El esfuerzo europeo no compensa la contaminación de China

España representa alrededor del 0,6% del CO2 fósil mundial. Reducirlo importa, pero exigir cada vez más al ciudadano europeo no resuelve un problema cuyo mayor emisor sigue siendo China.

China emitió unos 12.300 millones de toneladas de CO2 fósil en 2024. Los 27 países de la Unión Europea, 2.430 millones. España, 220 millones. Según el Global Carbon Budget, publicado en Our World in Data, las proporciones son el 31,8%, el 6,3% y el 0,6% del total mundial. Son emisiones de combustibles fósiles e industria, sin los cambios de uso del suelo. Conviene precisar qué medimos antes de repartir responsabilidades.

Un ciudadano chino emitió de media 8,66 toneladas, frente a las 5,39 de uno de la Unión Europea y las 4,60 de uno español. La diferencia no se explica únicamente porque China tenga mucha más población. También emite más por persona. España no está entre los países de mayor emisión por habitante, aunque eso tampoco nos convierte en los menos responsables de todo lo que ha ocurrido con el clima.

España tiene obligaciones, pero no puede cargar con las de otros

Europa tiene una responsabilidad histórica que no desaparece al bajar sus emisiones actuales. Además, parte de lo que compramos se fabrica fuera. El CO2 de producirlo figura en el país donde está la fábrica, aunque el producto termine en nuestra casa. Una comparación seria debe reconocer ambas cosas. Lo que no debería hacer es utilizar esos matices para esquivar la diferencia de tamaño entre las emisiones actuales.

La Unión Europea ha reducido un 40% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero desde 1990 hasta 2024, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Este indicador incluye más gases que el CO2 y no debe mezclarse con las cifras anteriores. En ese mismo periodo, su economía creció más de un 70%. Reducir emisiones y crecer es posible. El problema no es hacer cambios, sino cuánto cuestan, quién los paga y qué resultado consigue cada uno.

El esfuerzo adicional de España tiene un límite evidente en la escala del problema. Ni siquiera eliminar todas nuestras emisiones territoriales resolvería por sí solo el calentamiento. Eso no justifica dejar de reducirlas. Justifica exigir que el compromiso de los grandes emisores tenga un peso acorde con su contribución, en lugar de presentar cada nueva obligación doméstica como si de ella dependiera el planeta entero.

China también reduce emisiones, pero sigue ampliando su capacidad de quemar carbón

Las emisiones chinas no suben todos los meses. El análisis de Carbon Brief registró un aumento del 2% en el primer trimestre de 2026 y una caída del 1% en el segundo. Los indicadores de agosto también apuntaban a un descenso. China está instalando renovables y electrificando parte de su economía. Negarlo debilitaría cualquier crítica que podamos hacerle.

El mismo análisis señala que China puso en servicio 30 GW de nuevas centrales de carbón durante el primer semestre de 2026, mientras retiró menos de 3 GW. La potencia instalada no equivale directamente a emisiones, porque depende de cuánto funcionen las centrales. Pero tampoco puede ignorarse mientras se habla de transición. China aumenta sus opciones energéticas y mantiene capacidad fósil para sostener su actividad. Europa necesita explicar cómo hará sus cambios sin perder capacidad para producir.

Un tapón sujeto a una botella no mide el esfuerzo contra el CO2

Los tapones unidos a las botellas son obligatorios en la UE desde julio de 2024. La medida busca evitar que terminen separados en playas y mares. Es una norma contra la basura plástica, no una solución al CO2. El contraste con una manzana presentada con tres envoltorios sirve para hablar del exceso de envases, pero no demuestra quién está reduciendo mejor sus emisiones.

China tampoco carece de normas en ese terreno. Desde abril de 2024 aplica un estándar contra el embalaje excesivo de alimentos frescos que permite hasta cuatro capas para la fruta. El límite ya dice bastante sobre lo que se considera aceptable. En Europa, el nuevo reglamento de envases comenzó a aplicarse por fases este agosto, mientras varias restricciones y obligaciones de reciclabilidad llegarán en 2030. Empresas y consumidores tienen que adaptarse a ese calendario. Es razonable pedir resultados medibles y estabilidad para hacerlo.

La transición debe mejorar las cuentas de quien tiene que pagarla

Comprar un coche eléctrico para ahorrar es una motivación tan legítima como hacerlo por el medio ambiente. Una decisión que reduce consumo y mejora el bolsillo tiene más posibilidades de mantenerse que otra que exige al ciudadano pagar más y cambiar continuamente sus hábitos o sus equipos.

España necesita reducir emisiones con energía asequible, productos que duren y alternativas que se puedan pagar. La regulación debe ayudar a conseguirlo, no convertirse en una sucesión de gastos que una familia o un pequeño negocio no termina de amortizar. Pedir un esfuerzo proporcionado no es pedir permiso para contaminar. Es exigir que la transición también nos permita vivir mejor, y que China asuma la parte que le corresponde.