciales antes de la atribución de responsabilidades, lo que no puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades y explicaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez debe responder por sus propias decisiones, por la coordinación de los organismos estatales y por la información que ofrece al Parlamento. Es aquí donde cobra especial relevancia la crisis de Ceuta y la falta de información al Parlamento sobre la entrada de buques militares marroquíes en aguas territoriales españolas durante la invasión del 30 de julio.

Esta crisis ha abierto un interrogante que trasciende la gestión de la inmigración irregular. La presencia de buques de guerra marroquíes introduce una dimensión diplomática a la que corresponde una explicación detallada por parte del Gobierno.

Esta información respecto a los buques, que fue comentada por el presidente del Gobierno el pasado 12 de octubre, ha adquirido mucha relevancia después de la publicación de detalles sobre las incursiones y las actuaciones adoptadas por España para responder a ellas, puesto que, según el presidente del Gobierno, "aquellos días fueron intensos y difíciles, abordando el tema mediante una interlocución al más alto nivel". Este dato aportado por Sánchez es políticamente relevante, ya que no se trata sólo de una controversia sobre el control fronterizo, sino de un episodio relacionado con la soberanía territorial y la actuación de las Fuerzas Armadas.

La cuestión central es la no aparición de esta situación en la comparecencia parlamentaria del pasado 3 de septiembre, dedicada a explicar la gestión durante la invasión de Ceuta, junto con la circunstancia de que Moncloa informó de que, en la comparecencia, Sánchez informaría al Congreso de todo lo acontecido esos días, además de sus respuestas de gestión. Sin embargo, terminó ocultando un acontecimiento tan grave como la presencia de buques marroquíes en aguas españolas, lo que casi podría considerarse un acto de guerra.

En este caso, no basta con saber que hubo contactos diplomáticos, sino que es necesario conocer cuándo supo el Gobierno que se produjeron estas incursiones, qué información recibió Defensa, qué decisiones se adoptaron, qué comunicaciones se mantuvieron con Rabat y cuál fue el resultado de estas gestiones.

La coincidencia temporal entre la invasión terrestre y la incursión en aguas españolas justifica preguntas y comprobaciones, junto con la explicación sobre supuestos militares marroquíes que pudieran haber provocado una emboscada nocturna a una patrulla del Ejército español.

Estas faltas de explicaciones del Gobierno deben ser cuestionadas por falta de transparencia, ya que el Gobierno debe ofrecer, dentro de los límites de la seguridad nacional, una cronología de los hechos, las comunicaciones institucionales pertinentes y explicaciones sobre las medidas adoptadas. Lo que no se justifica en una democracia es que el Parlamento carezca de información suficiente, dando lugar a que la oposición no pueda controlar la actuación del Ejecutivo.

La acumulación de estas crisis puede alimentar una pregunta legítima sobre la calidad de la gestión del Gobierno, pero, jurídicamente, se podrían producir tres planos. El primero, de responsabilidad política, atendiendo a que la Constitución establece que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados", conforme al artículo 108.

El segundo es la responsabilidad administrativa y patrimonial, ya que el artículo 106.2 reconoce el derecho a ser indemnizado por las lesiones sufridas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, acreditándose la relación causal, los requisitos legales y los elementos exigibles en cada caso.

El tercer aspecto es el de la responsabilidad penal, que, según el artículo 404 del Código Penal, exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas. Para ello, sería necesario identificar conductas concretas, responsables determinados y elementos probatorios que den lugar a apreciar un delito.

Lo cierto es que, ante una crisis de la magnitud que sea, pero especialmente si alcanza la dimensión de lo sucedido en Ceuta, el Gobierno debe demostrar con hechos que las decisiones tomadas fueron adecuadas, que los errores se han corregido y que las instituciones están preparadas para responder mejor la próxima vez.

Pero, en el caso de Ceuta, una atención por parte del presidente del Gobierno de un rato en el territorio, el desfile de ministros hacia el Ayuntamiento sin aportar soluciones y la contemplación del uso de la mentira y la ocultación de datos, mientras la población civil ceutí ha sufrido una falta de libertad, una ocupación del territorio y un alto riesgo de seguridad, deben hacer pensar a la sociedad cuál es la catadura moral del Gobierno ante la sociedad, en especial en época de unas próximas elecciones generales.