Sánchez en busca de los votos de los okupas

El presidente del Gobierno ha anunciado que ha pactado con Bildu, ERC, Podemos 1 y Podemos 2, la nueva Ley de Vivienda. Ley que, evidentemente, como suele ocurrir con las leyes emanadas de la mayoría Frankenstein que nos gobierna, tiene un título engañoso.

Así, la ley de libertad sexual ha supuesto un ataque frontal a la libertad de la mujer. La ley de Bienestar Animal ha creado una criminalización a los amantes de los animales que van a ver su libertad totalmente mermada con graves prohibiciones. La ley para la igualdad real y efectiva para personas trans ha provocado que algunas personas piensen cómo utilizarla para obtener beneficios personales para el deporte o eludir la Justicia, por ejemplo. Así podríamos continuar con la ley de derogación de sedición o  la rebaja de penas de la malversación, etc.

Con la Ley de Vivienda saldrán perjudicados los propietarios que verán intervenidas sus propiedades y los inquilinos que comprobarán cómo las viviendas que salgan al alquiler aumentarán sus precios y las garantías exigidas para alquilar se endurecerán, como ha ocurrido en la Barcelona de Ada Colau.

Pero sí que hay un colectivo que se verá beneficiado y estos son los okupas. En la ley Frankenstein de vivienda no se dice ni una palabra de la expulsión de los delincuentes que entren ilegalmente en una vivienda y permanezcan en ella, es más, en dicha ley se restringen aún más los desahucios.

Ser delincuente en España, con este Gobierno y sus socios, se está convirtiendo en un verdadero chollo. Así, los violadores y pederastas están saliendo a la calle, los golpistas salen de prisión, los que roban dinero público también se van a ver beneficiados por la ley, además los que se dedican a la explotación sexual de los animales, si estos no se lesionan, también pueden hacerlo con total impunidad.

España se ha convertido en el único país en que cometer delitos puede crear derechos, y en el caso de la nueva ley de vivienda podemos tener un claro ejemplo, al poderse dar el caso que un okupa entre en la vivienda y el propietario no pueda expulsarlo al ser persona vulnerable, y encima pueda empadronarse en el domicilio “okupado”, y a partir de ese momento, recibir ayudas y poder votar, mientras que el propietario  debe seguir pagando todos los gastos e impuestos derivados de su derecho de propiedad.

Con la Ley de Vivienda se limitará el alquiler. El que tenga 5 viviendas, da igual tamaño o precio, se convierte en gran tenedor con los efectos negativos que la ley prevé, pero si su casa es “okupada” no tiene ninguna defensa, ha de asumirlo y punto.

Además esta ley va acompañada del anuncio monclovita de que los 50.000  pisos propiedad de la SAREB saldrán para alquiler social. La pregunta es ¿qué ocurrirá con los miles que están okupados?, ¿se regalarán directamente a los okupas?, porque la ley no da ninguna solución a este delito contra los propietarios españoles. Sánchez prefiere tirar de manual de populismo prometiendo “viviendas para todos”, desprotegiendo a los que las han logrado adquirir con el sudor de muchos años de trabajo, estos ciudadanos honrados no son dignos de ser atendidos por el sanchismo, su obligación es pagar y callar y que no se les ocurra protestar porque en seguida se les tacha de ricos explotadores de los desfavorecidos.

Es a los gobiernos, tanto nacional, autonómico y local a quienes le corresponde facilitar vivienda social a los que tienen dificultad para acceder a la misma, pero no a costa de los propietarios que han cumplido con sus obligaciones fiscales y han accedido a su vivienda con gran esfuerzo. Al Gobierno le  corresponde proteger a los propietarios e inquilinos honrados, dando ayudas para acceder a la vivienda, y no protegiendo a los delincuentes okupas, aunque piensen que son sus futuros votantes. Estamos ante una nueva ley con claros efectos de los que Sánchez denomina inesperados y que la sufrirán  los ciudadanos honrados.