La gran mentira de la catástrofe medioambiental

Portmán, pueblo pesquero y minero de la provincia de Murcia, conocido por ser víctima de la mayor “catástrofe” ecológica del Mediterráneo, está situado en un enclave de gran belleza a unos 15 km de Cartagena en dirección hacia el cabo de Palos, Abrigado por los acantilados de la sierra minera, su bahía era uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo, un fondeadero natural, casi circular, reconocida como “la Concha de Mediterráneo”. Su profundo calado le permitió convertirse en uno de los tres principales puertos en la península ibérica en la época de dominación de los romanos, que lo bautizaron como Portus Magnus - gran puerto - origen de su nombre actual.

La explotación minera en la zona se remonta a la antigüedad, aunque el mal llamado “desastre” ambiental comenzó en 1957, cuando la empresa Peñarroya S.A. reanudó la minería a cielo abierto y puso en marcha el lavadero Roberto, que se utilizaba para lavar el mineral y eliminar las impurezas. Este gran complejo, orgullosamente publicitado en su día como el mayor lavadero de flotación de Europa, producía diariamente entre 3.000 y 10.000 toneladas de residuos compuestos principalmente por una mezcla de tierra, zinc, cadmio y plomo, que se derramaban directamente a la bahía. 

Según cuentan los habitantes de Portmán, cada mes, tenían que desplazar la tubería porque el lodo se iba comiendo el mar. Finalmente, cuando el plano de agua quedó totalmente cubierto por el fango, se instaló un tubo de dos kilómetros para continuar vertiendo los estériles fuera de la bahía. Este tubo siguió derramando los restos minerales al mar hasta el 3 de marzo de 1990, más de una década después del inicio de la democracia en España.

La decisión de priorizar la actividad productiva a cualquier coste o la falta de consideración por el medioambiente nos parece obviamente inaceptable en 2026, sin embargo, era común en las décadas de 1950 y 1960, cuando la administración española concedió a Peñarroya S.A. la licencia de explotación por un periodo de 30 años a cambio del pago de un canon. El Ayuntamiento de La Unión, municipio al que pertenece Portmán, realizó varios intentos de que se prohibieran los vertidos para no condenar el futuro del pueblo en los años 60 y 70, pero Peñarroya SA argumentó que modificar el sistema resultaba muy caro y las autoridades nacionales les dieron la razón justificando su decisión por la importancia de la producción, que llegó a aportar el 40% del plomo y el 60% de la plata del total de la producción nacional. 

Esa autorización del gobierno de España fue clave en el rechazo de la demanda penal que presentó Greenpeace, en 1993, para conseguir que la empresa que había explotado la mina se hiciera cargo de la limpieza de la bahía.

Catástrofe, según el Diccionario de La Lengua Española (RAE) es un suceso repentino que produce una gran destrucción o daño. Es sinónimo de cataclismo, desgracia o siniestro. Es un concepto en el que se denota la imposibilidad de evitar que suceda. No cabe en este concepto una actividad que se realiza con el beneplácito de la autoridad del Estado a cambio de un canon. Una catástrofe es la rotura de una presa, como sucedió en Aznalcollar o el hundimiento de un barco, como fue el caso del Prestige. Anegar una bahía entera por la evacuación de vertidos industriales con una autorización oficial no es una catástrofe.

Portmán vivió sus quince minutos de gloria en el año 1986 gracias a una campaña de Greenpeace que convirtió el vertido en un símbolo de la degradación del Mediterráneo y del uso del mar como basurero. En el documental Portmán, un Punto y Seguido de Jorge Martínez y Joaquín Martínez se recuerda la histórica protesta de Greenpeace en la que varios activistas se encadenaron a la tubería e intentaron taponarla. Una de las activistas, Zoa Jiménez, relata cómo, tanto los propios trabajadores de la mina como la empresa intentaron detenerles y reflexiona sobre las motivaciones de unos y otros: “Yo entiendo a los trabajadores porque estaban defendiendo el pan de sus familias, pero la empresa… cómo se puede matar así el mar, por el cochino dinero”. 

El actual Alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, presentando este documental en el Senado en el año 2024, expresaba la desesperanza del pueblo “quizá nunca habíamos estado tan lejos de la regeneración, ya que, desde 2019 el proyecto que se iba a llevar a cabo se paralizó y a día de hoy, cinco años después seguimos sin respuestas, sólo recibimos excusas.”

La respuesta, o excusa, llegó hace solo unas semanas con el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de su decisión de proponer el sellado de los residuos mineros en el fondo de la bahía, en lugar de extraerlos, alegando criterios científicos y de salud pública. Una decisión a la que siempre se han opuesto los vecinos y por la que se llevan manifestando desde el año 2000.

La historia de Portmán deja sabor amargo. Es uno de esos casos en los que los intereses de las élites se enfrentan a los de la gente humilde, en los que el dinero se enfrenta a la preservación del entorno natural y, en el que - por el momento - van ganando las élites y el dinero. 35 años después del fin del vertido que se llevó por delante el puerto pesquero, la playa y la bahía, el caso de Portmán sigue siendo un símbolo de lo que nunca debía haber ocurrido, ni debería volver a pasar. 

Sin embargo, el fondo de la cuestión, el verdadero problema, parece seguir un enfoque monetarista de corto plazo y de corto vuelo, porque no se valora el potencial económico y turístico de una bahía y un entorno recuperado. Estas líneas pretenden apoyar las legítimas reivindicaciones de un pueblo al que le robaron el mar hace ya 70 años y que sigue esperando una solución de la administración que no suponga enterrar definitivamente su hermosa bahía.