Clara Ponsatí y su polémica detención: ¿fue legal?

Clara Ponsatí denuncia su detención ilegal en Barcelona. La todavía eurodiputada considera que la inmunidad del Parlamento Europeo era suficiente para evitar su detención por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los Mossos d’Esquadra, no obstante, indicaron a la eurodiputada que debía acompañarles por cuanto la orden de detención nacional emitida por el magistrado instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena, todavía estaba vigente.

Ponsatí, acompañada de su abogado Gonzalo Boye, fue detenida este martes cerca de la Catedral de Barcelona pasadas las 18h de la tarde por un presunto delito de desobediencia en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Debe recordarse que tras la derogación del delito de sedición a finales de diciembre de 2023, las cuentas pendientes de la eurodiputada con la justicia española tan sólo pasan por el tipo delictivo de desobediencia, tipo que no lleva aparejada pena de prisión.

A última hora de la noche, y tras pasar a disposición judicial del Juez de Guardia de Barcelona, Ponsatí fue puesta en libertad y citada a declarar ante el magistrado instructor, Pablo Llarena, el próximo 24 de abril de 2023.

La puesta a disposición judicial tan rápida fue fruto de un procedimiento de “habeas corpus” instado por la asistencia letrada de la eurodiputada por el que se denunciaba que su detención había sido ilegal y se solicitaba su inmediata puesta en libertad.

¿Por qué detienen a Clara Ponsatí si no se enfrenta a pena de prisión?

Muchos se preguntan el motivo de la detención de Clara Ponsatí. Y lo hacen porque, como decimos, únicamente está citada ante la justicia por un presunto delito de desobediencia que no lleva aparejada pena de prisión.

El porqué de la detención radica en la elusión de la eurodiputada de su citación ante el Tribunal Supremo. Dicho de otro modo, el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “si el citado no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención”.

De ahí que cuando al inicio de la causa Clara Ponsatí fue citada a declarar ante el magistrado instructor, Pablo Llarena, se emitiera – ante su incomparecencia – una orden de detención nacional; además de las euroórdenes que actualmente están suspendidas a la espera de la decisión sobre su inmunidad europarlamentaria por el Tribunal General de la Unión Europea.

Por lo tanto, el motivo de la detención de los Mossos d’Esquadra en Barcelona responde únicamente a la orden nacional de detención para que la eurodiputada citada – y no comparecida – ante el Tribunal Supremo sea conducida a prestar declaración ante la autoridad judicial.

Habeas corpus: ¿por qué se la pone en libertad tan rápido?

Clara Ponsatí presentó una solicitud de habeas corpus para solicitar la puesta inmediata a disposición judicial (antes de las 72h que establece la ley) al considerar que la detención era ilegal.

Así, la eurodiputada pasó a disposición del juez de guardia de Barcelona ayer por la noche y quedó en libertad pocas horas más tarde. Se requirió a Ponsatí para que designara un paradero y un teléfono de contacto, así como que compareciera ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de abril de 2023.

En el momento de la detención la eurodiputada mostró su credencial de europarlamentaria para alegar que estaba protegida por la inmunidad parlamentaria. Este extremo, no obstante, no debía ser analizado por los Mossos d’Esquadra habida cuenta que se trata de un elemento que debe hacerse valer ante una Sala de Justicia. De ahí que la autoridad policial procediera única y llanamente al acatamiento de la orden judicial de detención.

Ahora sí, y a la espera de la sentencia que el Tribunal General de la Unión Europea dictará previsiblemente en los próximos meses, el Tribunal Supremo deberá decidir si suspende el curso de las actuaciones hasta que el tribunal europeo decida si Clara Ponsatí está protegida por la inmunidad parlamentaria o, por el contrario, sigue hacia adelante al no tener efectos suspensivos el procedimiento ante el TGUE.

 Pablo de Palacio es abogado y criminólogo