El juez de Dina no descarta imputar a Iglesias pero esperará al informe policial

De momento, no. La nueva situación de Pablo Iglesias, sin aforamiento tras su retirada de la política, no va a tener consecuencias inmediatas para su futuro judicial. Pero eso no quiere decir que para el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, el oscuro caso Dina esté archivado. Todo lo contrario, según ha explicado este jueves el propio intructor de la causa.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha rechazado imputar ahora a Iglesias, argumentando que sería "precipitado" dado que no ha aflorado ningún indicio nuevo, si bien al mismo tiempo su titular, el magistrado Manuel García Castellón, ha recordado que está a la espera de conocer el informe policial sobre la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora 'morada' Dina Bousselham.

"La diligencia interesada no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado (...) sobre la tarjeta de memoria facilitada en su día por Dina Bousselham", ha explicado García Castellón en un auto.

El magistrado ha respondido así a la acusación popular de Pro Lege, que en un escrito solicitó imputar a Iglesias después de que éste renunciara a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y a su acta de diputado, perdiendo con ello su aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que abrió la puerta a que pueda ser investigado en la Audiencia Nacional.

En esta pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem -sobre los negocios del ex comisario José Manuel Villarejo- se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham a finales de 2015 en un centro comercial y el posterior uso de los archivos que contenía. Hasta ahora, el secretario general de Podemos ostentaba la condición de perjudicado.

El pasado mes de octubre, García Castellón intentó sin éxito que el Tribunal Supremo investigara a Iglesias por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa -o simulación del delito-.

El Supremo devolvió la investigación a la Audiencia Nacional para que llevara a cabo varias diligencias ampliatorias, entre ellas la declaración de Bousselham, para que fuera oída acerca de si efectivamente denunciaba los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada.

Sin embargo, en vez de llamar otra vez a la ex asesora, el juez optó por poner el foco en el supuesto delito de daños informáticos volviendo a enviar la tarjeta SD a la policía científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje este informe pericial y de si realmente se puede acceder a los archivos que contiene.