La élite cubana de Florida versus los venezolanos

En Doral, un venezolano puede salir de su casa para ir a trabajar sin saber si regresará esa noche. No hace falta que haya cometido un delito. Puede tener autorización para trabajar, pagar impuestos, llevar años viviendo en Estados Unidos y mantener pendiente una solicitud de asilo. Nada de eso garantiza que una patrulla de inmigración no lo detenga.

Eso fue lo que le ocurrió a Humberto Castro, un venezolano de 59 años que llevaba ocho viviendo en Doral. Según relató su familia, tenía permiso de trabajo vigente hasta 2030, esperaba una decisión sobre su solicitud de asilo y no poseía antecedentes penales. ICE lo detuvo mientras conducía hacia su trabajo. Su historia no es una excepción aislada: organizaciones venezolanas han documentado otros casos semejantes y han pedido al Congreso que investigue una ofensiva que ya no se concentra exclusivamente en delincuentes o personas con órdenes definitivas de deportación. En julio, más de 65.000 personas se encontraban bajo custodia de ICE y más del 70% carecía de antecedentes penales, según los datos recogidos en el informe presentado por organizaciones del exilio venezolano.

Doral comienza a vivir como una ciudad paralizada por el miedo. Hay familias que evitan llevar a sus hijos al colegio, trabajadores que prefieren perder el salario antes que exponerse en la calle y consumidores que han dejado de acudir a restaurantes y supermercados. Cada detención puede devorar los ahorros familiares entre abogados, posibles fianzas y semanas sin ingresos. El detenido pierde su libertad; su familia pierde además estabilidad, trabajo y patrimonio.

Un permiso de trabajo no equivale necesariamente a un estatus migratorio permanente y una solicitud de asilo pendiente no impide por sí sola una detención. Ésa es la explicación jurídica que utiliza el Gobierno. Pero esa precisión técnica no altera el hecho político fundamental: las personas arrestadas no son necesariamente los criminales peligrosos que la Administración prometió perseguir. Son también padres de familia, trabajadores y contribuyentes atrapados en procesos migratorios que pueden prolongarse durante años.

En la política estadounidense no existen aliados sentimentales. Existen comunidades organizadas, ciudadanos que votan y grupos capaces de premiar o castigar a sus representantes.

La diferencia es crucial. Aplicar la ley migratoria es una facultad del Estado. Convertir una nacionalidad, un acento o un vecindario en atajos para localizar objetivos es otra cosa. Cuando la apariencia, el idioma, el lugar de trabajo o la concentración étnica sustituyen la sospecha individual, el control migratorio empieza a confundirse con el perfilamiento racial. La propia justicia estadounidense ha debatido los límites de estas prácticas después de que agentes federales realizaran detenciones basadas en combinaciones de origen aparente, idioma, ocupación y ubicación. En 2025, el Tribunal Supremo levantó las restricciones impuestas a esos operativos en Los Ángeles, una decisión que los jueces disidentes advirtieron que podía facilitar el perfilamiento de comunidades hispanas.

Para comprender lo que ocurre en Doral, sin embargo, no basta con mirar a ICE. Hay que observar la arquitectura del poder en Estados Unidos y preguntarse quién controla las instituciones del sur de Florida, quién paga el coste de las deportaciones y quién tendría que utilizar su influencia para detenerlas.

Estados Unidos fue construido deliberadamente sobre una fragmentación extrema del poder. El Gobierno federal comparte competencias con los estados, los condados y los municipios porque los fundadores desconfiaban de la concentración política. Querían impedir que un demagogo pudiera apoderarse de un Estado central omnipotente y utilizarlo para reducir las libertades individuales.

Esa fragmentación hace que la política estadounidense no se construya únicamente en Washington. En Florida, el condado y el municipio controlan decisiones que afectan directamente la vida cotidiana: policía, urbanismo, contratos públicos, escuelas, elecciones, licencias y buena parte de la relación entre ciudadanos y Administración.

En Estados Unidos, el poder nacional comienza muchas veces con una licencia, una comisión municipal o un asiento en el consejo del condado.

Las sucesivas comunidades inmigrantes aprendieron pronto esa regla. Los irlandeses de Boston, los italianos de Nueva York y los cubanos de Miami levantaron iglesias, empresas, asociaciones, medios de comunicación y organizaciones políticas. Después transformaron la concentración demográfica en participación electoral y la participación electoral en control institucional.

La ciudadanía no es solamente un pasaporte. Es una participación en el poder local.

