| 13 de Junio de 2024 Director Benjamín López

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Moreno obliga al Gobierno a mirar a Doñana y advierte: ley "no está retirada"

La pausa del Gobierno andaluz a la ley de regadíos en el entorno del parque saca al Ejecutivo de su 'zona de confort': obligado a dialogar y buscar una solución a los agricultores de Huelva.

| Manuela Herreros Política

La cesión realizada por el Gobierno de la Junta de Andalucía al respecto de la proposición del ley para la regularización de suelos de regadío en el entorno de Doñana, posponiendo su aprobación definitiva programada para este próximo 10 de octubre, ha movido todas las piezas del tablero. El presidente Juanma Moreno comparecía este martes junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sede del Gobierno andaluz, para anunciar que aplaza el debate de la ley, abriendo una nueva fase de diálogo, eso sí, con plazo determinado: un mes.

 

Un hecho que pocos se podían imaginar después de la tensión que ha despertado la ley, que lleva más de un año y medio generando críticas y esperanzas por igual. De un lado el Gobierno de Sánchez, el PSOE andaluz, los ecologistas y hasta la Unesco pidiendo su retirada. Del otro, el PP y Vox que impulsaron la ley, los agricultores afectados por la situación de indefensión que les dejó el anterior Plan Fresa de 2014 y los municipios del Condado de Huelva pidiendo su aplicación.

La pregunta ahora es como se desarrollará esta 'partida de ajedrez' entre la Junta y Estado y las reacciones el día después de la decisión del presidente Moreno dan muchas pistas de cuales serán las estrategias que seguirán.

Moreno y el PP no retiran la ley, está "sobre la mesa"

El presidente de la Junta, después de insistir desde hace meses, ha forzado al Gobierno de Sánchez a dialogar sobre Doñana. Tanto es así, que la ministra Ribera ha apurado los tiempos al máximo para atender a la Junta y se ha reunido con Moreno en el tiempo de descuento, a una semana de aprobar la ley.

Además ha obligado a prestar atención al problema de estos agricultores onubenses, porque la ley no se ha retirado y "está sobre la mesa" como ha confirmado Moreno y el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, este miércoles en rueda de prensa. Nada de "guardada en un cajón", ha asegurado Martín, para apuntar que sino hay una alternativa en un mes, "la ley será la solución para los afectados". El presidente también insiste en que se tendrá que resolver el problema de las familias de agricultores o se retomará la ley muy pronto.

 

De momento, existe un compromiso firme de Ribera y de su equipo, para trabajar durante un mes con el de la Junta para elaborar un plan que desembocará en un marco de actuación concreto para la comarca del Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, que contará con una inversión del Estado de 350 millones de euros.  Sin embargo, los agricultores desconfían del anuncio del Gobierno y a través de la plataforma de afectados piden soluciones "viables".

La oposición descolocada

Los movimientos han descolocado a la oposición en Andalucía. Todos los partidos han aprovechado para salir en tromba a criticar al Gobierno andaluz. El partido de Vox, que ha impulsado con el PP la ley, ha confiado que ley no quede "en el cajón" y ha recordado que ya ha sufrido varios aplazamientos, primero por las elecciones municipales de mayo y las generales de julio, y luego por el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha afeado el diálogo abierto con Ribera, después de que se quiere "cargar el campo de Andalucía y de España, alentó una campaña contra la fresa de Huelva y llamó arrogante señorito" al presidente de la Junta.

 Por su parte, el PSOE se intenta poner una 'medalla' por el parón que sufre la ley y reivindica el papel que su secretario general, Juan Espadas, ha jugado. Aunque ese papel está en serias dudas porque ha dado varios bandazos con los agricultores a los que apoyó en un primer momento para luego dejarlos sin respaldo.