Cuando el poder deja de poder perder, la economía empieza a morir

La imagen de Venezuela como un país económicamente arruinado no comenzó con la caída del precio del petróleo. Tampoco cuando apareció la hiperinflación, cerraron las empresas o millones de ciudadanos decidieron abandonar el país. Para entonces, la destrucción llevaba años en marcha. La economía venezolana empezó a morir cuando el poder político dejó de aceptar la posibilidad real de perder.

Para comprender ese proceso también hay que observar el entorno internacional en el que pudo desarrollarse. Lo que va del siglo XXI ha estado marcado por el retroceso de la democracia liberal y representativa. No existe una sola causa que lo explique, pero sí un cambio decisivo: la integración económica dejó de estar asociada necesariamente con la apertura política, el Estado de derecho y la limitación del poder.

El gran avance de la Democracia en el planeta se da posterior a la 2da Guerra Mundial. El gran esfuerzo de convertirla en el modelo de conducción política y social imperante se canalizó a través de las instituciones nacidas alrededor del ‘Espíritu de San Francisco”, que aunque no creó en 1945 un club de democracias ni puso en marcha un proceso lineal de democratización mundial. Su aportación fue establecer que incluso el poder de los Estados debía someterse a reglas, instituciones y compromisos comunes. Después de dos guerras mundiales, la paz dejó de depender exclusivamente de la voluntad de los gobiernos y comenzó a apoyarse en una arquitectura multilateral concebida para contener la arbitrariedad. Si el Estado de Derecho reinaba, la paz traería estabilidad y prosperidad; con ello Libertad.

Tras la caída del bloque soviético, Occidente quiso llevar esa lógica más lejos. Durante la década de los noventa se extendió la creencia de que el comercio, la inversión y la prosperidad empujarían a los países hacia economías abiertas, instituciones independientes y democracias liberales. El mercado no era visto solamente como un mecanismo de intercambio, sino como una fuerza capaz de transformar políticamente a las sociedades.

La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 puso esa convicción a prueba. Pekín al necesitar dar salida a los excedentes de su capacidad industrial que su mercado interno no absorbía, aceptó numerosas obligaciones comerciales, abrió sectores de su economía y aprovechó de forma extraordinaria el acceso a los mercados mundiales. Sin embargo, el Partido Comunista Chino no cedió el control político ni permitió que la prosperidad material generara contrapesos capaces de limitarlo.

Occidente creyó que el mercado transformaría al régimen chino. El régimen chino terminó utilizando el mercado para consolidarse.

China no destruyó por sí sola el sistema multilateral ni hizo desaparecer el carácter jurídicamente vinculante de sus normas. Hizo algo más profundo: demostró que era posible beneficiarse del orden económico internacional sin compartir sus aspiraciones liberales. La integración dejó de exigir convergencia política y el multilateralismo se volvió menos liberal y más transaccional. Con ello vino el descreimiento sobre la necesidad de la Democracia como modelo a implementar o respetar.

El efecto trascendió las fronteras chinas. Pekín ofreció comercio, inversión y financiación sin exigir reformas democráticas, independencia judicial o controles sobre el poder. Gobiernos que anteriormente dependían de instituciones occidentales encontraron una fuente alternativa de recursos y respaldo. China no necesitó exportar su régimen político. Le bastó con reducir el coste internacional de permanecer autoritario.

La enseñanza podía adaptarse a otras realidades: un Gobierno podía restringir la competencia política, someter instituciones y perseguir adversarios sin quedar necesariamente aislado de la economía mundial. La democracia dejó de ser una condición esperada para integrarse con éxito en la globalización y pasó a ser, para muchos gobiernos, una opción prescindible.

América Latina fue particularmente receptiva a ese cambio. La enorme demanda china de petróleo, minerales y materias primas amplió los ingresos de los Estados y redujo temporalmente su necesidad de rendir cuentas. Cuando esos recursos se combinaron con instituciones débiles, el resultado no fue mayor capacidad productiva, sino mayor autonomía del poder político frente a los controles nacionales e internacionales.

En países como Venezuela su actuación fue clave. China no creó el chavismo ni originó la destrucción institucional venezolana. Las bases del modelo ya estaban instaladas. Pero la demanda de petróleo y el acceso posterior a financiación respaldada con recursos naturales permitieron prolongar su funcionamiento, posponer los ajustes y ocultar durante más tiempo las consecuencias económicas. La disponibilidad de dinero no corrigió los incentivos destructivos del régimen, sino que los financió.

Ese contexto internacional ayuda a explicar cómo distintos proyectos autoritarios pudieron sobrevivir más tiempo, pero no elimina la responsabilidad de quienes los construyeron. En Venezuela, la causa decisiva permaneció dentro del país: el poder dejó de concebirse como una responsabilidad temporal y comenzó a utilizar el Estado para impedir la alternancia.

Cambiar de gobernantes ayuda a la economía

El gran efecto sobre las ideas políticas es que se generó un exacerbado pragmatismo transaccional que ha corroído la estructura de pesos y contrapesos que los procesos eleccionarios generan con la alternabilidad del poder, la cual es inherente a la Democracia liberal y representativa.

