El coste de despreciar la ciencia: la gran ausente del debate electoral

Fotos en el campus de Cartagena en varias salas y los laboratoriosRokas Petskevicius / UCAM

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El debate electoral entre los dos principales candidatos a gobernar España nos ha brindado una batahola dialéctica enviscada, mediocre y superficial sobre economía, fiscalidad, vivienda, sanidad, pensiones, inmigración, seguridad y otros asuntos de la agenda política inmediata. Pero, como era previsible, no se habló de ciencia ni de investigación. Ni siquiera se mencionaron. No es una anécdota menor, sino uno de los síntomas más reveladores de las carencias de nuestra cultura política, social y económica.

Resulta difícil encontrar una actividad que haya transformado tanto la historia de la humanidad y determinado tan profundamente el bienestar y la economía de las sociedades como la investigación científica. Sin embargo, en España sigue ocupando un lugar marginal en las prioridades políticas y en la propia percepción social del progreso. No parece que hayamos comprendido que la ciencia no es una actividad académica ornamental cuya financiación deba ajustarse a las disponibilidades presupuestarias. 

Al contrario: la ciencia es uno de los principales determinantes de la capacidad económica, tecnológica y estratégica de una nación. No se trata de que investiguemos cuando hayamos prosperado, sino precisamente de que investiguemos para prosperar. Hasta que nuestra economía no tenga una sólida base tecnológica no podremos salir de la inestabilidad, la precariedad y la dependencia gregaria de los líderes europeos y mundiales.

En conjunto, nuestra clase dirigente tampoco lo ha entendido. O, si lo ha entendido, la situación sería aún más preocupante, porque pondría de manifiesto una falta de sentido de Estado y de capacidad de gobierno que trasciende el ámbito científico, así como la prevalencia consciente de los intereses personales y partidistas sobre los generales. La falta de consideración por la ciencia es especialmente reveladora, ya que los frutos de una política profesional y estructurada de I+D comienzan a percibirse una generación más tarde, en un horizonte temporal y mental muy alejado de los afanes de subsistencia política inmediata. Son estos asuntos los que demuestran la altura de los gobernantes.

Históricamente, nuestra política científica ha sido siempre errática, inercial y de repliegue. En realidad, ni siquiera tenemos una estrategia profesional y estructurada más allá de una sucesión de ocurrencias de temporada. Por ejemplo, ¿por qué España destina el 1,5 % de su PIB a I+D? ¿Por qué esta cifra y no cualquier otra? Como referencia, la media de la Unión Europea está en el 2,3 %. La pregunta adquiere especial relevancia cuando la teoría económica lleva décadas reconociendo, a través de los modelos de crecimiento endógeno, que el conocimiento, la innovación y el capital humano constituyen motores fundamentales del crecimiento sostenido.

Estados Unidos, principal potencia científica y económica mundial, invierte el 3,4 % de su PIB en I+D. Un estudio de C. I. Jones y J. C. Williams, publicado en 1998 en la revista The Quarterly Journal of Economics y titulado «Measuring the Social Return to R&D» («Medición del retorno social de la I+D»), desarrolló un modelo de crecimiento económico para relacionar la rentabilidad social de la I+D con el nivel de inversión. 

Su conclusión fue que, incluso utilizando estimaciones conservadoras, la inversión óptima podría situarse entre dos y cuatro veces por encima de la inversión efectiva. Esto no significa que España deba aspirar automáticamente al 13,6 % del PIB, sino que el rendimiento social potencial de la investigación puede justificar niveles de inversión muy superiores a los que el mercado, por sí solo, genera. La relación es bidireccional, ciertamente, pero ignorar la contribución del conocimiento a la prosperidad es desconocer uno de los mecanismos esenciales del desarrollo.