La comunidad cubanoamericana protagonizó uno de los procesos de organización política más exitosos de la historia reciente de Estados Unidos. Los cubanos que llegaron al sur de Florida construyeron empresas, financiaron campañas, formaron grupos de presión y ocuparon progresivamente alcaldías, legislaturas, tribunales, organismos del condado y escaños en Washington. No recibieron ese poder como una concesión. Lo conquistaron con disciplina, perseverancia y una comprensión excepcional del sistema estadounidense.

Durante décadas, Florida fue el gran estado pendular de la política nacional. Ganar sus votos electorales podía decidir la Presidencia. La concentración del voto cubanoamericano en el sur de Florida otorgó así a una comunidad relativamente pequeña una influencia nacional extraordinaria. El resultado de ese proceso está hoy a la vista: Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y producto directo de la política local de Miami, ocupa la Secretaría de Estado después de haber pasado por el Ayuntamiento de West Miami, la Cámara de Representantes de Florida y el Senado federal. Su ascenso, confirmado por unanimidad en el Senado en 2025, representa la culminación de esa formidable construcción de poder.

Pero todo poder organizado observa con atención los cambios demográficos capaces de disputarle el futuro.

En Doral, cerca del 40% de los habitantes es venezolano o de origen venezolano. La comunidad ha creado empresas, medios, organizaciones y redes profesionales. Muchos de sus miembros llegaron con educación universitaria, experiencia empresarial y algún capital. Además, una parte considerable se identificó con el Partido Republicano porque confundió la hostilidad de Donald Trump hacia el chavismo con una alianza permanente con los venezolanos.

Trump ganó en 2024 todos los precintos electorales de Doral. Los venezolanos escucharon sus promesas de deportar criminales y pensaron que la ofensiva no se dirigiría contra quienes trabajaban, pagaban impuestos o habían escapado de una dictadura. Creyeron que compartir un enemigo político era suficiente para pertenecer a la misma coalición.

Fue un error.

En la política estadounidense no existen aliados sentimentales. Existen comunidades organizadas, ciudadanos que votan y grupos capaces de premiar o castigar a sus representantes.

Hoy los venezolanos constituyen una población numerosa, pero una parte importante todavía no puede votar. Si esos residentes completaran sus procesos migratorios y llegaran a naturalizarse, Doral y otros municipios del condado de Miami-Dade experimentarían una transformación electoral. La comunidad venezolana podría competir por concejalías, alcaldías, oficinas del condado, escaños estatales y, finalmente, posiciones en Washington.

No se está librando una guerra inevitable entre cubanos y venezolanos. Se está formando una competencia entre una estructura de poder consolidada y una comunidad emergente que podría reclamar parte de los mismos espacios.

Esto incomoda pero la situación merece ser examinada. No existe una prueba pública de que Rubio, los congresistas cubanoamericanos o las autoridades locales hayan ordenado a ICE perseguir venezolanos para proteger su poder electoral. Presentarlo como un hecho demostrado sería irresponsable. Pero el análisis político no se limita a buscar órdenes escritas. También estudia incentivos, costes, omisiones y beneficiarios.

La coincidencia de incentivos es evidente. El trumpismo necesita exhibir deportaciones para movilizar a su base antes de las elecciones legislativas. La dirigencia republicana cubanoamericana necesita conservar su relación privilegiada con una Administración de la que ha obtenido influencia extraordinaria. Y los venezolanos, todavía débiles electoralmente, pagan el precio de esa convergencia.

El deportado no vota. El ciudadano naturalizado, sí. Ésa es la asimetría alrededor de la cual gira todo el problema.

Incluso, se presenta el juego en donde usan a representantes republicanos del sur de Florida de bajo rango para hacer ver que las autoridades están en contra de esto. María Elvira Salazar ha respaldado iniciativas para proteger a venezolanos sin antecedentes y Carlos Giménez ha reclamado soluciones individuales. También se han enviado cartas y publicado declaraciones. Pero después de meses de arrestos, esas gestiones no han producido una protección efectiva. Las organizaciones venezolanas que remitieron al Congreso un informe sobre las detenciones aseguran que no habían recibido siquiera confirmación de sus representantes cuando se publicó la investigación.

La contradicción es todavía mayor porque Doral, como municipio, decidió colaborar con ICE mediante el programa federal 287(g), que permite a policías locales desempeñar determinadas funciones migratorias. La ciudad con mayor concentración de venezolanos del país aceptó reforzar la maquinaria que hoy aterroriza a sus propios residentes. Cuando se anunció el acuerdo, activistas advirtieron que provocaría miedo, desconfianza y aislamiento en una ciudad donde aproximadamente siete de cada diez habitantes son inmigrantes. Aquella advertencia dejó de ser una especulación: el temor ya está afectando los negocios, la vivienda y la vida cotidiana.

