Sánchez manipula el CGPJ: las zarpas del Gobierno impiden un comunicado de apoyo a la jueza Biedma
La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a exhibir hasta qué punto está secuestrado por el sanchismo. Diez vocales propusieron un comunicado de apoyo a la magistrada Beatriz Biedma, de Badajoz, instructora de la causa que terminó condenando al hermano del presidente del Gobierno. Los nueve vocales mal llamados progresistas —designados a propuesta del PSOE y Sumar— se opusieron frontalmente incluso a debatirlo. La presidenta Isabel Perelló exigió unanimidad y el pronunciamiento se quedó en nada.
El texto que impulsaban José Antonio Montero y otros nueve vocales era medido y elemental. Expresaba la “profunda preocupación” ante informaciones sobre posibles hostigamientos, seguimientos o intimidaciones contra Biedma y su entorno; trasladaba “cercanía, solidaridad y respaldo institucional”; recordaba que “ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación”; y subrayaba que la independencia judicial es una garantía de todos los ciudadanos. No prejuzgaba hechos. Solo defendía lo que el CGPJ tiene encomendado.
Los vocales sanchistas —Arozamena, Bodas, Fernández, Martín Contreras, Fernández Seijo, Erice, Queralt, Herrero y Avilés— lo vetaron invocando “prudencia” y “neutralidad”, porque el asunto está sub júdice en el caso Leire Díez y Biedma no ha pedido amparo. Es una excusa de cartón piedra. El mismo órgano se ha pronunciado en otras ocasiones sobre ataques a jueces sin que nadie acusara de prejuzgar. Cuando el objetivo es el hermano del presidente, el silencio se convierte en complicidad.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ya ha reprochado la falta de acuerdo y ha recordado que respaldar a una magistrada no supone prejuzgar hechos. Otras asociaciones (APM, Foro Judicial Independiente) cerraron filas antes con Biedma. Solo el bloque sanchista prefiere callar mientras las cloacas investigadas en la Audiencia Nacional —con contactos con clanes criminales y referencias a “eliminar” a la instructora— actúan, y mientras Biedma cuenta con protección policial.
Estamos ante la demostración de que las zarpas del Gobierno llegan hasta el órgano de gobierno de los jueces. Sánchez colocó a sus vocales para impedir que el CGPJ defienda la independencia cuando la investigación toca a su entorno. El veto no solo deja sola a una magistrada que ha cumplido con su deber. Deja solo al Estado de Derecho. Y eso es exactamente lo que el Gobierno persigue.