Los países que han construido sistemas científicos sólidos poseen las economías más prósperas y competitivas. Suecia, el líder europeo en inversión en I+D, destina alrededor del 3,5 % de su PIB; Alemania, el 3,11 %; Japón, el 3,5 %; Corea del Sur, el 5,3 %; e Israel, el 6,3 %. ¿Creen ustedes que nuestra cifra de inversión (eso que algunos siguen llamando gasto) es el resultado de un análisis económico profundo basado en modelos de optimización de inversiones y retornos, y en una planificación de los recursos e infraestructuras necesarios para alcanzar objetivos concretos en plazos determinados? 

Yo tampoco. Mientras nuestros vecinos y, en el contexto de un mundo globalizado, competidores sigan creciendo más que nosotros, la brecha seguirá haciéndose mayor y cada vez será más complicado y costoso alcanzarlos.

El problema no es exclusivamente presupuestario. Es, ante todo, conceptual. Nuestra clase dirigente parece no haber asimilado una premisa elemental: el retorno de la inversión eficiente en I+D es el resultado de una carrera de fondo, porque el conocimiento no se produce necesariamente allí donde se anticipa su utilidad.

Buena parte de los avances que han transformado la economía, la medicina y la tecnología proceden de investigaciones básicas cuyo aprovechamiento práctico era imprevisible cuando se iniciaron. Es la paradoja que denunció Abraham Flexner en su ensayo «La utilidad del conocimiento inútil». Exigirle una rentabilidad inmediata equivale a limitarlo de antemano.

Esta distinción debería estar en el fundamento de cualquier política científica. La inversión empresarial responde legítimamente a expectativas de rentabilidad y retorno económico. La inversión pública, en cambio, tiene también la responsabilidad de sostener la investigación cuyos beneficios son inciertos, diferidos o imposibles de anticipar, para crear condiciones óptimas para la innovación y apalancar la inversión privada del futuro. 

Esta es precisamente una de las tesis centrales de Mariana Mazzucato en su obra «El Estado emprendedor». La confusión de ambas lógicas revela que una de las raíces de la incompetencia política en este ámbito reside en la incomprensión de la propia naturaleza económica del conocimiento. A ella se suma la falta de preparación específica en las disciplinas que facilitarían la implementación de medidas presupuestarias y estratégicas adecuadas.

Otro factor importante es la incompatibilidad entre los tiempos de la ciencia y los de la política. La investigación exige continuidad, estabilidad institucional y horizontes que pueden prolongarse durante décadas. La política electoral, por el contrario, se organiza alrededor de legislaturas, resultados inmediatos y rentabilidad comunicativa. Un descubrimiento no suele proporcionar réditos electorales a quien financió la investigación que lo hizo posible. De ahí que la ciencia resulte tan vulnerable a dirigentes que confunden gobernar un país para desarrollarlo con gestionar la inmediatez, y que rara vez asumen compromisos cuyo rendimiento exceda el marco temporal de su mandato.

España necesita muchos más recursos y una política científica concebida como proyecto de Estado, sostenida en el tiempo, respaldada por dirigentes capaces de comprender su dimensión estratégica y ejecutada por expertos. No bastan los pírricos anuncios presupuestarios ni las convocatorias discontinuas; tampoco las raquíticas inversiones destinadas a exhibir una voluntad política que después no se traduce en capacidades científicas estables ni en canales de transferencia efectivos. 

El conocimiento requiere una apuesta estructural basada en cálculos técnicos de retornos por escalones de inversión, no ocurrencias gestuales descoordinadas sin fundamentos estratégicos cuantitativos. Y, sobre todo, lo que necesitamos es un modelo de desarrollo económico integral basado en la ciencia y la innovación.

Pero el debate político español actual parece haberse desconectado por completo de aquella ambición comunitaria que nació en el cambio de siglo con la Estrategia de Lisboa y aspiraba a haber convertido la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más próspera del mundo en 2010. Pese a sus sucesivos incumplimientos, ha demostrado ser una brújula persistente en la arquitectura institucional europea, reformulada primero en 2005 en el plan Europa 2020 y hoy reencarnada en la Década Digital y el Pacto Verde. 