¿A qué grupo político pertenece la actual alcaldesa de Doral, Christi Fraga? Adivinen.

La ofensiva contra los venezolanos también coincide con una coyuntura electoral adversa para Trump. Su aprobación ha caído y los republicanos llegan a las legislativas de noviembre con ambas cámaras en disputa. La elección todavía no está decidida, pero la ansiedad del movimiento MAGA es inocultable. Intensificar las deportaciones convierte el sufrimiento de quienes no votan en propaganda para quienes sí pueden hacerlo.

La relación con la dirigencia cubanoamericana es instrumental para ambas partes. El trumpismo obtiene operadores, votos y legitimidad hispana en un estado que aporta 30 votos electorales. La élite cubanoamericana obtiene acceso directo a la Casa Blanca, influencia sobre la política latinoamericana y la posibilidad de proyectar a uno de los suyos hacia una futura candidatura presidencial.

Si Rubio decide competir en 2028, necesitará preservar su base en Florida y reconstruir puentes con el electorado hispano. Entonces podría reaparecer un discurso más compasivo hacia los venezolanos. La política migratoria suele endurecerse cuando el inmigrante no vota y humanizarse cuando comienza a convertirse en elector.

La biografía de Rubio hace especialmente visible la paradoja. Sus padres llegaron a Estados Unidos en 1956, antes de la llegada de Fidel Castro al poder, y se naturalizaron años después. Su abuelo materno regresó desde Cuba en 1962 sin visado, fue detenido y recibió una orden de deportación que finalmente no se ejecutó. Las autoridades le permitieron permanecer en el país y regularizar posteriormente su situación. La flexibilidad que hizo posible esa historia familiar contrasta con el rigor que hoy se aplica a venezolanos que también escaparon de una combinación de persecución política, destrucción económica y autoritarismo. Los antecedentes familiares de Rubio han sido documentados desde hace años por The Washington Post.

Nada de esto autoriza a presentar a todos los cubanos como enemigos de los venezolanos. Sería falso, injusto y políticamente torpe. Existen cubanoamericanos que rechazan las deportaciones, defienden el debido proceso y comprenden que la protección recibida por su comunidad debería extenderse a quienes huyen hoy de otras dictaduras.

El adversario no es el inmigrante cubano que vive al lado. Es una estructura política que aprendió a monopolizar la representación hispana del sur de Florida y que no tiene incentivos suficientes para compartirla.

También sería absurdo afirmar que los venezolanos son moral o culturalmente superiores. Ambas comunidades arrastran los traumas de sociedades autoritarias y pueden reproducir intolerancia, caudillismo y polarización. La experiencia del exilio no convierte automáticamente a nadie en demócrata. Haber sido víctima del poder tampoco impide abusar de él cuando finalmente se controla.

La lección para los venezolanos es política. O aprenden a organizarse desde abajo o seguirán dependiendo de promesas formuladas desde arriba. Deben comprender el peso del municipio, el condado, el consejo escolar, la legislatura estatal y las elecciones primarias. Necesitan asociaciones capaces de financiar litigios, registrar votantes, respaldar candidatos y exigir compromisos verificables. Deben construir alianzas con colombianos, haitianos, nicaragüenses, otros inmigrantes y los sectores cubanoamericanos que no aceptan la criminalización colectiva. Estudiar qué hicieron los italianos al llegar a EEUU y los mismos cubanos.

La comunidad venezolana cometió el error de mirar únicamente hacia la Casa Blanca cuando el poder que condicionaba su vida también se estaba decidiendo en Doral y Miami-Dade.

Estados Unidos no protege a una comunidad por agradecimiento, afinidad ideológica o sufrimiento acumulado. La protege cuando esa comunidad consigue ciudadanía, organización y votos.

Los operativos de ICE terminarán modificándose, porque todas las políticas estadounidenses cambian con los ciclos electorales. Pero el problema sobrevivirá si los venezolanos continúan actuando como espectadores de una política local que ya los ha convertido en objetivo.

En el sur de Florida se está decidiendo algo más que el destino de miles de expedientes migratorios. Se está decidiendo quién tendrá derecho a convertir su presencia demográfica en poder político. La élite cubanoamericana ya conoce el camino. Los venezolanos tendrán que aprenderlo antes de que otros decidan que su futuro debe construirse lejos de Miami.