editorial

Sánchez, desesperado, consiente la violencia contra el PP y Vox para embarrar la campaña más sucia

Delegación del Gobierno en Galicia permitió que una concentración multitudinaria de grupos de extrema izquierda, convocada con permiso oficial, coincidiera en el mismo espacio físico con el acto de Vox

Disturbios en La Coruña por un mitin de Abascal

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La polarización y la radicalización, con violencia incluida, parecen haberse convertido en la receta a la desesperada de Pedro Sánchez para movilizar a los votantes de izquierdas. Es una espiral muy peligrosa e irresponsable, sí, pero ya hemos advertido que el presidente es capaz de cualquier cosa cuando lo que está en juego es su propia supervivencia política. Lo ocurrido contra Vox en La Coruña y contra el PP, concretamente contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, sigue un patrón demasiado claro como para atribuirlo al azar.

En la plaza de María Pita, la Delegación del Gobierno en Galicia permitió que una concentración multitudinaria de grupos de extrema izquierda, convocada con permiso oficial, coincidiera en el mismo espacio físico con el acto de Santiago Abascal. El resultado fue lanzamiento de piedras y sillas, cargas policiales, heridos entre los agentes y detenidos. No se trata de un fallo de coordinación: es la decisión consciente de no impedir que dos actos sensibles se celebren a la vez.

En Madrid, Ayuso quedó retenida contra su voluntad durante 40 minutos en un edificio porque la Unidad de Intervención Policial no llegaba. Una vez más, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid no actuó con la diligencia que se exige cuando el objetivo es una dirigente del PP. Estos episodios no parecen errores; parecen decisiones deliberadas. Y, por lo tanto, las consecuencias no son fortuitas: son buscadas o, como mínimo, provocadas.

Sánchez necesita un clima de confrontación permanente. Le resulta útil que la derecha aparezca envuelta en violencia, aunque esa violencia la generen sus propios socios y afines. Así se moviliza a la izquierda, se justifica la polarización y se intenta que el electorado olvide la gestión del Gobierno. El precio, sin embargo, es alto: se normaliza la coacción contra adversarios políticos y se pone en riesgo el orden público en plena campaña electoral.

Lo que está en juego ya no es solo el resultado del 29 de noviembre. Es el límite que un presidente está dispuesto a cruzar para no perder el poder. Y ese límite, a estas alturas, parece no existir.