En ese recorrido, el conocimiento y la investigación han funcionado como un horizonte de referencia constante, incluso en la frustración parcial de sus objetivos. España, si es que alguna vez estuvo firmemente comprometida con ella, ha ido descarrilándose de esa continuidad programática continental hasta dejar la ciencia fuera de sus prioridades estratégicas y, con ella, toda posibilidad de entrar en la senda de la prosperidad autónoma y sostenible.

Para ser justos, la responsabilidad no es exclusivamente de quienes gobiernan. También hay que preguntarse por qué la sociedad no reclama estas políticas. Si los políticos no sienten la necesidad de hablar de ciencia es, en buena medida, porque no perciben que exista una demanda social que les obligue a hacerlo. 

Y aquí se cierra un círculo perverso: unos dirigentes que no comprenden la dimensión estratégica del conocimiento no saben transmitirla a la sociedad, y una sociedad que no percibe su importancia tampoco exige a sus dirigentes que le den prioridad. Como dejó claro el debate, ni unos ni otros sienten ya la necesidad de disimular fingiendo interés con meras menciones volátiles y artificiosas.

Aun así, es precisamente en estas circunstancias en las que los verdaderos dirigentes, con el sentido de Estado, la visión de futuro, la altura intelectual y el liderazgo que se espera de ellos, deberían asumir la responsabilidad de explicar, convencer y movilizar a la ciudadanía hacia el planteamiento y la consecución de objetivos cuyo valor trasciende la legislatura. 

Lamentablemente, su desorientación y su incapacidad para actuar resultan cada vez más difíciles de ignorar. Una política científica eficaz requiere un conocimiento profundo e integrado de la economía, la tecnología, la educación y la propia dinámica de generación del conocimiento del que parecen carecer.

La ciencia no debería ser una cuestión que los candidatos olvidan mencionar en un debate electoral, o que eluden conscientemente porque ni siquiera les resulta rentable, sino una de las razones fundamentales que expliquen por qué aspiran a gobernar y por qué debemos otorgarles nuestra confianza. Su silencio los delata y anticipa el lugar en el que los colocará la historia, cuando su perspectiva supere la anosognosia y la estasis de esta generación perdida en el conformismo indolente.

Nada de esto es nuevo, sino la prolongación de una actitud secular de desdén hacia la ciencia, la investigación y la innovación como motores del progreso colectivo. Aquella desafortunada sentencia de Unamuno, «¡Que inventen ellos!», terminó convirtiéndose, más allá de su contexto y de las intenciones de su autor, en una suerte de divisa heredera de nuestra relación con el conocimiento.

Lo verdaderamente desolador sería que las generaciones que nos sucedan tengan que volver a leer estas mismas reflexiones para recriminarnos lo que fuimos incapaces de hacer. Nadie vendrá a cambiar el rumbo por nosotros y, si no lo hacemos, nuestros hijos pagarán el precio de nuestra desidia, nuestra falta de ambición, y nuestra incapacidad para construir las bases de un futuro más próspero para ellos. Y tampoco nadie lo hará por cada uno de nosotros. Es hora de que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad y tomemos la iniciativa.

Tomemos conciencia de la trascendencia de la ciencia y la investigación para nuestro futuro, informémonos y contribuyamos activamente a trasladar esta preocupación al conjunto de la sociedad y, especialmente, a nuestro entorno inmediato. 

Contribuyamos a incorporar la ciencia a nuestra conversación social y al debate público, hagamos visible el problema y la necesidad, y usemos los medios a nuestro alcance, incluidas las redes sociales, para interpelar a nuestros representantes políticos, exigirles compromisos concretos y pedirles cuentas por sus decisiones y omisiones. Y, finalmente, hagamos que estas cuestiones pesen también en nuestras decisiones electorales, porque elegir a quienes han de gobernarnos implica asumir nuestra parte de responsabilidad en el país que dejaremos a nuestros hijos.