Y es que la alternabilidad suele presentarse como una abstracción constitucional, una ceremonia mediante la cual unos partidos sustituyen a otros en el Gobierno. Sin embargo, también es una institución económica, ese es mi punto.

Esta institución obliga a quien administra el Estado a comportarse sabiendo que mañana puede regresar a la oposición, que sus decisiones serán revisadas y que las instituciones utilizadas hoy contra sus adversarios podrían ser empleadas mañana contra él.

Cuando esa posibilidad desaparece, cambian los incentivos. Y vaya que eso es común hoy. El gobernante deja de administrar temporalmente el Estado y comienza a considerarlo una propiedad, ya no como simple peculado de uso sino como un modo de vida. Los organismos públicos pierden neutralidad, los controles se convierten en obstáculos que deben ser eliminados y el presupuesto pasa a funcionar como una herramienta para comprar apoyos, castigar disidencias y construir permanencia.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela y se ha popularizado en múltiples países.

El chavismo conservó durante años la apariencia electoral mientras inclinaba progresivamente el terreno de juego. Seguían celebrándose elecciones, existían partidos opositores y permanecían abiertos algunos espacios de competencia. Pero el acceso a los recursos públicos, los medios, la justicia y las oportunidades económicas dependía cada vez más de la voluntad del Gobierno. Era la configuración clásica del autoritarismo competitivo: se podía competir, pero ya no se competía bajo las mismas reglas.

La abundancia petrolera permitió ocultar inicialmente las consecuencias. Mientras entraban decenas de miles de millones de euros, el Gobierno podía financiar importaciones, subsidios, empleos públicos y programas sociales sin que la sociedad percibiera inmediatamente la destrucción de la capacidad productiva y el desplazamiento de la antigua élite por una nueva vinculada al poder e instrumental a éste.. El consumo aumentaba al mismo tiempo que se desmontaban las bases que debían sostenerlo.

La bonanza no corrigió los errores

A partir de 2003, el control de cambios convirtió el acceso a las divisas en una decisión política y administrativa. Importar, producir o simplemente proteger el capital de la inflación comenzó a depender de una autorización estatal. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el precio real del dólar creó una de las mayores oportunidades de arbitraje y corrupción de la historia venezolana.

El empresario más productivo dejó de ser necesariamente el que obtenía los recursos. Los recibía quien tenía el contacto correcto, la autorización adecuada o la disposición de compartir la renta con el funcionario encargado de concederla. La corrupción no fue un defecto accidental del modelo chavista. Fue su mecanismo de asignación de recursos.

Los controles de precios completaron la destrucción. El Gobierno pretendió resolver la inflación prohibiendo que los precios reflejaran el coste de producir. Cuando fabricar un producto comenzó a costar más que venderlo, la producción cayó. Después aparecieron la escasez, el racionamiento y el mercado negro. Finalmente, el régimen culpó de las consecuencias a los mismos empresarios cuyos incentivos había destruido.

El intervencionismo se extendió mediante expropiaciones, ocupaciones, controles laborales y una participación creciente del Estado en las importaciones y en la producción. Según cifras recopiladas por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2002 y 2016 fueron expropiadas 692 empresas, principalmente en la industria, la construcción y el sector petrolero. En paralelo, el número de empresas públicas pasó de 74 en 2001 a 580 en 2018. Muchas terminaron dirigidas por militares, funcionarios o personas políticamente próximas al Gobierno.

No se estaba sustituyendo al mercado por una planificación eficiente. Se estaba sustituyendo la productividad por la obediencia.

El resultado no podía ser otro. La inversión desapareció, se rompieron las cadenas de suministro, cayó la producción petrolera y miles de profesionales abandonaron el país. El BID ha documentado cómo los controles de precios, de cambio y de tipos de interés, unidos a la expansión fiscal y monetaria, redujeron el producto potencial venezolano. La crisis que estalló después de 2015 fue la culminación de una institucionalidad fiscal y monetaria que llevaba años siendo demolida.

Los mercados, sin embargo, no desaparecen de un día para otro. Primero se acortan los plazos. Nadie quiere comprometer capital durante diez años cuando las reglas pueden cambiar la próxima semana. Después salen los participantes más prudentes y permanecen quienes disfrutan de protección política o aceptan operar en condiciones extremas. A continuación, se reduce el crédito, desaparecen proveedores, disminuye la variedad y aumenta la informalidad. Finalmente, el mercado es sustituido por la autorización, el favor o el contrabando.

El primer mercado que destruye el autoritarismo no es el supermercado. Es el mercado del futuro.

Cuando una empresa ya no puede estimar cuáles serán sus impuestos, si se respetarán sus contratos, cuánto costará importar, quién fijará sus precios o si conservará mañana sus activos, deja de invertir. Puede seguir abierta durante algún tiempo, pero comienza a consumir capital en lugar de crearlo. El empobrecimiento tarda en aparecer en las estadísticas, aunque ya esté decidido en los despachos.

