| 27 de Febrero de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Puigdemont y Otegi, los socios de Sánchez
Puigdemont y Otegi, los socios de Sánchez

Semana trágica: Sánchez paga a plazos a Puigdemont y Otegi

Estos últimos días hemos podido comprobar como el gobierno sanchista ha pagado una nueva cuota del impuesto revolucionario que le exigen sus socios en la presente legislatura

| Fernando de Rosa Opinión

Esta semana hemos podido comprobar como el gobierno sanchista ha pagado el siguiente plazo del impuesto revolucionario que le exigen sus socios en la presente legislatura. El pago ha sido especialmente doloroso para millones de españoles porque se ha consumado la quiebra constitucional con la ley de amnistía, cuya tramitación fue aprobada el pasado día 12 de diciembre , se ha puesto en marcha tres comisiones de investigación con el objetivo de quebrar la independencia del Poder Judicial, y se entrega el ayuntamiento de Pamplona con la intención de iniciar la desespañolización de Navarra.

Estos tres hitos han convertido estos días en una triste semana trágica en la que se ha puesto de manifiesto que el gobierno es rehén del separatismo, el cual irá cobrando periódicamente el precio total del contrato suscrito para la investidura. Los españoles desconocemos aún la totalidad del precio del impuesto revolucionario que tiene que pagar Sánchez para seguir en la Moncloa, pero nos iremos enterando poco a poco de los pagos comprometidos a medida que nos lo vayan anunciando los socios independentistas, que son los verdaderos dueños de la política española. Hasta la foto Sánchez-Puigdemont está protocolizada como precio a pagar en dicho documento secreto, marcando día, hora y lugar.

Pero tanto la ley de amnistía, las comisiones de investigación como la colonización de Navarra por el independentismo filoetarra, tiene un nexo común y es la deslegitimización del Poder Judicial, que es el verdadero “enemigo a batir”, ya que fue la Justicia quién paro los pies al separatismo en su versión terrorista o en su versión golpista.

El relato que quieren construir consiste en generar desconfianza en el Poder Judicial español con un triple objetivo: justificar la ley de amnistía, contrarrestar las denuncias de cientos de profesionales, asociaciones e instituciones del ámbito de la justicia sobre los ataques contra la división de poderes, e ir escribiendo el relato que posteriormente utilizará el relator salvadoreño en las reuniones semiclandestinas suizas, para escribir las conclusiones que se nos impondrán a los españoles.
El acuerdo sobre el impuesto revolucionario tuvo su principio en el pacto del independentismo con el grupo socialista para la ocupación de la Mesa del Congreso el pasado 17 de agosto, con una figura tan sumisa como irrelevante como es Francina Armengol, que escenifica en cada pleno, con su sectarismo, lo negro y oscuro de este pacto trágico.

Los votos que van dando pleno a pleno Bildu, ERC, Junts y PNV, son simplemente la dosis mínima de oxígeno para mantener día a día en el poder a PSOE-Sumar, pero el verdadero poder está en el bolsillo de la parte contratante dominante y siempre tienen un objetivo último sentar en el banquillo a la justicia española. Esa justicia que sentó en el banquillo con la ley en la mano a los que dieron un golpe de estado y que hoy sigue investigando los delitos de terrorismo consecuencia del mismo.

Precio a varios plazos

La totalidad del importe del impuesto revolucionario, aunque sea a plazos, ha sido anunciado por Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya y notario del acuerdo con Sánchez para la investidura: “La cúpula judicial tendrá que comparecer en las comisiones de investigación del congreso para dar cuenta de los casos de lawfare”.

Pero ese precio no puede cobrarse en un solo plazo, porque supondría un rechazo absoluto de la Unión Europea ya que el Tribunal de Justicia ha alertado en una treintena de sentencias sobre las presiones a los jueces, en relación con el estado de derecho en Polonia, Rumanía y Hungría, poniendo de manifiesto que los jueces de cada país de la Unión son jueces europeos y la jurisprudencia blinda la independencia judicial contra los ataques de los otros poderes del estado.
En definitiva la finalidad de la política de humillación del partido socialista en esta legislatura no es otra que la entrega del Poder Judicial , aunque de forma aplazada, porque estamos ante un contrato con las clausulas ya escritas y el precio fijado. Como se escenifiquen los plazos formará parte simplemente una puesta de escena de esta novela negra en que se ha convertido la actual política española.

Por desgracia iremos viviendo sucesivas semanas trágicas que, como dijo Pilar Ruiz, madre del asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundúa, nos helarán la sangre a los españoles.