Y cómo veo a España

España no es Venezuela, comencemos por ahí. Este gran país conserva elecciones competitivas, libertad de prensa, instituciones europeas, autonomía territorial, tribunales operativos y una sociedad civil aún capaz de contener los excesos del poder. Es de las democracias liberales mejor puntuadas del mundo..

Aquí viene un “pero”. Aunque no es antidemocrático que un partido que no obtuvo el mayor número de votos consiga formar una mayoría parlamentaria, Pedro Sánchez fue investido mediante el procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución. España es una democracia parlamentaria y sus gobiernos dependen de la confianza del Congreso, no de que un partido alcance necesariamente la primera posición en las elecciones.

El problema no es el pacto. El problema es aquello que se entrega para conseguirlo. Salvando las distancias, es como todo lo que está entregando Delcy Rodríguez a Trump para que la deje gobernar.

La facción hoy dominante en el PSOE ha convertido la conservación del Gobierno en el principio ordenador de su actuación política. Para mantenerse en el poder ha construido una mayoría dependiente de formaciones cuyo proyecto no consiste en fortalecer las instituciones comunes, sino en obtener concesiones particulares, debilitar la capacidad del Estado o diferenciar los derechos y obligaciones de unos territorios frente a otros.

Una coalición parlamentaria es democrática. Convertir las reglas generales en moneda de cambio para conservarla puede dejar de serlo. Allí se levanta una alerta.

Durante el desmontaje de las reglas institucionales cada concesión puede defenderse aisladamente como una excepción necesaria. El problema aparece cuando las excepciones forman un sistema y la necesidad parlamentaria del Gobierno termina definiendo qué leyes se aprueban, qué delitos se perdonan, qué instituciones se reforman y qué controles se debilitan.

España no vive bajo un autoritarismo competitivo, pero comienza a normalizar una lógica de retención del poder que deteriora la calidad de la alternancia. El Gobierno no ha eliminado las elecciones y no tiene cómo hacerlo.. Lo que hace es aumentar progresivamente el coste institucional de sustituirlo y utilizar su mayoría para ocupar, modificar o neutralizar aquellos contrapesos que limitan su capacidad de actuación.

Esa degradación también tiene un precio económico, que aunque imperceptible en las primeras etapas, termina evidenciándose en la calidad de vida a largo plazo, porque la institucionalidad que respalda el modelo económico y social no logra responder de forma oportuna luego de deteriorarse. El episodio de Ceuta puede ser un buen ejemplo.

A qué lleva esto

El riesgo país no es un castigo ideológico impuesto por los mercados. Es el precio de la incertidumbre. Quien presta dinero quiere saber si se respetarán los contratos, si las cuentas públicas son creíbles, si los tribunales actuarán con independencia y si las normas permanecerán estables durante la vida de la inversión. Por eso la dinámica en torno a lo que se ha llamado “Las cloacas del PSOE” es para tener cuidado.

Cuando aumenta la desconfianza institucional, los inversores exigen una rentabilidad superior o simplemente buscan otro destino. El Estado paga más por financiarse, las empresas encuentran menos capital y los bancos afrontan mayores costes. El Banco Central Europeo ha señalado que el aumento del riesgo soberano puede trasladarse al resto de la economía mediante mayores costes de financiación, menor actividad y deterioro de las carteras bancarias. Para el ciudadano común esto se refleja cuando un simple coche sale de sus posibilidades presupuestarias a causa del costo de financiarlo.

La degradación institucional llega a las familias de esa forma.

España cuenta con barreras que Venezuela nunca tuvo: el euro, el BCE, la Unión Europea y un sistema financiero sometido a supervisión supranacional. Esas barreras hacen que el deterioro sea más lento y menos visible.

La enseñanza venezolana no consiste en que todos los países que erosionan sus instituciones terminen padeciendo hiperinflación o desabastecimiento. Consiste en que la destrucción económica comienza mucho antes de que la sociedad pueda reconocerla. Comienza cuando obtener una decisión política resulta más rentable que satisfacer a un cliente; cuando conocer al funcionario adecuado importa más que innovar; cuando la ley deja de ser una regla y se convierte en una negociación.

Venezuela llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias. España todavía está muy lejos de aquel desenlace, pero la dirección actual del PSOE ha aceptado una premisa corrosiva: que la conservación del poder puede justificar la modificación de cualquier posición, institución o regla.

La democracia no se mantiene sana simplemente porque continúen celebrándose elecciones, porque la legitimidad democrática tiene dos fuentes, la de origen (votos) y la de desempeño (gobernar apegados a la Ley y a la ética institucional).

Cuando se llega por votos, pero durante el ejercicio del poder se empiezan a emplear las mismas reglas democráticas para reducir el chance de los adversarios de acceder al poder, empieza a perderse la certeza de las reglas y la política empieza a decidir quién prospera y quién fracasa. Después se deteriora la inversión. Más tarde se encarece el capital. Finalmente, el empobrecimiento llega a los hogares.

Para entonces ya no se discute sobre la calidad de la democracia. Se discute sobre cómo reconstruir una economía que el poder político decidió poner a su servicio. Y el maltratado multilateralismo no podrá ser un instrumento para canalizar acuerdos y revertir el daño.